Todavía está fresco el escándalo de FTX y en libertad bajo fianza su alma mater Sam Bankman-Fried pero no acaban ahí las convulsiones para el turbio mundo de las criptomonedas. La SEC (Securities and Exchange Commission) estadounidense ha iniciado acciones legales contra dos pesos pesados de este negocio: Coinbase y Binance, que han crecido como la espuma en su condición de intermediarios y custodios de esos activos, cuya naturaleza está en el fondo de la discusión. Según Gary Gensler, presidente del organismo federal, las supuestas irregularidades de ambas compañías son de tal magnitud que le sorprende no hayan sido detectadas antes. Habrá que prepararse para otro litigio que durará años.
Gary Gensler
En el epicentro de la polémica subyace una cuestión falsamente simple: si las cibermonedas son un activo bursátil (security) sometido al control de la SEC o son valores que flotan en un limbo jurídicamente impreciso.
La demanda de la SEC contra Coinbase sostiene que la compañía violó la legislación sobre valores al no registrarse como actor que opera en ese ámbito. Un día antes, el regulador había imputado cargos civiles (no penales) al CEO de Binance, Changpeng Zhao por, entre otras cosas, haber mezclado de forma inapropiada los fondos de los clientes con los de una empresa de su propiedad.
Gensler, que trabajó durante 18 años en Goldman Sachs, antes de formar parte de los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden. Desde que este lo propuso como presidente de la SEC, ha defendido que las competencias de esta incluyen la regulación de los cripoactivos. Sus iniciativas contra Coinbase y Binance son las más mediáticas porque estas acaparan más del 50% de las transacciones con monedas cifradas. Podría recurrirse al sobado tópico de la punta del iceberg, dado que desde principios de año la SEC ha lanzado un bombardeo legal para reafirmar la legitimidad de su papel.
En el caso de Coinbase, la SEC sostiene que ha estado operando desde al menos 2019 como corredor no registrado a través de su plataforma de intercambio y servicio de billetera criptográfica en la que se almacenan los fondos de los clientes en su nombre. Desde la óptica del regulador, estos activos incluyen valores y, por tanto, se impone la obligatoriedad de cumplir con la legislación a tal efecto. No hacerlo – argumenta Gensler en la demanda – priva a los inversores de garantías mínimas de prevención del fraude y la manipulación, resta transparencia a las operaciones y sirve como cortapisa a las inspecciones rutinarias de la SEC.
Gensler no es el único que percibe esos riesgos. De hecho, a principios de año, el órgano competente del estado de Nueva York forzó un acuerdo por valor de 100 millones de dólares por el que Coinbase compensaba los fallos detectados en sus controles antiblanqueo. Más recientemente, el regulador de valores de Alabama encabezó un grupo de otros nueve – entre ellos destaca el de California, muy importante – que instó a Coinbase a justificar su derecho a vender valores no registrados.
Brian Armstrong, CEO de Coinbase, ha pasado a la contraofensiva. En una entrevista con el Wall Street Journal, tras declararse respetuoso de todas las regulaciones y reconocer el papel de la SEC en defensa de la integridad de los mercados, lanza una acusación contra Gensler, de quien dice que el acoso contra las criptomonedas debilita el potencial estadounidense de innovación financiera.
En paralelo, la SEC ha presentado hasta trece cargos contra Binance, la firma de intercambio de criptomonedas más importante del mundo, y contra su CEO, al que pretende prohibir que actúe como director de cualquier emisor de valores registrado ante la agencia. Gensler está convencido de que las autodenominadas “plataformas de intercambio” [denominación inexistente en la legislación] en realidad negocian como cualquier trader registrado y asumen funciones que requieren supervisión.
