La fusión, pactada pero aún no consumada, entre Orange y MasMóvil puede llevar más tiempo que lo previsto. Cuando el plazo del 4 se septiembre se acercaba y los rumores se disparaban, la Comisión Europea decidió parar el reloj sin decir hasta cuándo. Las partes le han quitado importancia, pero la tiene. La explicación oficial de que se requiere información adicional choca en principio con la abundancia de documentación presentada las incontables reuniones y la petición de planes específicos a quienes están a priori interesados en adquirir activos que serían segregados como condición para obtener la luz verde comunitaria. No es excepcional, pero se ignora qué información falta y por qué.
Jean-François Fallacher
Según la Comisión, este procedimiento “es activado cuando alguna de las partes no ha entregado en tiempo y forma una pieza importante de información que se le haya requerido”. Con suspicacia, un analista cercano a la operación, sugiere que la CE ha comprendido (en su opinión, incomprensiblemente tarde) el impacto indirecto de esta fusión española. Mientras el debate en Europa esta girando en torno a la inevitabilidad de consolidaciones que faciliten la supervivencia de los operadores, Bruselas incurre en el riesgo contrario: fragmentar aún más el mercado poniendo los intereses financieros al acecho por delante de la sanación de los males del sector.
Resulta inaudito que el pliego de objeciones de la Comisión se inquiete ante la posibilidad de que la operación “pueda reducir el número de operadores con redes en España, eliminando así una importante presión competitiva y un rival innovador en los mercados minoristas […] incluídos los servicios convergentes de telecomunicaciones fijas y móviles”. La descripción no se parece en nada a la realidad: el mercado español saldrá de la fusión más y no menos competitivo que en la actualidad.
En sí mismo, el acuerdo tiene dos cláusulas inusuales: 1) sobrevalora los activos de MasMóvil, lo que ha obligado a un ajuste en los libros de Orange, y 2) se estipulan dos años de compartición del poder entre los contrayentes [consejero delegado para MasMóvil, Meinrad Spenger y director financiero para Orange, Ludovic Pech]. Como vértice y garante del acuerdo, el presidente del consejo lo aporta Orange: Jean-François Fallacher y tras ese período, el socio francés tendrá derecho a controlar el 100% de la compañía resultante mediante una OPV a la que no podrán acudir los accionistas de MasMóvil. Esta ha sido, al parecer, la fórmula ingeniosa que evitó la ruptura de negociaciones entre las partes.
Aparte del tinglado financiero, hay que considerar los efectos de la fusión sobre la estructura del mercado, a los que nadie será inmune. Tal como ha descrito agudamente descrito Nacho del Castillo en Expansión: “el intrincado ecosistema de las telecos españolas es un laberinto de acuerdos y dependencias recíprocas entre los actores del sector – mayoristas y minoristas, redes troncales y residenciales, regionales y de ámbito nacional, etc – que hace que las urgencias de unos impacten e intefiéran en los otros como en una compleja tela de araña”.
Formalmente, ningún operador defiende la necesidad de desinversiones; ya se dan por contentos con la decisión inicial de no alterar las reglas del mercado mayorista. Pero, en la práctica, dan por seguro que habrá exigencias regulatorias a la vez que se preparan para las consecuencias. La más tangible de esas exigencias tiene que ver con las infraestructuras.
Así, la Comisión podría exigir que MasMóvil se desprenda de su red fija redundante, que en tiempos de crecimiento adquirió a Euskaltel en País Vasco, Galicia y Asturias, mientras que Orange tendría que ceder emplazamientos (y frecuencias) móviles que han pasado por las manos de Yoigo y Jazztel. Igualmente, el operador de origen rumano podría estar interesado en frecuencias sobrantes (sic) en las bandas de 1800 y 3500 MHz. No tanto porque las necesite, sino porque poseerlas robustecería su posición a la hora de renegociar el contrato como OMV de Telefónica, que vencerá en 2026.
Sobre este particular, un directivo del sector ha comentado a este blog que “si nos dieran a elegir, preferimos competir con Digi, cuyos procedimientos conocemos antes que con un advenedizo que estuviera tentado de meter al mercado una presión desestabilizante como la que ha metido MasMóvil durante años”.
