No hay presciencia alguna en asegurar que las acusaciones judiciales antimonopolio contra Google tienen mucho camino que recorrer. La última noticia que se ha conocido sobre el asunto dice que el departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos ha anticipado [¿con qué necesidad?] en un documento de 32 páginas la posición que expondrá ante el juez Amit Mehta el próximo 20 de noviembre y en el que defiende, entre otras medidas, la escisión de la compañía. Exactamente treinta días después, los abogados de Google argumentarán su defensa y el juez tendrá hasta agosto del año próximo para emitir su sentencia. Que, según sea su sentido, será recurrida hasta llegar, de ser preciso, hasta el Tribunal Supremo.
Dividir una compañía para restablecer el equilibrio en un mercado que haya sido perturbado por prácticas monopólicas es, de más está decirlo, una medida drástica, quizá la más drástica por sus consecuencias explícitas. El movimiento actual de crítica a las Big Tech, bien anclado en la actual administración federal, sigue una lógica: las plataformas digitales de unas pocas corporaciones son el soporte de la actividad tanto profesional como de consumo de la mayoría de los habitantes de cualquier país, algo que resulta obvio en Estados Unidos. Al mismo tiempo, sus ecosistemas con profusas redes de partners que giran en su órbita, hacen que sea traumática su ejecución.
En la historia de la legislación antitrust de Estados Unidos ha habido sólo dos casos célebres en los que se llegó a ese extremo: la petrolera Standard Oil fue desmembrada en 39 compañías (1911) y de la antigua AT&T nacieron siete compañías bautizadas como Baby Bells (1982). Con los años, se reconstruirían en agregados menos cuestionados y con otros accionistas, lo que algunos consideran un éxito de las sanciones y otros ven como un fracaso de la intervención gubernamental. Si desmonopolizar es difícil, aún más lo es administrar la medicina.
Microsoft, protagonista en los 90 de otro caso célebre, se salvó de la partición gracias a un acuerdo con la nueva administración de George W. Bush a cambio de hacer concesiones en su política de licencias. Lo que no ha impedido que los abogados actuales del DoJ se inspiren en aquella experiencia.Desde luego, resulta prematuro imaginar un horizonte parecido para Google y una prueba de ello es que la cotización del holding Alphabet no se ha conmovido por la publicación del documento gubernamental. De hecho, la acción de Alphabet cotiza estos días a un 18% más que en enero.
Que Google tiene una posición dominante en el mercado de los motores de búsqueda – su producto fundacional y la fuente de su riqueza – resulta incontrovertible. Pero uno de sus rivales irrelevantes, DuckDuckGo ha logrado llevar al más alto nivel su denuncia sobre los procedimientos en los que se fundamenta ese dominio.
La administración Biden-Harris se ha caracterizado por una política que busca reducir la influencia de las grandes tecnológicas y entre ellas Google, aunque sin ser la primera señalada, ha estado permanentemente en la diana El antecedente más inmediato es el auto de agosto del juez Mehta que validó la argumentación de la denuncia presentada por el DoJ en común con los procuradores de varios estados, asumiendo en sede judicial la calificación de la compañía como monopolio, aunque evitando pronunciarse acerca de eventuales sanciones que deja para la siguiente fase del proceso..
Una magnitud de lo que está en juego son los 175.000 millones de dólares de ingresos de Google el año pasado relacionados con su buscador. Dependiendo de cuál fuera el formato final de la sanción, al menos una buena parte de ese dinero acabaría repartiéndose entre sus competidores actuales o futuros. La respuesta de Google es conocida: gracias a su modelo de negocio puede mantener a la vez la gratuidad del buscador y la inversión en innovación que mantiene vivo el mercado.
Como de costumbre, hay argumentos para todos los gustos. Si en la cuenta se incluyen las búsquedas dentro de sitios que no se consideran como motores de búsqueda (Facebook, TikTok, Amazon y otros) en las que Google no juega ningún papel, su contribución baja porcentualmente aumentando en números absolutos. Una de las consecuencias es que en la franja de edad de 18 a 24 años, la participación de Google quedaría en tercera posición. Tal vez sea esta la causa de que la cuota de Google, siendo muy mayoritaria, haya bajado nueve puntos desde 2017.
Los inversores saben que el asunto va para largo y el CEO de Google – y de Alphabet, el detalle no es menor – Sundar Pichai, se ha encargado de remarcarlo, con la tranquilidad que le da saber que en el actual año fiscal ya podría generar un flujo de caja suficiente para sufragar los gastos legales durante años.
Una lectura en diagonal del documento que el DoJ ha entregado al juez Mehta y ha sido descrito como “remedies framework” sugiere – si no fuera un globo sonda – que el gobierno federal preferiría la medida más radical, la partición de Google, que llegaría a obligarla a crear una empresa aparte para el negocio de búsquedas, ya sea separándolo de la venta de publicidad o bien segregando sus sistemas operativos.
Entre las limitaciones sugeridas por el departamento de Justicia, hay una de especial relieve: prohibiría que Google pague a los fabricantes de smartphones a cambio de que su buscador sea instalado por defecto en los dispositivos Android. Pero el caso más notorio es el de Apple – con su propio sistema operativo y navegador – que recibe de Google unos 20.000 millones de dólares anuales por no usar otros motores de búsqueda (léase Bing, que estuvo a punto de llevarse ese contrato hasta que Google subió la oferta)
Mientras esta discusión se hacía pública, otro juez consideró que era su ocasión de terciar proponiendo una medida que sería menos agresiva que la desinversión: que Google abra su tienda de apps PlayStore a la competencia durante al menos tres años. En la práctica, a partir de este noviembre dejará de pagar a los desarrolladores para que usen exclusivamente su tienda y no podrá obligarles a usar su función de facturación online.
Otra corrección que podría aceptar el gobierno federal sería exigir a Google que comparta algunos de los datos que sustentan sus resultados de búsqueda: índices, feeds y modelos, incluso si forman parte del uso de la inteligencia artificial, que se da por hecho como el futuro de los motores de búsqueda. La réplica de Google está cantada – esa fórmula podría violar la intimidad de los usuarios – el DoJ ha matizado que estaría dispuesto a relajar la medida aceptando que el usuario determine qué datos acepta compartir.
Precisamente, una preocupación de las autoridades federales reside en que la posición dominante de Google acabe extendiéndose al campo de la IA. No se descarta que Google conceda a los sitios web la facultad de negarse a participar en ejercicios de búsqueda si en ellos interviniera la IA. El propio Pichai ha suscitado esa postura al presumir públicamente de que los productos de IA generativa de Google. Quien gane las elecciones presidenciales de la semana próxima se encontrará con el folletín en marcha. Donald Trump ya ha dicho no ser partidario de fragmentar empresas De Kamala Harris, antigua fiscal general de California, curiosamente no se conoce posición al respecto.