El proceso antimonopolio al que se enfrenta Google en Estados Unidos es un recordatorio de otro de los años 90, cuando Microsoft pasó por una experiencia que puede considerarse similar y estuvo a un paso de verse forzada a la escisión en dos compañías. Pero en la práctica, a pesar de las similitudes que se puedan encontrar, importan más las diferencias, que son sustanciales. Más de dos décadas separan ambos litigios y el ambiente social tiende a la crítica contra las Big Tech. Y aunque el precedente acabó bien para Microsoft, que pudo conservar su integridad y aumentar considerablemente su poder desde entonces, de ello no se infiere que el desenlace del juicio actual vaya a ser favorable a Google.
Naturalmente, todo lo que gira alrededor de este proceso ha generado una gran expectación. No solamente por las repercusiones que pueda tener en el mercado, que serían muchas, sino por sus procedimientos, que pueden ser un terreno de prueba para el futuro de la legislación. Para empezar, se trata de un juicio sin jurado, a diferencia de lo que ocurrió con la demanda contra Microsoft. No se espera una gran transparencia: el juez federal de distrito Amid Mehta, a cargo del caso, ha decidido que buena parte de las sesiones se desarrollen a puertas cerradas, cediendo así a la petición de Google, que teme la revelación de secretos comerciales.
En el punto de mira está el dominio de Google sobre el mercado de motores de búsqueda, una jugosa tajada del pastel publicitario cuyo valor se estima grosso modo en más de 160.000 millones de dólares. En la misma medida que el control de Google se consolidaba a través de acuerdos con terceros, su capacidad financiera le permitía firmar nuevos acuerdos pagando sumas que ningún competidor podría permitirse. Esta es la premisa del departamento de Justicia, que tomó la iniciativa de llevar a Google ante la justicia ante lo que entiende como violación de la legislación antitrust. Esos acuerdos, aunque no sean formalmente exclusivos, se comportan como tales.
”Este juicio afecta al núcleo del monopolio que ejerce Google sobre Internet al comportarse como monopolista en perjuicio de millones de consumidores, anunciantes, pequeñas empresas y emprendedores”, ha declarado el antiguo fiscal general William Barr de la administración Trump. En esta oportunidad, acompañan al departamento de Justicia 35 estados de la Unión.
Merece la pensa echar la vista atrás y repasar en qué consistió la demanda antimonopolio contra Microsoft de 1998. La compañía, que todavía estaba dirigida por Bill Gates, fue acusada de imponer a los fabricantes de PC la instalación por defecto del navegador Internet Explorer. La cuota de mercado de Microsoft en sistemas operativos en ordenadores personales era superior al 90%, mientras Apple, su alternativa, tenía una presencia de nicho.
Si los fabricantes de PC no accedían a esa exigencia, perdían la oportunidad de obtener licencia para vender el sistema operativo Windows preinstalado en sus productos. Y, por si fuera poco, Microsoft aprovechabaa esa posición privilegiada para aumentar su base instalada de Office, dificultando a sus rivales el acceso a las especificaciones para que sus programas ofimáticos fueran compatibles con Windows.
Se tardó un año en alcanzar el primer fallo y sólo en 2002, tras numerosas idas y venidas, el gobierno de Washington y la compañía de Redmond llegaron al acuerdo de que esta compartiría información sobre Windows con sus competidores, dando así libertad a los fabricantes para preinstalar Windows junto con el software de terceros que considerasen oportuno. Fue así como Bill Gates consiguió que la empresa fundada por él en 1975 no se dividiera en dos: una dedicada al sistema operativo y otra a la ofimática, como había pretendido el departamento de Justicia. Es imposible imaginar cómo hubiera evolucionado la empresa en esas condiciones, pero sin duda no sería como es hoy.
El primero en comparar la situación actual con la de hace cinco lustros ha sido el propio departamento de Justicia, al aplicar un libreto muy parecido al que valió entonces: acusa a la filial de Alphabet de haber conseguido su posición dominante en el segmento de los motores de búsqueda (en torno al 90% de cuota de mercado) a través de prácticas ilegales, mediante la negociación de acuerdos restrictivos que limitan la concurrencia.
El abogado del departamento de Justicia, Kenneth Dintzer, sostiene que Google pagó a otras compañías, entre ellas Apple y Samsung cantidades sustanciales de dinero para que su motor de búsqueda fuera la opción predeterminada en los navegadoeres web de sus teléfonos móviles. Según un informe del banco Wells Fargo, Google pagará este año unos 23.000 millones de dólares a Apple para que su buscador sea la primera opción en Safari, equivalentes a tres cuartas partes del total que pagarían otros socios de distribución masiva.