Las acusaciones contra Zhao – canadiense de nacionalidad – salpican a dos de sus compañías, Merit Peak (registrada en las Islas Virgenes británicas) y Sigma Chain (en Suiza) con las que supuestamente habría mezclado y redirigido fondos de los clientes manejándolos a su antojo. Y no sólo eso: según la agencia Bloomberg, el departamento de Justicia estadounidense estaría investigando si Binance ha sido utilizada ilegalmente para que oligarcas rusos evadan las sanciones impuestas en el contexto de la guerra en Ucrania.
La actual coyuntura no puede entenderse sin que entre en juego un actor como Gensler, que lleva dos años al frente de la SEC, durante los cuales dice haberse reunido a menudo con directivos de plataformas de intercambio de criptomonedas para convencerlas de que actúen conforme a las reglas que pesan sobre los mercados regulados. Obviamente, esos encuentros no han dado fruto. Porque las plataformas no se sienten concernidas por la ley de valores, afirmando que sus tokens son otra cosa. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha reclamado que se aprueben reglas ad hoc para su negocio, llegando a afirmar que su ausencia está perjudicando a la competitividad económica de Estados Unidos frente a otros países más permisivos.
Si bien es cierto que antes de la llegada de Gensler la SEC había iniciado acciones legales contra algunas firmas relacionadas con las criptomonedas – aún mantiene denuncias contra los tokens Solana, Cardano y Polygon – lo había hecho contra sus directivos a título individual. Mientras que Gensler ha preferido un órdago a lo grande y apunta directamente contra las dos mayores plataformas de criptomonedas. Para que sirva de precedente (o de escarmiento).
Gensler, quien a su primera carrera en el sector financiero acumula una segunda como alto funcionario de tres administraciones demócratas, dice con conocimiento de causa que “jamás había visto tanto incumplimiento y exageración disfrazada de innovación como en este campo”. Su postura es tajante: los tribunales deben ordenar a estas plataformas que sigan las reglas establecidas para las bolsas de valores en Estados Unidos o, en su defecto, prohibir sus operaciones en el país.
Claro está que los procedimientos para conseguir ese objetivo pueden llevar años en los tribunales, toda vez que las compañías afectadas tienen músculo financiero suficiente para financiar la hostilidad contra Gensler en las redes sociales y embarcarse en dilatadas batallas legales. Sólo entre 2018 y 2021, ha calculado la SEC, Binance ganó cerca de 11.600 millones de dólares. Por lo que, en la eventualidad de perder alguno de los casos y sus derivaciones, sería para la SEC una derrota que pondría en cuestión su capacidad de cumplir cabalmente con las tareas de supervisión.
No debería ser para tanto, pero están en juego intereses enormes. Asumir las obligaciones de la ley de valores supondría para Coinbase y Binance – o para competidores menores – ser más transparentes, que no parece mucho, pero no está en el manual de los mercaderes de criptomonedas. Gensler sabe que es allí donde se generan las reticencias, en las turbias fortunas acumuladas durante la explosión del bitcoin y otras aventuras, puestas a buen resguardo en un submundo del que aquellas forman la parte visible.
Si estas empresas, u otras que esperan la autorización de la SEC para operar como ETF (Exchange Traded Fund) tendría que cambiar su modo de operar, lo que probablemente molestaría a una parte de su clientela. Según un informe publicado por Coinbase como argumento de defensa, unos 66 millones de estadounidenses (aproximadamente la quinta parte de la población) poseen ciberactivos. Hay quien opina que muchos de ellos birlan al fisco y quien cree que tras el fenómeno hay tendencias adictivas. Puede que con razón.
La discusión acerca de si se trata de una security (valor bursátil) o de una commodity (mercancía) tiene todas las papeletas para acabar elevada al Tribunal Supremo, no sin antes haber pasado por sucesivas instancias. Un caso precursor es el de XRP, supuestamente la tercera cibermoneda del mundo, que la SEC lleva tres años exigiendo sea registrada como security. En diciembre de 2020 demando a su emisor, Ripple Labs, que ha destinado 200 millones de dólares a llevar su caso ante los tribunales y la opinión pública. En principio, a finales del verano debería salir una primera sentencia; en caso de ser adversa a Ripple Labs, la apelación a un tribunal superior está asegurada. Lo mismo si no diera la razón a la SEC.
