Hay fundamentos para sostener que Huawei es una empresa singular. No sólo por ser china, que eso ya no es un rasgo singular, ni por la peculiar presidencia colectiva (un triunvirato ejecutivo se turna cada seis meses) tutelada patriarcalmente por el fundador, Reng Zhengfei. Lo realmente distintivo de Huawei es que se trata de la única corporación de su tamaño [facturó 60.800 millones de dólares en 2015] que no cotiza en bolsa ni tiene intención de hacerlo. No lo necesita, aparentemente. Pero es pródiga en convocatorias espectaculares. Sólo en los últimos tres meses, reunió a 500 analistas en Shenzhen y a unos 10.000 clientes en Shanghai, para contarles su estrategia próxima. Leer más

Un consultor muy activo en los años 80 solía decir que España era un país más de bitios que de baudios, con lo que quería señalar la necesidad de dar más importancia a la trasmisión de datos. Quizás hoy Luis Arroyo Galán tendría motivos para invertir su chascarrillo. Es sólo una referencia anecdótica, a modo de percha para introducir ante los lectores un informe de Ernst & Young según el cual, conforme la medida del éxito de su negocio se traslada del minuto al byte, los operadores – las telecos – tendrán necesariamente que alejarse de sus estrategias centradas en la retención del cliente, que con los años han derivado en una comoditización del valor del tiempo y del ancho de banda. Leer más

Hoy se abre en Santander el encuentro de las telecomunicaciones, que organizan AMETIC y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. De la lectura preliminar del programa, deduzco que los ponentes se esforzarán un año más por no desentonar con la retórica habitual: agenda digital, oportunidad digital, transformación digital y múltiples variaciones del mismo género.

Me ha llamado la atención que este año no acuda una representación de las instituciones europeas. Con tres comisarios afines a la temática del encuentro, no hubiera estado mal escuchar a uno de ellos. Aunque, ahora que lo pienso, de 2015 aún recuerdo el rutinario mensaje en vídeo del comisario Gunther Ottinger y la pedestre lección que nos dejó la eurodiputada Pilar del Castillo del Castillo. En cualquier caso, la política europea de telecomunicaciones será la referencia obligada del encuentro. El debate tendrá previsiblemente un eje diferente al de años anteriores.

El plato fuerte de la sesión inicial será una mesa redonda de los CEO de tres grandes operadores europeos: José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Vittorio Colao (Vodafone) y Stéphane Richard (Orange). A priori, debería ser una ocasión perfecta para conocer sus posiciones acerca de las recientes directrices comunitarias sobre la llamada neutralidad de red. Me atreveré a adelantar algunas observaciones de mi cosecha sobre este tema fundamental.

Creo que con la neutralidad pasa casi lo mismo que con la austeridad: son dos desiderata a los que parece impropio oponerse como principios ideales que son; otra cosa es juzgar los resultados de su aplicación en la economía real. Conocemos los efectos de las políticas de austeridad de los últimos años, y con esto no quiero prejuzgar sobre la neutralidad de las redes, concepto que sin duda goza de gran popularidad pero yo no lo veo tan claro.

Considerar Internet como un bien común es una premisa que hoy parece indiscutible: por su importancia en la vida cotidiana, en la economía global y en la innovación tecnológica. Nadie en su sano juicio discutiría que los costes de acceder a la web han bajado – wifi gratis, tarifas planas, paquetes de datos, etc – en mayor proporción que los de cualquier otro servicio o mercancía. Se da por sentado que la neutralidad de red profundizaría y extendería esos beneficios.

Ha caído en desuso la analogía, muy frecuente hace años, entre Internet y las autopistas, un argumento discutible y si me apuran falaz: las autopistas son infraestructuras financiadas con recursos públicos (o con sistemas de peaje por concesión) de las que no se espera rentabilidad directa, mientras que las redes se pagan con inversión privada, fuertemente condicionada por los mercados financieros, que esperan retorno.