Antes de alcanzar acuerdos como el firmado con Apple han pasado otros hechos que adquieren relevancia cuando se pretende entender el dominio del que dispone Google. En 2001, cuando Microsoft se encontraba en plena batalla legal, Google empezó a pagar por una posición predeterminada en los navegadores pequeños Opera y Firefox (Mozilla), que ansiaban hacerse un hueco en competencia con el todopoderoso Internet Explorer, en busca de nuevas fuentes de ingresos. De manera que fue sencillo convencerles; Google accedió a compartir con ellos una parte de los ingresos publicitarios si los usuarios de sus navegadores eran redirigidos automáticamente al buscador de Google. Así fue que, durante un tiempo, Firefox llegaría a ser el segundo navegador en popularidad tras el de Microsoft, acaparando casi una tercera parte del mercado y ayudando de paso a subir el porcentaje del buscador de Google.
Gracias a un mecanismo análogo, en 2005 Google se convertiría por contrato en motor de búsqueda predeterminado de Safari, el navegador en los ordenadores de Apple y, tras la aparición del primer iPhone en 2007, Steve Jobs y Eric Schmidt (CEO de Google por entonces) pactaron extender el acuerdo, pese a que era competidor directo del sistema Android.
El departamento de Justicia se ha afanado en presenter la estrecha relación entre Jobs y Schmidt como una suerte de conjura contra la competencia. Lo cierto es que en un mail enviado en 2019 por Sundar Pichai, sucesor de Schmidt, aseguraba a Tim Cook, su homólogo en Apple: “nuestra visión es que [para aumentar los ingresos de ambos] debemos trabajar como si fuéramos una sola compañía”.
El testimonio de Jonathan Tinter, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Microsoft, ha avalado la acusación inesperadamente, al afirmar ante el juez Mehta que, aunque su empleador ofreció a Apple un acuerdo mucho más ventajoso del que tenía con Google, Tim Cook dejó escapar unos cuantos millones de dólares al optar por la renovación con Google. Esto, junto a la confirmación de que Microsoft está obligada a usar el buscador de Google para licenciar Android en sus teléfonos Surface Data, es un argumento que ayuda a la acusación.
En este punto, no se puede pasar por alto el protagonismo mediático que han adquirido los abogados de las partes: el grueso de la defensa de Google ha sido confiado a letrados que en su momento intervinieron en la acusación contra Microsoft. Un caso revelador es el de Kent Walker, actual responsable jurídico de Alphabet, la matriz de Google. Walker fue uno de los abogados jóvenes que en 1998 combatieron las tesis de Microsoft y hoy usan lo aprendido para defender las de Google.
Walker lleva más de una década al servicio de Google, es responsable de asuntos públicos y juridicos, para lo que se ha rodeado de otros veteranos de aquella batalla, con los que compartió la acusación a Microsoft. Ahora, todos ellos han cambiado de bando.
Una de las bases de la defensa es, obviamente, el cambio tecnológico. Es cierto que muchísimas cosas han cambiado: cuando el gobierno federal decidió parar los pies a Microsoft, Internet se encontraba en un estadio incipiente y era mucho más complejo que ahora pasarse de una a otra tecnología. Desde la óptica expuesta por Dintzer [en la foto, a la cabeza de la delegación federal] los acuerdos urdidos por Google han socavado la libre competencia al crear mecanismos para eludirla y han puesto más difícil a sus rivales mantener un ciclo innovación.
Por supuesto, Google tiene una versión diferente. Y para respaldarla, trae a colación momentos en los que – por ejemplo – Firefox dejó de favorecerla para decantarse por Yahoo! que luego entraría en una crisis que devolvería a Mozilla a los brazos (y a depender financieramente) de Google. El último dato conocido indica que en 2021 el dinero recibido de Google representó el 83% de la facturación del navegador ´independiente pero no tanto`. He ahí el quid de la acusación: que la capacidad financiera de Alphabet es de tal magnitud que Google puede hacer que el papel de Bing y Yahoo! en el mercado se haya convertido en marginal.
