Aprobada por el parlamento europeo en 2022, la directiva Digital Markets Act (DMA lleva casi un año en vigor, pero sólo ahora serán tangibles sus efectos regulatorios. El 7 de marzo se cumplía el límite para que los llamados gatekeepers hagan los cambios necesarios en sus productos para favorecer la competencia. Habrá que esperar a evaluar los resultados, según la habilidad de las Big Tech concernidas para hallar subterfugios que permitan eludir sus obligaciones y de la firmeza con la que respondan las autoridades. Aun así, el nuevo marco jurídico ya ha impulsado cambios en las plataformas dominantes y tímidas aperturas que no son fáciles de aprovechar por sus rivales.
La DMA no es más que una fórmula destilada como legislación con la que las tres instituciones de la Unión Europea se han concertado para tratar de poner fin al enorme dominio de mercado que ejercen las grandes plataformas digitales. Los esfuerzos anteriores, incluyendo las multas que en algunas casos han sido cuantiosas [Google acumula 8.200 millones de euros en sanciones, la mayor parte recurridas] han sido vanos.
Ahora, el enfoque es diferente: el pasado septiembre, la Comisión Europea designó a seis compañías como gatekeepers, palabra que ha sido oficialmente traducida como guardianes: se trata de Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft , entre las que sin duda hay diferencias, pero cumplen tres requisitos para entrar en la lista: al menos 7.500 millones de euros de facturación, una capitalización en bolsa de 75.000 millones de euros o más y un mínimo de 45 millones de usuarios activos al mes en territorio de la UE. El papel de las seis está explicito en el nombre colectivo que les han asignado. En consecuencia deberán actuar como garantes de la competitividad en los mercados digitales.
Lo que tienen en común es la justificación de haber sido escogidas: las seis han prosperado a base de copar segmentos de mercados o bien mercados enteros. Esta ha sido la dinámica desde hace casi dos décadas. Por consiguiente, tiene mucho de ingenuidad pensar en ellas como garantes de lo contrario que han hecho, pero sin forcejear todo lo posible. La DMA prohibe expresamente que los guardianes den un trato de favor a sus productos frente a los de terceros, dificulta la cesión de datos entre servicios distintos de una misma compañía – el mejor ejemplo es la dupla Facebook y Whatsapp – y les obliga a la interoperabilidad de aplicaciones de mensajería instantánea, fuente de infracciones clásicas. Actores como Airbnb, Booking, Spotify y Deezer no han tardado nada en criticar que las Big Tech se agarren al texto de la norma en lugar de abrazar su espíritu.
Apple, un objetivo reiteradamente señalado por los reguladores ha dado a luz un documento muy prolijo con los cambios técnicos para que un tercero abra una tienda de aplicaciones destinada a dispositivos IOS. Estos cambios son una forma de que aplicaciones ajenas dejen de utilizar el sistema de pagos de Apple, que recauda una comisión del 30% por cada transacción. Sin embargo, en una nueva tienda, el desarrollador tendrá que pagar 0,50 euros por cada descarga de su aplicación una vez supere el millón de descargas. Por su parte, la plataforma Yelp de reseñas de negocios locales, ha acusado a Google de haber hecho cambios en su buscador que favorecen aún más la permanencia de los usuarios en los servicios de esta.
Todos los guardianes se han lanzado a rediseñar su oferta con el fin de adaptarla al texyo pero, en muchos casos, lo hacen torticeramente. La CE ha identificado 22 servicios, denominados servicios de plataforma centrales [core platform services] que ofrecen las seis compañías y que son susceptibles de modificación para mejorar la competencia. Por lo pronto, Apple, Meta y ByteDance han contestado el señalamiento de algunos de sus servicios. A lo que la CE ha replicado excluyendo de la categoría a iMessage y también a Microsoft Edge y Advertising. Una muestra de buena voluntad – a juicio de Bruselas – que indicaría el camino de la colaboración que prefieren las autoridades de la CE. Pese a que cuentan – y lo repiten deliberadamente – con los instrumentos sancionadores que prevén multas de hasta un 20% de la facturación global de cada compañía que no cumpla con lo indicado por la DMA.
