Brad Smith, presidente de Microsoft, se ha multiplicado durante meses volando de Seattle a Washington y viceversa, queriendo parar lo imparable: la FTC (Federal Trade Commission) desaprueba la adquisición de Activision Blizzard pactada en 69.000 millones de dólares . Bajo la presidencia de Lina Khan, la comisión ha revigorizado la aplicación de la legislación antitrust a una diversidad de industrias, con un empeño primario de Khan contra las Big Tech. El método escogido consiste en llevar a las corporaciones tecnológicas ante los tribunales, en vez de negociar acuerdos como han hecho sus antecesores.
Sólo un enfoque político permite entender el por qué y el cuándo de la iniciativa: tras las elecciones legislativas de noviembre, cuyos resultados han sido mejores de lo que esperaba el partido Demócrata, la académica Khan ha visto la ocasión idónea para impulsar su agenda. Que haya escogido a Microsoft tiene una explicación aparente: se trata de un adversario escaldado, por lo que está dispuesto a hacer concesiones. Si la jugada le saliera bien, Khan habrá conseguido reforzar la ley sobre la competencia sin pasar por una tramitación ante las cámaras: simplemente creando nuevos precedentes.
Desde junio de 2021, el departamento de Justicia ha impugnado una decena de proyectos de fusión en distintos sectores. Y, también bajo el mandato de Biden, la FTC ha ganado peso al adoptar una nueva política en virtud de la cual puede bloquear preventivamente una operación si alguna de las empresas involucradas ha tenido problemas legales por haber infringido la competencia. Se vuelve así a algo parecido a las normas de mediados de los 90: antes de anunciar una adquisición era preciso contar con la aprobación regulatoria, no a la inversa como se ha hecho después.
Este caso viene como anillo al dedo para la tesis de Khan, convencida de que la legislación actual es blanda (e ineficaz) como instrumento para recortar el poder acumulado por las corporaciones tecnológicas, que condicionan la economía moderna. En sus escritos universitarios ha dejado clara esta opinión: la legislación antitrust sólo recuperará su eficacia si la FTC (y el departamento de Justicia) consiguen redefinir sus límites, desnaturalizados durante años de maniobras de lobbies empresariales.
Nada menos que veinte años llevaba Microsoft en paz con la FTC: en agosto de 2022 accedió a firmar un acuerdo acerca de la privacidad y la seguridad de la información personal recogida de los usuarios de su servicio Passport, consecuencia de las denuncias de una coalición de organismos de defensa de los consumidores. Desde entonces, la compañía se ha esmerado en sus relaciones con el regulador estadounidense, mientras libraba, con suerte desigual, batallas en otros países.
En el caso actual, los cuatro comisionados de la FTC han decidido, por tres a uno, iniciar una demanda judicial contra Microsoft pese a una apariencia de severidad – deja la decisión en manos de un juez que puede no sintonizar con el punto de vista de la administración – también puede funcionar como artefacto legal para dar por cerrada la discrepancia mediante un ´decreto de consentimiento` por el que Microsoft se allane a respetar condiciones que excluyan cualquier práctica anticompetitiva. Según como estén redactadas sus cláusulas, podrían introducir precedentes en la legislación.
Esta era, de hecho, la fórmula que venía proponiendo Brad Smith. No tanto pensando en la FTC sino en lo que vendrá, las decisiones de otros 16 reguladores en otros tantos países del mundo que deberán pronunciarse sobre la adquisición: entre ellos la Unión Europea, Reino Unido, Japón, China e India (sólo Brasil y Arabia Saudí han dado su luz verde hasta el momento).
Los argumentos por los que la FTC no ha admitido la adquisición se resumen así: “con el control de las franquicias de Activision, Microsoft podría tener a la vez medios y motivos para dañar la competencia manipulando el precio o, en su caso, degradando la calidad de los juegos o la experiencia de los usuarios de consolas rivales y otros servicios, cambiando los términos de acceso a los contenidos de Activision o privando por completo de esos contenidos a sus competidores. El resultado sería perjudicial para los consumidores”.
Estos motivos que, como se ve, son mucho más comprensibles para el público que los esgrimidos por la FTC hace un año para rechazar – sin tribunales por medio – la compra de ARM por la estadounidense Nvidia. La sensibilidad que rodea la operación es baja: los juegos de Activision son inmensamente populares y, por otro lado, la acción de Microsoft participa de los movimientos de arbitraje de fondos que han tomado posiciones esperando una gratificación instantánea en cuando la operación fuera autorizada.
Mientras no haya un acuerdo, dos puntos conflictivos bloquean la adquisición. Por un lado, el temor a que Microsoft reserve la exclusividad para su consola Xbox de un título multiplataforma tan lucrativo como Call of Duty, dejando de editarlos para la PlayStation. Es seguramente una suspicacia infundada, pero de agitarla se ha encargado Sony. En el sector de los juegos, el espantajo de la exclusividad sale a relucir de tanto en tanto, pero es altamente inusual: una excepción es la franquicia de Spiderman, propiedad de Sony.
El bocado es apetitoso en cualquier caso y Activision ha dejado saber que prepara versiones móviles de varios títulos emblemáticos. Ahí está la clave de esta transacción: uno de los beneficios para Microsoft de adquirir el catálogo de Activision, además de la incorporación de varios superventas, sería el fortalecimiento de su oferta de videojuegos móviles. Los analistas han calculado que de los 184.000 millones de dólares que ingresará la industria de gaming en 2022, más de 92.000 corresponderán a versiones para móvil.
Si se analizan los resultados trimestrales de Activision, 932 millones de dólares – sobre un total de 1.780 millones – han sido aportados por los títulos para móviles. Al mercado le vaticinan un crecimiento del 12,3% antes de 2030, con la demanda india como la más explosiva: con más de 430 millones de jugadores, crecer a un ritmo del 35% a 40% anual.
La cúpula de Microsoft ha tratado por todos los medios de tranquilizar a los reguladores. Smith sabe qué concesiones hacer: ha garantizado a Nintendo los derechos para incorporar Call of Duty en sus consolas y promete hacer lo mismo con Sony si esta abandona su hostilidad a la compra de Activision. No está claro, por el momento, cómo se regularía el segmento cloud, pero salvando estos detalles la operación podría reactivarse. Pase lo que pase en Washington, Brad Smith tendrá que viajar intensamente en los próximos meses: en Bruselas le están esperando.