Aunque su protesta formal recupera el estilo arrogante del difunto Steve Jobs, salta a la vista que Apple ha comprendido que resistir las normas europeas sería fútil y le costaría muy caro. A medianoche del 7 de marzo entró en vigor efectivo la Digital Markets Act (DMA) con seis compañías estadounidenses en la mira y una de ellas, Apple, señalada como la primera a la que tocaría pagar los platos rotos. Tres días antes, le había sido comunicada una multa de 1.840 millones de euros relacionada con la denuncia – investigada desde 2020 – de la empresa sueca Spotify acerca de las reglas que rigen la App Store, de manera que Apple ya estaba advertida de lo que podía esperar de la DMA.
Esta es la explicación de un viraje inesperado en una compañía que no tiene por costumbre desdecirse. Como signo de acatamiento de la DMA, Apple ha dado marcha atrás en su decisión – de la semana anterior, que tiene guasa – y ha repuesto a Epic Games como desarrollador autorizado a distribuir a través de la AppStore sus videojuegos – entre ellos el célebre Fortnite – en los dispositivos IOS.
Esto no quiere decir que Apple haya cambiado de parecer, sólo que no ve otra salida que acomodarse a la normativa, apercibida de que las sanciones podrían llegar hasta el 10% de la cifra de negocio de los infractores. La multa de 1.840 millones de euros ha sido un escarmiento adelantado, recibido por Spotify con estas palabras: “de ahora en adelante, ninguna compañía, ni siquiera un monopolio como Apple, podrá controlar abusivamente la interacción de otras compañías con sus clientes”. La lucha contra la piratería, que en tiempos esgrimiera Jobs, no tiene nada que ver con la situación del streaming musical.
Ya se ve cuál es el ambiente de hostilidad hacia las maniobras con las que Apple trata de proteger una relevante fuente de negocio. En un comunicado, Tim Sweeney, combativo CEO de Epic Games, interpreta que la Comisión Europea ha enviado una señal al colectivo de desarrolladores para convencerles de que la CE está dispuesta a defender sus derechos. Y que, en consecuencia, no se fíen de Apple.
Al menos en Europa, el episodio pone final aparente a una larga batalla jurídica y de relaciones públicas entre Apple y Epic Games. La muy probable consecuencia podría incentivar la aparición de otras tiendas de aplicaciones distintas de la oficial de Apple, interesadas en sacar partido de la embarazosa situación en la que se encuentra ésta. La comisaria europea Margrethe Vestager ha declarado en una entrevista a Bloomberg que “es importante que todos podamos tener más de una tienda de aplicaciones en nuestros teléfonos”
Mientras en Europa la clave estaría en la aparición de marketplaces alternativos, en Estados Unidos, el cogollo es la cerrazón de Apple ante la competencia de otros sistemas de pago distintos al suyo. Los tribunales han dictaminado que la compañía deberá permitir que los desarrolladores se conecten a otras plataformas, pero no ha sido suficiente. Por unos días pudo parecer que Apple se allanaba a esa exigencia, pero en la práctica mantuvo su política de cobrar una comisión del 27% sobre cualquier compra digital, módica rebaja sobre el 30% que ha venido aplicando históricamente.
La DMA incorpora otra cuestión resistida hasta ahora por Tim Cook y su equipo directivo: la así llamada elección de pantalla. La próxima vez que los usuarios abran el navegador Safari, Apple estaría obligada a preguntarle si prefiere un servicio rival. Se espera que hacia finales de este año o principios del próximo, los usuarios de un iPhone puedan desinstalar Safari y disponer de un modo ´más amigable` de transferir datos desde un iPhone a un no-iPhone”. Este compromiso aparece en un documento sobre cumplimiento difundido en previsión de las obligaciones que le impondría la DMA.
En la historia viva del sector, estas soluciones han sido de escasa utilidad: fracasó en 2010 la pretendida libertad de elección de navegador impuesta a Microsoft y volvió a fracasar en 2019, cuando los reguladores forzaron a Google a abrir esa opción en Android. El responsable de servicios de Apple, Eddie Cue, fue demasiado lejos al declarar ante un tribunal que “[la libre elección] no tiene sentido para nosotros; cuantas más opciones le das a un usuario, más frustrante resulta su experiencia”.
En definitiva, la política de prevenir o restringir que otras compañías puedan enlazar sus propios sitios tiene poca pinta de competición y mucha de proteccionismo corporativo. Distintos tribunales han llegado a esta conclusión, mientras las instituciones europeas se han tomado tiempo para elaborar una normativa – la DMA – con la que podrían haber dicho la última palabra y que probablemente adquiera valor de jurisprudencia en otras geografías.