La postergación por un año (hasta enero de 2027) y casi a última hora, de la entrada en vigor de VeriFactu como registro previo de transacciones entre empresas, ha frustrado a quienes se esforzaron por llegar a tiempo y ha aliviado a los remolones. Tal vez lo peor sea que este fiasco prolonga la confusión existente en torno al sistema diseñado por la Agencia Tributaria (AEAT) pero todavía no aún no implantado, a caballo entre dos leyes sucesivas: la Antifraude de julio de 2021 y la llamada Crea y Crece, de septiembre de 2022. La cuestión queda, provisionalmente, así: ¿sería VeriFactu una vía hacia la facturación electrónica que se viene propugnando según una añosa recomendación de la OCDE ?

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