Las recomendaciones del BEREC (Body of European Regulators) han sido avaladas con leves correcciones por la Comisión Europea, y con ello toman la forma de directrices a las que deberán ajustarse los reguladores nacionales. Por supuesto, están en juego múltiples intereses creados. De eso se trata. De los intereses de los operadores por un lado, y por otro los activistas de ´derechos digitales` que también representan intereses y son un lobby poderoso. Estos últimos han acogido la posición de la CE como una victoria, un paso adelante hacia una Internet abierta y libre, que esta es su meta. Empero, advierten lagunas y excepciones, por lo que reclaman una vigilancia estricta para impedir que los operadores tergiversen la interpretación de la normativa.

Según las directrices europeas, todas las categorías de tráfico por una red recibirán el mismo tratamiento, y los proveedores de servicios de Internet tendrán prohibido «bloquear o ralentizar el tráfico de Internet, excepto en casos de necesidad […], las excepciones se limitan a la gestión del tráfico para cumplir un imperativo legal, asegurar la integridad de las redes y su seguridad, o evitar su congestión». Está expresamente vetada la práctica de zero rating, considerada discriminatoria, aunque se reconoce que en ciertos casos podría estar justificada. Se admiten excepciones para ciertos servicios especializados, caso por caso, citándose tres ejemplos: las llamadas de voz de alta definición (VoLTE), los servicios IPTV y las sesiones de cirugía remota, que eventualmente podrían usar redes específicas. No se excluye que en el futuro otros servicios, relacionados con IoT, pudieran incluirse entre las excepciones.

Alguno de mis colegas ha interpretado – a mi juicio precipitadamente – las enmiendas de la CE a las propuestas del BEREC como concesiones a los operadores, con las que se evitaría (o postergaría) un conflicto. Es notorio que esas supuestas concesiones están muy lejos de las demandas que 17 operadores (con la complicidad de los suministradores de equipos de red) plasmaron en un llamado Manifiesto 5G. El argumento central de este documento es que la CE debería conciliar la necesidad de una Internet abierta con una normativa pragmática que sirva para promover la inversión y acelerar la innovación europea. Por el contrario – decían en julio – de seguirse la propuesta del BEREC, se crearían incertidumbres en torno al retorno de las inversiones en 5G, que podrían ralentizarse a menos que la regulación incentive su despliegue.

Las preocupaciones de los operadores – por una vez, no exclusivas de los ´incumbentes`- ya no tienen que ver con las polémicas recurrentes acerca de la consolidación. Pueden resumirse en tres puntos clave: 1) ¿cómo estar seguros del retorno de sus inversiones para dotarse de capacidades 5G cuando muchos de los ingresos por servicios irán a parar a los proveedores over-the-top?; 2) ¿acaso se pretende condenarles a un rol de transportistas de contenidos de Internet?; y 3) en todo caso, ¿cuál será su remuneración por conectar los datos generados en el nuevo mundo de IoT?

Esta posición pactada de los operadores europeos ha sido un tardío intento de negociación, que pone sobre la mesa el compromiso colectivo (hasta ahora inexistente) de lanzar un Plan de Acción 5G, que empezaría por cooperar en pruebas piloto en los 28 países miembros de la UE tan pronto como queden establecidos los estándares, entre 2017 y 2018, y que se completaría en 2020 con el despliegue de redes comerciales 5G en al menos una ciudad de cada país.

Lógicamente, el plan conlleva contrapartidas que, por el momento, la CE ha desoído. Una es la adopción de una nueva política común europea en materia de espectro, que se trasladaría a la próxima conferencia WRC en 2019. Otra, dar soporte financiero a las demostraciones de 5G, con las que se estimularía a las industrias verticales a sumarse a las pruebas (esta postura explica que Airbus, Siemens y Philips firmaran el documento), una actitud que tendría un impacto económico real. En concreto, el manifiesto sugiere que los mecanismos actuales de la UE sean usados para destinar entre 500 y 1.000 millones de euros a ese uso y, además, se constituya un fondo de inversión para apoyar las actividades de startups en el desarrollo de servicios sobre la base de 5G.

