Este Mobile World Congress 2023 ha destacado por una dimensión política que en otras ediciones apenas trascendía al público. El impulso ha venido de la Comisión Europea, que cuatro días antes puso en marcha una consulta pública que aspira a decidir si slas plataformas de contenidos online deberían contribuir a soportar los costes de desplegar y mantener unas redes que ellas utilizan intensamente. El asunto colea desde hace mucho, pero la exigencia de que esas plataformas asuman una participación justa (fair share) adquiere carácter marchamo oficial. En parte, por mérito de José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y de la GSMA, quien ha acaudillado el consenso entre operadores europeos.

Thierry Breton

Valga como antecedente un informe publicado el año pasado, en el que la asociación ETNO (European Telecommunications Network Operators) aseguraba que seis compañías – todas estadounidenses, por cierto – suman el 56% del tráfico de datos que circula por las redes fijas y móviles europeas. No hay que ser muy imaginativo para identificarlas: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Netflix.

A pesar de ello, precisa el documento, esas seis compañías tecnológicas no contribuyen a los costes proporcionalmente al uso que hacen de las redes. El comisario de Mercado Interior de la CE, Thierry Breton, advertía la semana pasada, en un plenario del MWC, que existe un riesgo tangible de que los operadores europeos no estén en condiciones de atender el incremento de tráfico de datos que, en buena medida, es estimulado por ese pequeño grupo de grandes usuarios que lo capitalizan a su manera y sin remunerar a los operadores que hacen de vehículo.

Básicamente, la idea no es una ocurrencia caída del cielo: el año pasado, los 16 operadores de más peso de la UE (Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefónica, Telia y Vodafone entre ellos) firmaron una declaración conjunta en la que reclamaban que Bruselas tomara medidas para corregir la situación. Incluso antes, en 2021, 13 de los 16 habían planteado la cuestión en los mismos términos.

La presión consiguió algo inusual, que la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager y comisaria de Competencia, había dejado caer un matiz en su posición conocida: estudiaría – dijo – la mejor fórmula para que las tecnológicas contribuyan a financiar el coste de las infraestructuras.

Por las mismas fechas, altos funcionarios de Bruselas aseguraban que ese estudio requeriría un análisis exhaustivo de los hechos y cifras subyacentes. Se preguntaban retóricamente: si no existiera el tráfico generado por las tecnológicas, ¿cuántos usuarios menos – y por lo tanto menos ingresos – tendrían los operadores? Fue entonces cuando circuló la hipótesis de un fondo digital europeo (o uno por país) encargado de canalizar aportaciones directas a los operadores en función del compromiso de inversión de cada uno.

Aunque esa idea fuera acogida por todas las partes – algo muy dudoso en un espacio de intereses contrapuestos – ¿cómo definir quién genera suficiente tráfico para ser considerado un pagador en potencia? La consulta, tal como está planteada, sugiere que la medición se circunscriba al porcentaje de tráfico en la red durante las horas pico. ETNO ya ha propuesto que la aportación financiera sólo sea exigible a las plataformas tecnológicas que la Digital Services Act (DSA) etiqueta como “guardianas de acceso” o gatekeepers. Son definidas como “aquellas plataformas digitales con un rol sistémico en el mercado interior, que funcionan como cuellos de botella entre empresas y consumidores para el acceso a servicios digitales relevantes”.

Pese a que la CE intenta convencerá todo el mundo de que está “firmemente comprometida con la preservación de una Internet neutral y abierta”, no todo el mundo lo ve con los mismos ojos. Por el lado de los operadores ´incumbentes` las consideraciones sobre la consulta han sido entusiastas, mientras los alternativos, agrupados en ECTA (European Competitive Telecommunications Association) todavía no se han pronunciado.

Netflix y Alphabet han reaccionado de inmediato, señalando que ya contribuyen generosamente a las infraestructuras de Internet al invertir masivamente en centros de datos y cables submarinos, así como al desarrollar servicios que los usuarios demandan. La doctrina de estas dos compañías se sostienen sobre el siguiente hilo argumental: la consulta conduciría a debilitar el principio de neutralidad de las redes, que prohíbe a los suministradores de banda ancha discriminar entre accesos a sus red.

La CCIA (Computer & Communications Industry Association) que actúa como representante de la industria estadounidense, no se ha cortado a la hora de sostener que “aplicar un canon al tráfico de Internet atentaría contra los consumidores europeos y socavaría la apertura de Internet al tratar los datos de maneras diferentes según quien los envíe (sic).

