Sobran los dedos para enumerar los asuntos políticos en los que republicanos y demócratas puedan votar juntos en el Congreso de Estados Unidos. Uno de esos asuntos es la hostilidad hacia China, que comparten bajo la etiqueta “país adversario”. El adjetivo es curioso: evita calificar a China de “enemiga”, pero está muy lejos del espíritu conciliador que se esperaba de Joe Biden. Se ha aprobado – por 352 a 65 votos – un proyecto de ley por el que TikTok será proscrita para operar en el país, a menos que rompa sus vínculos con su accionista chino ByteDance o, bien acepte negociar la venta de la filial, que suma 170 millones de usuarios y el año pasado facturó 16.000 millones de dólares.

Shou Chew

A partir de ahora, si fuera aprobada por el Senado y luego firmada por Joe Biden – quien ha adelantado que lo haría de buena gana – la ley daría a ByteDance algo más de cinco meses para vender TikTok. Y en caso de que no lo hiciera, pasaría a ser ilegal para los operadores de app stores, en primer lugar Apple y Google, si admitieran TikTok como aplicación disponible para descarga. Para que no se diga que el único objetivo de la ley es TikTok, queda abierta la posibilidad de que sea punitiva para otras aplicaciones controladas por “compañías adversarias de filiación extranjera”.

Una norma tan agresiva, recupera el espíritu de la Guerra Fría; se ha ido incubando desde que, en marzo del año pasado, el CEO de TikTok, Shou Chew al testificar ante la cámara de representantes, vapuleó a un comité judicial que esperaba comérselo crudo. Refutó Chew la tesis de que la empresa mantiene relaciones oscuras [espionaje, vamos] con el gobierno chino a través de su matriz ByteDance.

En Occidente, es común describir a TikTok como una compañía “china”, pero los documentos disponibles indican que el 60% de la propiedad está en manos de inversores internacionales, mayormente estadounidenses. Unos 8.000 millones de capital pertenecen a firmas privadas como Carlyle, Sequoia, Susquehanna y General Atlantic. Con posiciones minoritarias figuran fondos como Fidelity, T.Rowe y Black Rock. El 40% restante se divide, según la compañía, a partes iguales entre sus empleados y el fundador Zhan Yiming.

Uno de esos millonarios, Jeff Yaas, fundador de Susquehanna y notorio  donante republicano, fue quien convenció a Donald Trump a finales de su presidencia de aflojar la tensión con TikTok y, en su lugar, llegar a un acuerdo con Oracle para que esta gestione el algoritmo y retenga bajo su control los datos de usuarios en un centro de datos de datos separado, conocido como Proyecto Texas.

“No es una prohibición –  sostiene el representante Mike Gallagher (R) – sino que deja en manos de TikTok la decisión de romper sus relaciones con el Partido Comunista Chino. Si ByteDance cediera la propiedad, TikTok podría seguir operando normalmente en Estados Unidos y los usuarios podrían continuar con sus estúpidos vídeos y relacionándose con sus amigos”.

A lo que Shou Chew – con pasaporte de Singapur – asegura que “el  gobierno [de Biden] intenta privar a 170 millones de americanos de su derecho constitucional a la libertad de expresión, lo que dañará sin duda a muchos negocios y privará de audiencia a artistas y creadores en su propio país”.

Durante años, funcionarios de Washington han reiterado su convicción de que los servicios de inteligencia chinos, a través del control sobre ByteDance, tienen acceso a la información personal que recoge TikTok. Pero, por alguna razón,  nunca han presentado evidencias de su sospecha, que muchos expertos en ciberseguridad consideran “una hipótesis realmente inquietante, pero no por ello deja de ser una hipótesis”.