No consta que la CE haya prestado atención a estas peticiones, que llevan implícito un enfoque light de la regulación en asuntos tales como el espectro, el despliegue de fibra o de small cells. Por el contrario, Bruselas parece enquistada en su tradicional punto de vista: alentar la competición en los servicios minoristas, en lugar de relajar las normas que pudieran acelerar la inversión en redes y los acuerdos entre operadores. Estos se toman como amenazas el desembarco de Google en Europa con propuestas de roaming [mediante un acuerdo con el operador británico Three] o la iniciativa TIP (Telecom Infrastructure Project] alentada por Facebook. Estos movimientos de terceros podrían aliviar la carga de inversión de los operadores, pero con la consecuencia de perder el control de la cadena de suministro tal como lo han ejercido durante décadas.

Disculpen si me he extendido demasiado, incluso para lo que es habitual en este newsletter, pero confieso que siento una enorme curiosidad por escuchar las posiciones que van a exponer Álvarez-Pallete, Colao y Richard: ¿será más dura, más conciliadora o tirarán balones fuera?. Desde ya aviso que este blog tendrá durante la semana unos contenidos monográficos, dedicados a las telecos.

El foro de desarrolladores IDF, que Intel convocó a mediados de agosto en San Francisco, ha puesto en evidencia que el líder global de la industria de semiconductores busca en múltiples caminos la fórmula que contrarreste su menguante, pero muy principal, fuente de beneficio, los procesadores para PC. Una alternativa conspicua serían los procesadores Xeon y Xeon Phi para centros de datos, reforzados con algoritmos de inteligencia artificial, pero no lo son menos los chips programables de su ahora filial Altera y la decisión de enterrar el hacha de la guerra y llegar a un acuerdo limitado con su rival de los últimos años, la británica ARM. Otro camino pasa por la realidad ´fusionada` en alianza con Microsoft. Leer más

Cuentan que Margrethe Vestager adorna su despacho de Bruselas con una bien visible mano de cerámica con el dedo medio extendido [gesto que en España llamamos ´una peineta`] obsequio de los sindicatos de su país al dejar el ministerio de Economía de Dinamarca. Cuentan que Tim Cook, CEO de Apple, visitó en enero el despacho de Vestager, ahora comisaria europea a cargo de la cartera de Competencia, y salió muy contrariado por la inflexibilidad de su anfitriona. Cuentan también que en sus varios encuentros, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew no ha logrado que la comisaria cediera en su determinación. Se veía venir, pues.

Lo que se veía venir era que, después de dos años de acumular expedientes y enviar avisos para navegantes, Vestager propondría al fin una severa sanción a Google por (presuntamente) contravenir la legislación antitrust. Pero esa multa millonaria no ha venido todavía. De momento, es el turno de Apple a propósito de sus prácticas de ingeniería fiscal. Y no se trata de una multa sino de exigir a un país miembro que reclame el pago de una factura impagada. O sea:

1) Se reprocha a Apple haberse concertado con el gobierno de Irlanda en 1991 para recibir un tratamiento tributario preferencial, a cambio del compromiso de mantener una sede y unos 5.000 empleos en la isla. El acuerdo, objetado en su día por otros países miembros de la UE, fue enmendado en 2007, pero en lo sustancial la preferencia ha continuado.

2) Se pretende que el gobierno irlandés recupere 13.000 millones de euros en concepto de impuestos no tributados desde 2003, que la Comisión Europea califica como ayudas públicas, ilegales según sus normas. Anteriormente, se aplicó el mismo criterio para recuperar tributos no pagados por la italiana Fiat y la alemana Basf, entre otras.

Que las empresas estadounidenses tienen costumbre de montar estructuras destinadas a reducir su carga fiscal en Europa es de sobra conocido. Apple, dista de ser una excepción. En España, por ejemplo, el patrimonio de su filial Apple Marketing Iberia era en 2014 – según el Registro Mercantil – de 38,6 millones de euros, y el 90% de esa cifra consistía en créditos en favor de la sociedad irlandesa Apple Operations Europe (AOE). Según la misma fuente, los 20 millones declarados de beneficio tributaron impuestos de 2,9 millones de euros. La mayor parte de las ventas en España se facturan desde Irlanda, y el resto a través de la filial Apple Retail, que gestiona las tiendas de la marca en España, en teoría una comisionista de AOE.

