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Los departamentos de asuntos públicos se hacen más visibles en las estructuras de las empresas de tecnología, solapados entre los servicios jurídicos y las relaciones públicas. Sus presupuestos aumentan, porque los problemas proliferan. Publicidad, privacidad, ciberseguridad, patentes, fiscalidad, inmigración, energía, drones, wearables, protección de datos y pagos móviles son algunos de los dosieres que maneja un ejército de lobistas. A veces, las empresas tecnológicas forman alianzas en unos temas pero lo más frecuente es que sus intereses sólo coincidan, como ahora, en considerar que la vigilancia de la NSA ha sido nefasta para sus estrategias corporativas.
En Estados Unidos, influenciar en las decisiones políticas es considerado como una inversión tan legítima como desvelar preferencias ideológicas o contribuir a campañas electorales. Y el lobby es un negocio moderadamente regulado que, según los registros formales, mueve 3.200 millones de dólares en Estados Unidos (dato final de 2014). Las empresas de TI detentan la tercera plaza, con 380,4 millones, precedidas por los sectores financiero y sanitario. ¿En qué y quiénes se gastan ese dinero?
Un paradigma es Apple, quinta del ranking del sector: ha pasado del olímpico desprecio de Steve Jobs por los políticos a dedicar 4,1 millones de dólares en 2014 (un 24% más que en 2013) para contrarrestar las suspicacias de Washington hacia, entre otros asuntos, el control sobre los datos de usuarios de sus productos, entre ellos HealthKit y el smartwatch próximo a aparecer.
Apple es sólo una de las diez empresas de esta industria que más dinero destinan a actividades de lobby. La que más, Google, que el año pasado gastó 17 millones y tiene una vasta oficina de representación en el DC, calle I entre 11 y 12, dirigida por una ex representante republicana, Susan Molinari. En el ranking del Centre for Responsive Politics – sin sumar las contribuciones a campañas políticas – aparece en segundo lugar Facebook, con 9,3 millones (6,4 millones en 2013), que publica un detallado informe de su actividad para ´evangelizar` a los legisladores acerca de asuntos vitales para ella, como la privacidad y la seguridad, o incluso lograr apoyo diplomático en los países que le ponen trabas.
Amazon tiene varios tentáculos en la capital estadounidense: por un lado, necesita contrarrestar las críticas de sus competidores Microsoft e IBM, disconformes con que la CIA le haya otorgado un contrato de cloud, pero en su faceta comercial se ha visto envuelta en controversias acerca de su proyecto de entrega de paquetes mediante drones, o el mínimo de edad autorizado para comprar aplicaciones. Jeff Bezos tiene una baza adicional que jugar: en su condición de propietario del Washington Post, se le ve a menudo comiendo con políticos en la ciudad donde se hacen las leyes.
Históricamente, Microsoft ha dedicado mucho dinero a actividades de lobby y, pese a ello ha encajado varias derrotas, pero últimamente parecen haber remitido sus contenciosos: su gasto en Estados Unidos ha bajado de 9,5 a 8,2 millones de dólares. En Europa, no obstante, sigue siendo la primera de la lista compilada por Lobby Facts, con 4,5 millones de euros. Un caso curioso es Huawei, a la que el registro europeo de transparencia atribuye un gasto total de 3 millones de euros, en contraste con los modestos 300.000 dólares que habría dedicado en Estados Unidos a combatir, infructuosamente, la hostilidad política que afronta desde hace años.
Aunque los medios norteamericanos suelen quejarse del acoso al que estarían sometidas las empresas de su país en una Europa demasiado regulada, su esfuerzo de lobby en Bruselas es limitado: en total, los 10 primeros de cada lista han gastado 18 millones de euros en Europa y el equivalente a 53 millones de euros en Estados Unidos. Una desproporción que puede explicarse porque en Estados Unidos, la política está imbricada en su contexto operativo. Las múltiples ramificaciones del caso Snowden, y la presión de la Casa Blanca para que las empresas de Internet colaboren con su política de ciberseguridad son temas que tienen gran calado, como ha demostrado la tibia, más que tibia acogida, que ha merecido la semana pasada la visita de Barack Obama al Silicon Valley, territorio donde tuvo en tiempos grandes valedores que ahora prefieren eludirlo.