Los correctivos que (presuntamente) va a exigir la Comisión, serán la antesala de una ronda (o varias) de movimientos corporativos. Su resultado inmediato sería que Digi – en la práctica, quinto operador actual, muy agresivo en la captación de clientes de bajo precio – ascenderá al cuarto peldaño que deje libre MasMóvil. Es una opción que no gusta a nadie, pero se da por descontada: el beneficiario se fortalecería creando las condiciones para lanzar una escalada comparable a la que llevó a MasMóvil a su situación actual.
Promemoria: Digi es una empresa rumana que opera servicios fijos y móviles en su país y servicios móviles en Italia alquilando capacidad de Vodafone. Por otra parte, ha adquirido espectro en Portugal y se propone construir una cuarta red móvil en Bélgica en sociedad con el grupo paneuropeo Cegeka. Al presentar los resultados del reciente trimestre, el CEO de Digi, Serghei Bulgac, ha afirmado que España es su principal vector de crecimiento, posición que mejoraría con la incorporación de activos de las dos telecos fusionadas. Según sus palabras, preferiría un proceso largo, ya que su contrato como operador virtual sobre la red de Telefónica estará vigente hasta 2026 y en caso de pasarse a la nueva Orange tendría que asumir una penalización.
Hay otras opciones sobre la mesa. Por ejemplo, una amalgama que todavía puede calificarse como entrante, que gira bajo la marca Avatel y aspira a ser un competidor “táctico”, que no haría ascos a una oferta de compra de alguno de los grandes. Pero esto requiere una fase de musculación. En todo caso, es discutible que este fuera un buen modelo de consolidación del mercado español.
Avatel, que al igual que Digi se apoya en la red móvil de Telefónica, recibiría gustosamente cualquier infraestructura sobrevenida. Igualmente, podría aspirar a las frecuencias sobrantes en las bandas de 1800 y 3500 MHz, si así lo recomendara la CE. Su CEO, Ignacio Aguirre, sabe que dada su escala toda ganancia de cuota de mercado le daría un margen atractivo y estimularía la entrada de inversores. Aun así, es poco probable que llegara a ser un competidor temible, pero no está de más recordar que lo mismo se dijo de la incipiente MasMóvil al comienzo de una andadura que la llevó a ser el instrumento de un terceto de fondos de inversión.
Otro aspirante de menos envergadura – 900.000 clientes actualmente – podría ser Finetwork, que partiendo de aglutinar más de un centenar de operadores locales, quiere convertirse en un operador móvil virtual tan apetecible como Digi y Avantel. Por si pudiera tocarle algo en la pedrea de la fusión Orange-MasMóvil, su nuevo consejero delegado – Oscar Vilda, quien ha pasado por Orange y Vodafone, además del qatarí Oredoo – ha acelerado la búsqueda de capitales para financiar un plan estratégico a cuatro años de plazo.
Hay más. Por un carril paralelo, se mueve una decena de propietarios de fibra – Lyntia, Adamo e Onivia son los más notorios – que, desde una lógica estrictamente financiera, han ido creando las condiciones para consolidarse entre ellos una vez se conozca el desenlace de la fusión. Cuentan con el respaldo de un surtido de fondos de inversión, como parte de un proceso gradual de disociación entre el negocio de infraestructuras [primero las torres, luego la fibra] y la prestación de servicios al usuario final.
En la trastienda aguarda impaciente Vodafone, consciente de que tendrá que tomar una decisión sobre su red fija (7 millones de hogares cableados más 3 millones cubiertos con fibra). Ciertamente, podría vender esos activos a un fondo para quedarse como inquilina o bien aceptar la calculada invitación de Telefónica para usar la fibra de esta y renunciar a la vetusta red de cable. Si así ocurriera, el grupo de origen británico liberaría recursos para transformarse en esa telco tech ágil e innovadora que postulan algunos directivos.
La floración de actores en el mercado está provocando una fricción de placas tectónicas. Un factor – junto a otros propios de cada uno – que estará presente en la revisión estratégica de la filial española de Vodafone y asimismo en el nuevo plan 2023-2026 que Telefónica ha prometido desvelar en la segunda semana de noviembre.
Potencialmente, Telefónica tendría a su alcance promover una corriente de compartición de redes que tiene bastantes antecedentes. Aparte de la oferta a Vodafone ya comentada, alienta la consolidación de despliegues de fibra, particularmente en el ámbito rural y gracias a fondos europeos; para ello, tendría que atraer a terceros hacia Bluevia, joint venture que comparte con dos socios financieros. Su objetivo es alcanzar 5 millones de hogares a finales del año próximo.