Alphabet, holding de Google, tiene bajo el escrutinio de la DMA más servicios que otros: desde Chrome a Maps, Android y You Tube, además del mismísimo buscador. Con la nueva norma, estará obligada a dar a los usuarios la posibilidad de escoger si en uno de esos servicios no quiere que se compartan sus datos, al tiempo que ofrecerá alternativas de terceros. Algunos efectos han sido inmediatos: el buscador ha dejado de mostrar su selección de vuelos, que era uno de los recursos digitales del sector turístico. Y debe proporcionar pantallas para seleccionar un navegador predeterminado en dispositivos Android así como para da más opciones de búsqueda en Chrome.
No está clara la eficacia real que tendrán estas medidas tras décadas de hábitos instalados en la mente de muchos millones de usuarios. Algunas de ellas parecen diseñadas para dejar alguna escapatoria. Por ejemplo, Meta deberá ofrecer interoperabilidad entre su mensajería de WhatsApp y servicios ajenos como Signal o Telegram, dando opción a los usuarios de no utilizar sus datos para distribuir publicidad, pero al precio de 9,99 si quieren usar Facebook e Instagram como vehículos de anuncios. La tarifa es deliberadamente alta para los estándares y tipo de público de estas redes, como para disuadir a cualquiera de elegir la fórmula sin publicidad.
Otras compañías tendrán que hacer cambios menos visibles. Amazon, por ejemplo: la DMA le impide dar trato preferencial a sus productos y copiar los éxitos de venta de sus competidores, acusaciones que la compañía ha desoído sistemáticamente durante años. No se conocen aún los detalles de cómo evitar esos comportamientos, pero Amazon ha empezado a pedir permiso a los usuarios antes de recoger sus datos destinados a personalizar los anuncios. Su negocio de publicidad ha sido señalado por le CE y queda por ver si se resiente en caso de que usuarios de PrimeVideo, IMDB o Twitch nieguen su consentimiento.
En general, los guardianes tratan de proteger sus modelos de negocio. Amazon ha demandado a la Comisión Europea, en este caso acerca de la Digital Services ACT (DSA) que se ha tramitado en paralelo a la DMA. Alegaba que la legislación estaba dirigida a compañías cuyo principal negocio fuera la publicidad, por lo que no debería afectarle. No es el único guardián que se ha enganchado con la CE por la normativa: al contrario, esta ha alentado innumerables recursos y reclamaciones – en su mayoría bajo el radar – de los departamentos legales de las Big Tech.
La pugna persiste. La reluctancia de Apple a abrir las puertas de su ecosistema se evidencia en el caso de Spotify, que tras la aplicación plena de la DMA acusa a la firma de Cupertino de hacer oídos sordos a una reclamación enviada por sus abogados. En ella, la plataforma de música intenta escapar a la comisión que impone Apple por usar su tienda online. Por cierto, el desenlace (¿provisional?) ha sido una multa de 1.840 millones de euros por conducta monopolista en la AppStore, originada precisamente por una queja de Spotify.
También Mozilla, menos beligerante que en otros tiempos, se queja de obstáculos derivados del proceso de adaptación a la normativa. Apple ya no impone a los navegadores que quieran esta en IOS el uso de su motor WebKit, parte de Safari. Pero Firefox – el alfil de Mozilla – igual que cualquier alternativa, tendrá que mantener dos versiones disponibles: una para los usuarios de la UE y otra para los de fuera. Entretanto, la pantalla que abre estas opciones de navegador ha surtido cierto efecto. Tanto Firefox como el navegador Brave han obtenido picos de adopción desde que se aplica la DMA.
Queda dicho que aún es pronto para juzgar la efectividad de la norma. Además de esta cautela, existe otro factor difícil de atajar: usuarios más propensos a elegir servicios con los que están familiarizados que a probar alternativas desconocidas para ellos. Este es, al menos, el escenario futuro que ambiciona la DMA, si bien la legislación deja abierta la posibilidad de exigir la partición de las compañías. Nadie ignora que esta “opción nuclear” llevaría a un conflicto jurídico y político que Bruselas preferiría evitar.