Marzo ha timbrado el final del año fiscal de Vodafone, cuyos resultados se conocerán el 16 de mayo. Un paréntesis ideal para hacer correr rumores. Al parecer, el fondo Apollo habría [ojo al tiempo verbal] presentado una oferta de compra por la filial española. Redondeando, unos 4.000 millones de euros que, según los medios de por aquí, es lo único que interesa a sus lectores. Suponiendo que no fuera manipulación informativa, la venta de Vodafone España sería el menor de los dilemas que ha de resolver un grupo asediado por sus propios accionistas. El más urgente es quién estará al timón de una estrategia aún no definida: ¿la actual CEO interina u otro enchufado por inversores?
En esa urgencia ha interferido la (presunta) oferta por Vodafone España y en cualquier momento podría aparecer otra sobre vaya usted a saber qué desinversión. La noticia que puede alterar el tablero se relaciona con la filial británica del grupo, cuyo interés histórico y económico sería difícil exagerar. Está al caer el anuncio de un intento de fusionar Vodafone con Three, propiedad del grupo Hutchinson, a su vez fundado por el magnate hongkonés Li Ka Shing.
La suma del tercero más el cuarto operador daría vida a un nuevo líder del mercado británico, con un valor a priori de 16.500 millones de euros. El 51% de la nueva compañía se lo quedaría Vodafone sin desembolsar de dinero, gracias a una fórmula de compensación del apalancamiento de ambos contrayentes. Lo que significaría un importante reajuste del perímetro (y del accionariado) del grupo resultante. La entidad fusionada – bajo la marca Vodafone – sumaría 27 millones de clientes y controlaría una cartera de espectro que es el 49% de las licencias adjudicadas.
Después de muchas vueltas desde la privatización de British Telecom en 1984 [precedente que se extendería al continente], el mercado británico quedaría así en manos de tres competidores, cada uno de los cuales habrá sido fruto de una combinación inesperada: Vodafone + Three; O2 + Virgin Media y BT + EE. La tesis del “número mágico” sufriría un vuelco al bajar de cuatro a tres competidores, pero no es seguro que este detalle influya en el ánimo de una Unión Europea de la que Reino Unido se ha divorciado.
Los directivos de Vodafone UK se han limitado a confirmar la existencia de conversaciones entre ambas compañías, sin más comentarios. El director financiero de Three, Darren Purkis, ha sido más locuaz al calificar el mercado británico como “disfuncional” debido a que acoge demasiados operadores. Entrando en materia, advirtió Purkis que “construir redes móviles en Reino Unido implica abordar altos niveles de inversión de capital que son insostenibles a medio plazo. Es imprescindible un cambio estructural, ya que una buena conectividad está entre las prioridades nacionales”. Promemoria: en 2022, el capex de Three alcanzó los 743 millones de libras, cifra equivalente al 29,4% de sus ingresos. Insostenible, según su CFO.
El Brexit ha eliminado la obligación de consultar a Bruselas, pero no por ello simplifica la decisión de los reguladores insulares. No será ocioso recordar que en 2016 la Comisión Europea rechazó el intento de fusión de O2 (filial de Telefónica) con Three, siguiendo el parecer de la autoridad británica de la competencia. Años después, la prohibición sería anulada por la justicia comunitaria, pero era tarde para desandar el camino: O2 acabó llegando a un acuerdo con Virgin Media mientras Three se resignaba a la soltería. Hasta ahora.
Ofcom, órgano regulador de las telecomunicaciones, parece haber sacado una lección de aquel episodio: en su informe del año pasado reconocía la mala situación financiera de los operadores británicos: “una caída del ROCE [retorno sobre capital empleado] o incluso la expectativa de su caída por debajo del coste de capital dañaría los incentivos para sus inversiones”.
No hay constancia de que la CMA (Competition and Markets Authority) haya cambiado de actitud desde 2016, cuando se opuso vehementemente a la fusión de O2 y Three: todas sus manifestaciones públicas llevan a pensar que mantiene su oposición a reducir el número de competidores porque – desde su punto de vista ortodoxo – provocaría una elevación de los precios, algo difícilmente aceptable por el público cuando la tasa de inflación en el país es del 9,2%.
Podrían esgrimirse razonamientos menos dogmáticos para cuestionar la transacción. Para empezar, toda fusión implica sacrificio de empleos. Dos: las redes de ambos operadores son deficitarias en la última milla de acceso a líneas fijas, asunto que el proyecto de fusión no resolvería [tampoco dejando las cosas como están, claro]. La compartición de la infraestructura plantea una dificulta de cara al mercado mayorista: ambos tienen sociedades con otros operadores: Vodafone con O2 (Cornerstone) y Three con BT (MBNL). La doctrina oficial indica que la mezcla de dos esquemas de compartición constituye una amenaza a la competencia.
El telón de fondo sigue siendo el conocido: Vodafone aún no ha encontrado una fórmula de sucesión del dimitido CEO Nick Read. Si Margherita Della Valle confirma su interés en ser revalidada en su puesto interino, cerrar la fusión del negocio británico sería un espaldarazo de su candidatura y e incluso ayudaría a frenar presiones manifiestas de quienes apuestan por el desguace del grupo. Los accionistas siguen ostensiblemente divididos y no esconden sus intereses divergentes.
A todo esto, el nuevo año fiscal ha empezado la semana pasada y para Vodafone es acuciante restaurar sus cuentas: la acción del grupo ha subido un 0,8% desde la primera sesión de 2023, pero arrastra un descenso del 34% en el último año y del 43% en cinco años. La cotización sólo mejorará si los reguladores se muestran comprensivos.