Si, como se espera, un tribunal de apelaciones de California rechazase el recurso de la administración Trump contra la suspensión en primera instancia de la orden ejecutiva que restringe la entrada en Estados Unidos de ciudadanos extranjeros, aunque acrediten residencia en el país, el caso deberá dirimirlo el Tribunal Supremo. En apenas tres semanas que lleva en la Casa Blanca, Donald Trump ha roto demasiados platos y atizado varios fuegos. El de la inmigración es uno. Advertencia del autor: quien guste de las conclusiones simples, haría bien en no seguir leyendo, porque esta crónica postula que este asunto es complejo, y que hay una dosis de hipocresía en la resistencia empresarial.
En diciembre, en aquella célebre reunión en la Trump Tower, el presidente electo invitó a sus invitados del sector tecnológico a llamarle cada vez que tuvieran algo que decir o proponer. No consta que le tomaran la palabra, pero un mes después buena parte de los asistentes son firmantes de un documento colectivo en el que cuestionan por inconstitucionales las restricciones de entrada en Estados Unidos. De seguir así, Trump acabará tuiteando que Silicon Valley ´es la oposición`, como ya dice de la prensa.
Durante años, la industria tecnológica ha fingido no tener ideología y sólo unos pocos de sus exponentes más conspicuos han tomado públicamente posiciones políticas a título individual. En general, los altos directivos del sector presumen de liberalismo, en ciertos casos se declaran libertarios. El ´relato` oficial sostiene que las empresas son apolíticas y se expresan a través de la innovación; la realidad es que dedican mucho dinero a influir sobre la administración y los legisladores. Últimamente, todos los temas de interés público para estas empresas están siendo subvertidos por Trump: comercio internacional, diversas regulaciones, neutralidad de las redes, fiscalidad y… los visados para personal extranjero.
Algunos directivos que aceptaron sumarse a comisiones asesoras han desertado o buscan el modo menos polémico de salirse del incómodo compromiso, no siempre opuesto a sus ideas. Elon Musk ha sido nombrado para formar parte de una Manufacturing Jobs Initiative, pero sus empresas Tesla y SpaceX firman el manifiesto contra las restricciones de entrada. Tim Cook, fue visto la semana pasada en Washington ´cenando con miembros de la familia Trump`, pero escribió a los empleados de Apple para explicitar su crítica a la orden ejecutiva. Travis Kalanick, fundador de Uber – a quien se considera afín a los republicanos – ha renunciado a sentarse en un consejo asesor y, tras ser objeto de una campaña viral, aportará 3 millones para financiar la defensa legal de sus conductores, muchos de ellos inmigrantes.
Así están las cosas, mientras tres jueces deliberan. ¿Qué explica el movimiento de resistencia precisamente a esta orden ejecutiva de Donald Trump? La prohibición de entrada a ciudadanos de siete países [no los enuncia pero se los identifica como de raíz musulmana] se fundamenta como protección antiterrorista. A priori, no está materialmente relacionada con la actividad o intereses empresariales, pero sienta un precedente que es la batalla subyacente del movimiento.
De todas las promesas que hizo Donald Trump como candidato, la favorita de los empresarios era la reforma fiscal, pero el presidente decidió otro comienzo de mandato. Inesperadamente, los empleados hasta ahora silentes han tomado la iniciativa de movilizarse. Ken Shotts, economista y profesor de Stanford, lo explica con ironía: «si vas por el mundo contando tu sensibilidad social, un buen día tus empleados pueden tomárselo en serio».
Seguramente habrá distintos factores que explican la inusual coalición de 130 empresas firmante del amicus curiae dirigido al tribunal en el que piden a los jueces que rechacen el recurso, validando así el bloqueo de las restricciones. Uno de esos factores sería que un 44% de las radicadas en el Silicon Valley fueron creadas o son dirigidas por inmigrantes, y un 60% de las patentes generadas por esas mismas empresas están registradas a nombre de extranjeros.
Otra estadística es si cabe más reveladora: un informe de Goldman Sachs estima que el 13% de los empleos tecnológicos en Estados Unidos son cubiertos gracias a los visados H-1B; el Bureau of Labor Statistics eleva la cifra al 25%. ¿Podrían ser cubiertos por estadounidenses? El trumpismo dirá que sí, y promete reformar el régimen de visados, las empresas lo niegan. Desde hace tiempo, esta industria reclama que se eleve el máximo de 85.000 visados H-1B anuales [cuota que incluye 20.000 para extranjeros titulados en universidades americanas]. Una proyección del BLS que llega a 2024 indica que el empleo en TI [incluyendo a las empresas clientes] crecería un 12% anual: unos 48.000 puestos de trabajo anuales para responder a la aparición de especialidades [cloud, big data, IoT, etc] hasta hace poco inexistentes.
Es llamativa la gran diferencia entre los 48.000 empleos teóricamente disponibles y los 85.000 visados que, por lo que dice la industria, serían insuficientes. Empresas como Alphabet/Google y Microsoft – por citar dos entre muchas – sostienen que son necesarios más visados para ocupar puestos que no podrían ser cubiertos con personal nativo. Trump replica que «mi prioridad es proteger a los trabajadores americanos, hasta ahora olvidados […]»
Si en lugar de ampliar el número de visados, se redujera como pretende hacer Trump, el efecto sobre el mercado laboral sería importante, por tratarse de una industria que hace uso intensivo de ellos. El número autorizado cada año se ha mantenido fijo desde el 2000, pero las peticiones aumentan regularmente un 6% y superan las 300.000 anuales.
Hay otras cuestiones que considerar: el tipo de empleo que desempeñan, para empezar. Del 86% de los visados H-1B solicitados por el sector TI son beneficiarios los ciudadanos indios, la mayoría contratados por las filiales en EEUU de los grupos Tata, Infosys y Wipro, que han reconvertido una parte de su actividad de outsourcing remoto en ´nearshore`, para estar próximos al cliente. Estas empresas indias prefieren importar programadores jóvenes para así controlar a corto plazo la evolución de su fuerza laboral. Numéricamente, serían las más afectadas si Trump cumpliera su amenaza de «evitar que el empleo de los americanos se vaya a India o China». Al menos una parte del nearshore tendría que volver a sus orígenes offshore, y a saber cómo se reestructuraría el mercado.
Está también la cuestión salarial. Está pendiente de tramitar un proyecto de ley de un congresista demócrata de California que propone fijar en un mínimo de 130.000 dólares la paga anual de un titular de H-1B temporal, equivalente al 85% de la remuneración media de un analista de sistemas en EEUU. Según la prensa india, Infosys paga de media 81.000 dólares a los 25.375 solicitantes que patrocinó el año pasado. Si la compañía de Bangalore tuviera que pagarles 130.000 dólares, sus costes salariales se elevarían y perdería la ventaja de 10 puntos de margen operativo sobre IBM o Accenture, pese a que estas tienen centros de outsourcing en India.
Las compañías del Silicon Valley y otras, como Microsoft, tienen motivos más sibilinos para oponerse a una reforma de los visados. En el régimen actual, los H-1B se conceden por sorteo, pero al parecer la tesis trumpiana es que sólo se concedan «a los más brillantes» y a través de un mecanismo de mercado. Si así fuera, el efecto sería encarecer la puja.
[informe de Mario Kotler]