Aunque este debate apunta al meollo de la consulta, otras cuestiones nada banales están sobre la mesa. Porque, como ha dicho Pietro Labriola, CEO de Telecom Italia, al Financial Times: “de poco serviría que ganáramos la batalla sobre la contribución justa [de las Big Tech] Si no se nos autoriza a consolidarnos, el problema fundamental no se habría resuelto”.

La base fáctica de la consulta es, según ha dicho Thierry Breton, la absoluta necesidad de reforzar las inversiones en infraestructuras de 5G y fibra óptica que han de cubrir una demanda que crece a despecho de las insuficiencias de las redes.

Una de ellas es la discusión recurrente acerca de la consolidación entre operadores: la  regla ´mágica` de cuatro operadores por país ha sido cuestionada en la instancia judicial comunitaria, pero no será fácil avanzar en una concentración de recursos en un número menor de actores en el mercado. También en esto, Breton ha tomado el centro de la escena vinculando ese dilema con sus competencias sobre el futuro industrial de la UE. “Creo firmemente – ha dicho durante una visita a Helsinki – que la creación de un auténtico mercado único de servicios de telecomunicaciones requiere que reflexionemos sobre la consolidación transfronteriza al tiempo que preservamos la competición beneficiosa para los consumidores”.

Añadía Breton que la CE dice que no hay ningún tabú. Sin embargo, “las inversiones que se van a requerir para alcanzar nuestras ambiciones serán enormes y debemos asegurarnos de que tendrán una financiación adecuada y suficiente […] La carga de esa financiación no debería recaer sólo sobre las espaldas de los estados miembros ni sobre el presupuesto de la Unión”.

La hostilidad a un cambio de régimen regulatorio se refugia en la postura de BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications) en la que la mayoría de los 27 organismos reguladores considera que son los usuarios quienes solicitan los servicios de redes sociales y streaming y con ello dan vida al mercado y a los proveedores de conectividad.

Por si no fuera poco, seis países relevantes – Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda y Suecia – han enviado una carta conjunta a Bruselas en la que avisan que sería contraproducente tomar decisiones apresuradas en estas cuestiones. A este frente opositor se ha sumado la organización de consumidores europeos BEUC.

Por otro lado, es justo reconocer que la consulta tiene otros aspectos que han quedado opacados por la búsqueda de una ´compartición justa`. La estrategia de la actual Comisión busca hacer extensible la conectividad gigabit a todas las empresas y ciudadanos de la Unión Europea para 2030. Bajo el lema de la Década Digital, el horizonte marcad para dentro de siete años es ambicioso pero lleva retraso. Bruselas impulsa una nueva normativa europea de Infraestructura Digital – en sustitución de la vigente desde 2014 – entre cuyas medidas se encuentra la reducción de obstáculos que perturban y encarecen el despliegue de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes.

La consulta no lo menciona, pero actúa como excipiente de una  normativa que persigue, entre otras cosas, una mayor coordinación de las obras civiles de distintos operadores para el despliegue de conductos y torres asegurando que los actores relevantes tengan acceso a ella. Otra medida sería que los edificios nuevos o que se reformen estén equipados con fibra y exista un punto de información digital único en cada país donde obtener permisos e informarse sobre las obras planificadas.

Complementando esa legislación, aún no examinada por el Parlamento Europeo, se ha presentado un borrador de la llamada Recomendación Digital dirigida a los reguladores nacionales que parece tender puentes con BEREC, siempre prestos a subrayar su independencia de criterio.

Los resultados de la consulta, que estará abierta hasta el 19 de mayo, no serán vinculantes, pero tendrían un gran impacto a la hora de redactar un futuro código europeo de las comunicaciones electrónicas, que serviría de marco para que la regulación actual evolucione en los próximos años.

Ha dicho Breton que está abierto a todos los puntos de vista y que el ejecutivo comunitario no se marca ningún tabú. No obstante, las declaraciones del comisario francés dan abundante información acerca de su pensamiento. “Las inversiones que van a requerir el cumplimiento de nuestras ambiciones será enorme, así que necesitamos atraer financiación adecuada y suficiente. La carga de esa financiación [se da por entendido que los operadores no son capaces de soportarla con recursos propios] no puede recaer sobre las espaldas de los estados miembros ni sobre el presupuesto de la UE”. El colofón es del propio Breton: “esto nos presenta ante la cuestión clave de quién ha de pagar por la próxima generación de infraestructura de conectividad”.