La investigación de los servicios a las órdenes de Vestager concluye que Irlanda deberá exigir a Apple que pague lo que se ahorró gracias a un tratamiento selectivo que le da ventaja sobre otras sujetas a las reglas nacionales de los estados miembros, y por tanto constituye un agravio de Irlanda a sus socios.

Es seguro que el gobierno de Dublin recurrirá la orden de Bruselas, aduciendo que se trata de una intromisión que podría desestabilizar su economía, plagada de acuerdos similares. El tiro puede salir por cualquier parte: la declaración de Vestager contiene un párrafo que invita a otros países a verificar si su recaudación se ha visto mermada como efecto del acuerdo entre Irlanda y Apple: «pueden usar nuestros datos y pueden consultar nuestro razonamiento».

El subterfugio usado por Apple – y aceptado por los sucesivos gobiernos irlandeses, partidarios del dumping fiscal – consiste en que tanto AOE como Apple Sales International (ASI) atribuyen la mayor parte de sus ganancias a un artefacto de papel, bautizado como head office, que no tiene sede conocida ni empleados pero sirve para escamotear la factura tributaria. Sólo una fracción de esos beneficios son imponibles en Irlanda. En consecuencia – según los investigadores – en 2011 ASI ganó 16.000 millones de euros, sobre los que pagó 50 millones al fisco dublinés, una tasa efectiva del 0,05%. Por cada millón de beneficios, 500 euros de impuestos.

Bien sabemos que todo asunto tributario tiene su busilis. Las sociedades de Apple involucradas están legalmente registradas (incorporated) en Irlanda, pero no son residentes fiscales en el país. Una discusión sobre su estatus que invita a entrar en las arenas movedizas del derecho mercantil comparado.

Indirectamente, este caso actúa como recordatorio de que Apple mantiene fuera de Estados Unidos un tesoro estimado en algo más de 200.000 millones de dólares, que se niega a repatriar para evitarse la cuantiosa factura del gobierno federal. Una nota marginal del informe anual 2015 indicaba una tesorería exterior de 187.000 millones de dólares y estimaba que si tuviera que tributar por repatriarla, el coste fiscal se elevaría a unos 30.000 millones, correlativos a 91.500 millones de beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos. El CFO de Apple, Luca Maestri, advirtió en enero de que si las autoridades no relajan su política, podrían crearse situaciones enojosas con los países donde se encuentran esos fondos.

Veamos. La cifra de 13.000 millones de euros se ha calculado sobre los beneficios obtenidos durante diez años. Aunque el acuerdo irlandés se remonta a 1991, el plazo corre desde 2003 porque la primera advertencia de la CE a Irlanda (y a Apple como parte involucrada) se hizo en 2013, cuando el comisario a cargo de Competencia era Joaquín Almunia.

La reacción de Apple, perfectamente previsible, sostiene que la cuestión en juego no es cómo paga la compañía sus impuestos – «siempre conforme a la ley», por supuesto – sino qué gobierno recauda esos impuestos. Advierte que la decisión de Bruselas tendrá «un efecto profundo y dañino sobre las inversiones y la creación de empleos en Europa».

Esta postura de Apple, apoyada desde Washington, está siendo jaleada por los lobbies de la industria, que han conjurado el fantasma de un grave contencioso fiscal entre Estados Unidos y la UE. Según The Wall Street Journal, el departamento del Tesoro elaboró recientemente un white paper en el que se sugiere que las investigaciones europeas «podrían ser vistas como una cruzada contra las empresas estadounidenses», y así alentarían a los críticos de la globalización.

Ahí nos quedamos. Pero es probable que el próximo paso de la comisaria Vestager sea llevar a término otra investigación relativa a un privilegio fiscal. Según documentos que el IRS (la agencia tributaria de Estados Unidos) presentó en una demanda contra Amazon en Seattle, la empresa fundada por Jeff Bezos utilizó una de las numerosas sociedades de su laberinto, Amazon Europe Holdings, domiciliada en Luxemburgo, para dotarla de activos intangibles. ¿Con qué fin? Para convertirla en recaudadora de sus negocios en Europa: cada rama comercial de Amazon en la UE le paga un canon por el uso de esos activos, y los ingresos van directamente al enclave fiscal luxemburgués, donde tributan como máximo el 1%. Es resultado – según la demanda del IRS – de un pacto sellado en 2003 entre la compañía y el primer ministro de Luxemburgo. A la sazón, un tal Jean Claude Juncker.