La administración Biden procura respaldar esa narrativa apoyándose en documentos como uno que utilizó Michael Roszak, VP de Finanzas de Google, durante una jornada de formación. Roszkak afirmaba (corría 2017) que la publicidad en buscadores es uno de los modelos de negocio más inteligentes que existen, porque podía permitir que Google ignorase conceptos fundamentales de la economía, como la ley de la oferta y la demanda. La afirmación era tan extravagante que Google solicitó y obtuvo que el testimonio de Roszak fuera excluído del portal que recoge la documentación del juicio, con el argumento de que las opiniones de su vicepresidente no reflejan las de la compañía (sic)
A propósito de economía, la acusación ha usado profusamente correos entre ingenieros de Google y el economista jefe de la compañía, Hal Varian en los que se discutía acaloradamente el interés del acuerdo de compartición de búsquedas firmado con Yahoo!, un competidor en apuros. Durante esa sesión del juicio, Varian y los abogados de Google montaron en cólera por entender que, con la tolerancia del juez, el departamento de Justicia estaba dando importancia a una discusión anodina.
El testigo estrella hasta el momento no ha sido ninguno de los anteriores sino Satya Nadella, CEO de Microsoft. El trasfondo ha sido que, teniendo en cuenta que Windows detenta una cuota de mercado en sistemas operativos para PC del 74% y que, por defecto, se instala con su navegador Edge y su buscador Bing, ¿cómo se explica que Google sea de largo el preferido en ambas categorías?
La respuesta es inmediata: porque así lo prefieren los usuarios que deciden pasarse a Chrome y Google respectivamente. Pero Nadella no dejó que lo llevaran a ese huerto, ni los abogados de Google pusieron mucho empeño, para evitar que la discrepancia adquiriese notoriedad por la personalidad del testigo.
Nadella, básicamente refrendó los argumentos del departamento de Justicia. Llegó a afirmar que Microsoft está atrapada en un círculo vicioso, propiciado por el abuso que hace Google de su cuota para reforzar aún más su posición privilegiada. Desde su punto de vista, no es cierto que existan opciones reales en el mercado de los motores de búsqueda. En una hora de interrogatorio del abogado federal, Nadella relativizó declaraciones recientes según las cuales ChatGPT está abriendo la puerta para que Microsoft recorte distancias con Google.
Al parecer, el CEO de Microsoft ve ahora las cosas de otra manera: cree que ha pecado de entusiasmo excesivo y que, de hecho, la IA podría acabar reforzando el círculo vicioso que había mencionado. Puede que tenga razón, porque desde que Microsoft incorporó la IA a Bing, el reparto del mercado de búsquedas no se ha movido: de enero a agosto, su buscador sigue en el 3%. Uno de los defensores de Google no dejó pasar la ocasión de pedir que constara en actas que la diferencia se debe a que el buscador de su cliente tiene peor calidad y mejor precisión que el de Microsoft. El juez rechazó esa petición.
Desde el departamento de Justicia se acusa a Google de haber incubado una cultura de la ocultación al destruir rutinariamente los chats internos que pudieran ser relevante para el juicio o, incluso, poniendo en copia sus correos electrónicos a los servicios jurídicos para así beneficiarse del privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente. En su réplica, Google asegura haber aportado al caso más de cuatro millones de documentos, aunque en la práctica ha seguido la táctica de pedir al juez el veto de publicación de los más dañinos para su causa.
El juicio va para largo, desde luego. Pero en cierto modo ya se puede apuntar que trasciende las tácticas de Google y pone en tela de juicio la viabilidad de la legislación. Así lo ve, de hecho, William Kovacic, quien dirigió la Federal Trade Commission durante la primera administración Obama. El resultado de este juicio, asi como el de otro apenas iniciado contra Amazon, pondrá en evidencia si la vieja ley antimonopio estadounidense puede ser de utilidad para frenar los abusos de los gigantes tecnológicos, un objetivo perseguido por la actual jefa de la FTC, Lina Khan.
Incluso en caso de una sentencia desfavorable para Google, opinan buena parte de los expertos, parece poco probable la opción de escindir la compañía. Es una solución que tiene pocos creyentes. Más plausible les parece torcer el brazo del infractor en relación con sus prácticas comerciales y acuerdos de distribución. En todo caso, será el juez Mehta quien determine si Google ha violado la ley Sherman, antimonopolio, en cuyo caso sería necesario convocar un nuevo juicio para establecer las sanciones que pudieran corresponder. Es altamente previsible que habrá recursos y apelaciones, por lo que los efectos prácticos de una decisión, la que sea, llevará años, durante los cuales es previsible que Google se haga más rica y poderosa.
[informe de David Bollero]