Durante la tramitación parlamentaria, la empresa movilizó a algunos cientos de usuarios a protestar frente al Capitolio, y obtuvo el apoyo de los activistas de las libertades civiles. Estos se declaran consternados de que “nuestros líderes traten una vez más de mercadear la Primera  Enmienda a cambio de objetivos políticos, en un año electoral en el que se juegan sus puestos”. En términos parecidos se ha expresado la Computer and Communications Industry Association (CCIA): “la ley, de nombre Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (sic), restringe los derechos constitucionales de las empresas privadas”.

La batalla contra TikTok tiene como antecedente la presidencia de Donald Trump, quien como en tantas otras cosas siguió una política errática. Su administración intentó con una batería de órdenes ejecutivas – su prerrogativa – forzar a las tiendas de aplicaciones a no ofrecer a sus clientes el acceso a TikTok, a la vez que trataba de obligar a ByteDance a segregar su rama estadounidense. Pero Trump tropezó con obstáculos legales y acabó sellando un compromiso. Microsoft, que amagó con presentar una oferta de compra, vio pronto que se estaba metiendo en un lío y se quedó al margen.

Otros candidatos posibles se abstuvieron por imposibles: lo más probable era que sufrieran querellas porque probablemente les iba a caer una acusación del regulador de la competencia. Al final, la solución más razonable se impuso: almacenar los datos de TikTok en suelo estadounidense y en servidores de Oracle [este fue el único cambio sustancial que logró imponer Trump], un gesto muy festejado por Larry Ellison, custodio del algoritmo.

La media sanción de la ley no garantiza que pasen el filtro del Senado, en general más cuidadoso en cuestiones de seguridad nacional. Y si lo pasara, es prácticamente seguro que protagonizará una batalla dura ante el Tribunal Supremo.

El economista español Ángel Ubide ha apuntado la paradoja que presentan los mercados, como contexto de la noticia. El precio de los activos – entre ellos las acciones y los bonos – han subido de tal manera que revelan optimismo a corto y medio plazo. Pero esa sensación contrasta – opina Ubide – con una política sucia y unas tensiones geopolíticas. Ubide no hablaba del caso TikTok, pero su juicio sobre lo que llama “disonancia cognitiva” encaja muy bien en el asunto. La aproximación de las elecciones de noviembre es un poderoso factor: nadie parece capaz de imaginar qué se propone hacer Trump con las relaciones con China, en el inquietante  caso de ser elegido para un segundo mandato.

Estas son cuestiones de fondo. Más pegada a la coyuntura, aquí va otra: ¿aceptarán los accionistas, aunque sea in extremis, la exigencia de desinversión? Hay que empezar por poner sobre la mesa los números que se conocen: la valoración hipotética de TikTok oscilaría un poco por encima de 100.000 millones de dólares. En este valor hay ciertos componentes – hoy unificados por el vínculo con ByteDance – que habría que escindir. La compañía no desvela sus cifras, ni su propósito pero acepta que se escriba que  factura en todo el mundo 120.000 millones y en Estados Unidos 16.000 millones y su precio podría valer entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, según una estimación de Bloomberg que no toma en cuenta la situacion actual. Mucho más difícil sería calcular que impacto tendría sobre ByteDance una escisión de TikTok US. La venta de paquetes de acciones de ByteDance el año pasado se hizo sobre una valoración de 268.000 millones que desde entonces ha bajado.

¿Y Europa, a todo esto? ¿No tiene nada que decir? La antipatía contra China en la opinión pública europea difícilmente respaldaría una sanción de la UE contra China, pero la vigencia de la Digital Services Act (DSA, no confundir con la  DMA) ha impulsado una investigación de Bruselas, cuyo eje es muy distinto:el peligro que los contenidos suponen para los niños menores de 13 años. Thierry Breton, comisario europeo, Ha reforzado el argumento con esta frase: “la protección de los menores es una prioridad alta para la CE […]”.

La desinformación que inunda la red de TikTok es otra preocupación de los funcionarios europeos, pero no parece asunto capaz de llevar a un frente transatlántico contra la empresa china.