El verbo encriptar existe en castellano: ha sido acogido por la RAE como alternativa a la primera acepción de cifrar: transcribir en guarismos, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, un mensaje o texto cuyo contenido se quiere proteger. Con frecuencia, la palabra encriptación se cuela en las noticias. Sin ir más lejos, con el debate entre Apple y el FBI acerca de la inviolabilidad del iPhone. Más reciente: los gobiernos francés y alemán exhortan a la Comisión Europea a prohibir la encriptación completa de los mensajes Whatsapp o Telegram, aduciendo razones de seguridad. Es discutible si es más elegante decir encriptación que cifrado, pero el autor declara preferir la segunda opción. Leer más

Todavía faltan cuatro meses para que acabe 2016, pero no es prematuro ni mucho menos exagerado afirmar que será un año de decadencia para el mercado mundial de smartphones o – para decirlo con la prudencia del último informe de IDC – un «cambio de dinámica que lleva al reajuste de estrategias de negocio y de catálogos, para sacar ventaja (sic) de los últimos movimientos del mercado». En concreto, el mercado mundial debería crecer como mucho un 3% según la misma fuente, cuando en 2015 creció un 10,1% y en 2014 un 27,6%. Es más que un «cambio de dinámica». Y aún más: entre las cinco marcas dominantes se han colado dos chinas – Oppo y Vivo – de las que nadie había oído hablar fuera de su país. Leer más

La industria automovilística muestra últimamente una notable agilidad, sorprendente a sus años, para enfrentarse a los desafíos de la próxima década, que cuestionan su modelo de negocio, y frenar las aspiraciones de los advenedizos. El coche conectado es una gran baza comercial para los fabricantes, que necesitan desesperadamente preservar el interés de los consumidores. Aunque la producción mundial es ahora de 75 millones de coches de pasajeros por año – apuntalada por la demanda china de 20,4 millones – la previsión más optimista es que se estabilice en 80 millones y comience a bajar dentro de cinco años, contrariando el aumento de la población. Esta corriente tiene muchos afluentes. Leer más

Una de las sorpresas de agosto ha sido el anuncio de un acuerdo por el que Hewlett-Packard Enterprise (HPE) comprará SGI (nombre completo de Silicon Graphics International) a un precio que puede parecer irrisorio a primera vista: 275 millones de dólares. Asombra la cifra, cuando sabemos de adquisiciones en las que se han pagado miles de millones por empresas cuyo único activo es una app de éxito fulgurante (WhatsApp, Instagram, Waze y se me ocurre otra decena de ejemplos). No menos asombroso si se compara esta transacción con los 11.700 millones que desembolsó HP (la original) por la compañía británica Autonomy, un precio notoriamente excesivo y posiblemente fraudulento.

Les voy a contar una historia que puede acabar bien, pero de la que pueden extraer moralejas tristes. Para empezar, sepan que de la primitiva Silicon Graphics, fundada en 1981, queda poco más que la carcasa pero tiene pinta de chollo. En los años 80 y 90 del siglo pasado fue una de las joyas de la industria tecnológica, a la par que Compaq, fundada un año más tarde y, por cierto, también adquirida por HP. Valga como anécdota que en sus mejores tiempos Silicon Graphics fue propietaria del colorido inmueble que hoy ocupa la sede principal de Google en Mountain View.

En sus orígenes, fue misión de la compañía diseñar y fabricar hardware y software para la generación de gráficos y efectos especiales en 3D con los que se produjeron filmes como Jurassic Park, entre otros muchos. Pero aquellas workstations de los años 80, que se vendían a 40.000 dólares cada una, fabricadas con procesadores propios de arquitectura RISC, no pudieron resistir la competencia de Intel. Desde mediados de los 90, justo cuando la industria cambiaba de paradigmas, SiliconGraphics entró en barrena y buscó desesperadamente diversificarse.