La contundencia del enfoque de Gensler ha llegado incluso a pisar el callo de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) que él mismo presidió de 2009 a 2014. A propósito del ether, criptomoneda emitida por Ethereum, la SEC la considera un valor negociable, mientras la CFTC la ha clasificado como mercancía, el mismo estatus que recibe el bitcoin.
En este contexto, forzosamente complicado, el mayor fondo de gestión de activos, BlackRock, está poniendo a prueba a Gensler con la pretensión de regularizar como ETF uno de los fondos que controla, especializado en criptomonedas. Por venir de quien viene, no es una petición que pueda desoirse fácilmente por temor a la manipulación del mercado, como la SEC ha hecho con decenas de solicitudes. Además, BlackRock ha añadido una cláusula que podría verse como tranquilizadora: propone un acuerdo para compartir la vigilancia con el mercado bursátil Nasdaq, en el que cotizaría como ETF registrada por la SEC.
La experiencia de Grayscale Bitcoin Trust (o GBTC) que cotiza en el Nasdaq, no es concluyente: controla 17.500 millones de bitcoins, pero su cotización es muy inferior a la de esta moneda: un 40% menos en lo que va de año, por lo que ha acudido ante un tribunal acusando a la SEC de provocar esa caída con sus restricciones.
Está clarísimo que Gensler no quiere más criptomonedas que las autorizadas formalmente por la SEC. A sus ojos, actúan como una security más, sobre las que ya hay suficientes reglas fijadas por la legislación vigente. Según él, las empresas que intermedian en esos valores deben cumplir las reglas escrupulosamente, algo que ya ha intentado hace meses con las plataformas de intercambio Bittrex y Gemini, esta última fundada por los famosos gemelos Winklevoss – antiguos socios y perennes enemigos de Mark Zuckerberg – quienes han pasado a agitar en las redes sus protestas contra lo que consideran una caza de brujas contra las criptomonedas.
Uno de los hermano, Cameron, acusa de ello a la senadora Eizabeth Warren y al propio Gensler. En una de sus diatribas, pronostica que la hostilidad hacia las criptomonedas le costará la reelección a Joe Biden en 2024 por la pérdida del voto joven. Suena exagerado, pero las encuestas del Wall Street Journal al menos revelan dos cosas: 1) el número de personas que en los últimos cuatro años ha atesorado criptos ha crecido un 12%, y 2) la franja de hombres de 20 a 40 años ocupa casi el 40% y las de mujeres un 16%.
Es muy prematuro suponer que esa franja demográfica se sentirá motivada para votar contra el partido Demócrata y a favor del Republicano, que ciertamente simpatiza con las criptomonedas y recibe donaciones de sus empresas. Entretanto, a este lado del Atlántico, Gensler ha encontrado un apoyo inesperado. La recientemente aprobada Ley de mercados de criptoactivos (MICA, por sus siglas en inglés) pretende poner coto a estos instrumentos imponiéndoles más transparencia y supervisión. Una norma complementaria les obliga a identificar a los clientes durante las transferencias de fondos, para evitar que faciliten el blanqueo de capitales.
La ley europea, que supone un respaldo a las políticas actuales de la SEC, otorgará licencias a los intercambios de criptomonedas y proveedores de billeteras digitales para operar dentro de la UE, por lo que a la postre su marco seria más restrictivo que el que todavía está en el aire en Estados Unidos. Los parlamentarios europeos han tenido en cuenta el mercado de los NFT, eclipsado tras el papanatismo inicial y, más en general, el movimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi). Ya sólo en ciertos circulos se habla de la Web 3.
Las opiniones europeas también van por barrios: mientras hay quienes consideran que toda novedad es una innovación irreversible, lo cierto es que en cualquier momento podría producirse un nuevo revés levantado sobre algún previsible escándalo.