Su intento más audaz fue la compra en 1996 de Cray Research [huérfana de Seymour Cray, que acababa de morir en accidente de carretera] con intención de asaltar el rico mercado de la supercomputación. La jugada no acabó bien financieramente: tuvo que revender Cray por 35 millones cinco años después de comprarla por 740 millones. Sin embargo, SGI detenta todavía el 5% del mercado global , y hasta el mes pasado se sentía en condiciones de pujar por la sustitución de algunos sistemas BlueGene de IBM antiguos.

No teman, les abreviaré la historia: Silicon Graphics se declaró en quiebra en 2009, y en la subasta consiguiente una empresa que pocos conocían, Rackable Systems, se adjudicó sus activos a cambio de 42 millones de dólares; tan desconocida era que abandonó su nombre propio para adoptar el de SGI, que hasta en la ruina merecía respeto. Han pasado siete años; al cierre del año fiscal 2016, contabilizaba ingresos por 532 millones de dólares y pérdidas por 11 millones. Horas después de la conferencia con analistas, se divulgaba el comunicado con la oferta de HPE, aceptada en principio (a menos que aparezca otra mejor, que a ese precio no sería insensata).

La vulnerabilidad de SGI se pudo de manifiesto el jueves 11 de agosto cuando Jorge Titinger, CEO de la compañía desde 2012, responsabilizó a «una agencia» del gobierno estadounidense por los malos resultados, al haber congelado una orden de compra que se daba por segura. En trimestres normales, los pedidos del gobierno federal suelen contribuir con el 40% de los ingresos de SGI, y esta agencia no identificada representaría por sí sola un 10%.

¿Para qué quiere HPE hacerse con los activos de SGI?. O, dicho de otro modo, ¿qué hay en ellos que valga 275 millones? La primera respuesta es HPC (High Performance Computing). Antonio Neri, VP ejecutivo de HPE y primer responsable del Enterprise Group, lo ha explicado con estas palabras: «el uso de superordenadores y las técnicas de procesamiento paralelo para resolver problemas complejos mediante simulaciones, ha dejado de ser un dominio exclusivo de instituciones académicas y centros oficiales de investigación, para ser adoptado intensamente por las empresas».

El valor estimado de ese mercado, unos 11.000 millones de dólares, está muy repartido, y HPE – a la que se atribuye una cuarta parte de la potencia instalada – quiere ampliar su presencia: desde la partición de noviembre pasado, la compañía ha ratificado su voluntad de seguir apostando por el hardware de altas prestaciones.

La compra de SGI es claramente aditiva para HPE: recibirá una valiosa cartera de propiedad intelectual [en la que hay patentes licenciadas a Google] más un catálogo de productos poco redundante con los suyos. Sobre todo, incorporará clientes en sectores verticales como gobiernos [la NASA y la CIA poseen máquinas de SGI] y empresas farmacéuticas; uno de sus grandes clientes en Europa es la compañía petrolera francesa Total, cuyo superordenador Pangea, suministrado por SGI, ocupa el 11º puesto en el ranking mundial por potencia de cálculo.

En el sentido apuntado por Neri, HPC arrastra importantes capacidades analíticas. No es ocioso recordar aquí que la expresión Big Data fue acuñada por James Mashey cuando era director científico de SGI. La empresa adquirida por HPE tiene entre sus especialidades el suministro de hardware para bases de datos en memoria de SAP. Según comentó Titinger a los analistas, «creemos ser el tercer proveedor global de appliances escalables para SAP-HANA, medidos en terabytes despachados». Es otra oportunidad de negocio para HPE, que tiene un contrato con SAP en la misma línea.

HPE ya era, desde hace tiempo, OEM no exclusivo de los servidores de SGI para HPDA (High Performance Data Analytics) de modo que se asegura la continuidad aunque, como nueva propietaria, tendrá que mantener (o renegociar) la herencia de acuerdos con Cisco, Dell y Lenovo. Un número creciente de estos sistemas se están desplegando en nubes privadas. Lo menos que puede decirse es que tras desprenderse de la problemática división de servicios, HPE ha hecho esta vez una adquisición compra muy oportuna… y muy barata.