Parece que Cisco ha dejado atrás una larga serie de trimestres en declive: el cerrado en enero – segundo de su año fiscal – ha devuelto la confianza a los inversores, con lo que la capitalización bursátil subió hasta los 150.000 millones de dólares, cifra desconocida desde noviembre del 2007. Los ingresos crecieron un 7% [11.900 millones] y el beneficio neto subió de 1.400 a 2.400 millones, sorprendiendo a Wall Street por segunda vez consecutiva. La única mancha en los resultados ha sido el retroceso del 1% en las ventas a proveedores de servicios, pero incluso este dato resulta mucho mejor que el retroceso medio del 10% en un año y medio. Es un buen signo, según John Chambers; aunque el capex de esa categoría de clientes seguirá cayendo, Cisco espera mejorar cuota de mercado en detrimento de sus competidores.
No faltaron anécdotas durante la conferencia con analistas. Chambers replicó secamente a Rod Hall, de JP Morgan, quien había sugerido que el negocio de switching [el 30% de los ingresos totales de Cisco] ha tocado techo tras crecer un 11% gracias a las ventas de su renovada línea Nexus. «No estoy de acuerdo en absoluto – replicó el CEO de la compañía – porque me consta que estamos cerrando acuerdos que no hubiéramos podido cerrar hace un año». El pique pudo obedecer a una pregunta anterior de Hall, que le reclamó precisiones acerca de sus planes de sucesión. «[…] la próxima vez que usted sepa algo sobre el tema, Rod, será el día en que yo tenga algo que anunciar». En 2012, Chambers dejó caer que estaba pensando dejar el puesto que ocupa desde enero de 1995 y a partir de entonces, toda mención a la sucesión ha sido acallada en el mismo tono.
A poco que se repasen las cifras del trimestre, es fácil entender que Chambers prefiera consumar los objetivos de una transformación que inició hace más de tres años antes de salir de escena con todos los méritos para seguir como chairman. En términos generales, puede decirse que Cisco ha cambiado en estos años su eje de gravedad, de las telecos a los centros de datos, el software y los servicios. En estos segmentos de negocio [cloud, seguridad, analytics] el crecimiento ha sido de dos dígitos. Por otro lado, su oferta ´convergente` que tiene a medias con NetApp ha desbaratado la alianza con EMC y VMware, y fue encomiada como uno de los éxitos del trimestre «sin solapamiento competitivo».
No anda descaminado el analista Ittai Kidron cuando escribe: «la racha descendente que ha vivido Cisco ha tenido mucho que ver con un exceso de dependencia respecto de los operadores […] he visto a otras compañías hundirse cuando uno o más de estos clientes, tras prometerles que ampliarían sus capacidades, se echaban atrás a la hora de invertir. En una industria tan regulada como esta, las promesas de los operadores suelen ser un instrumento para obtener concesiones, pero luego las inversiones se aparcan hasta que el beneficio esté suficientemente garantizado».
Una de las satisfacciones de las que presumió Chambers ante los analistas fue el haber duplicado la base de clientes de su propuesta de Application Centric Infrastructure (ACI) nombre comercial que aplica a lo que el resto de la industria conoce con la sigla SDN (software-defined networking): de 580 pasó a 970 y luego a 1.700 clientes. «We´re back with a vengeance«, dijo, y como alguien le preguntó si se estaba refiriendo a VMware, la respùesta fue punzante: «Vemos a VMware como un competidor ´aspiracional` al que derrotar, y cuando le derrotemos nos vamos a divertir; quisiera ser mejor persona y poder decir otra cosa, pero así son las cosas».
La apreciación del dólar podría ser un problema en el siguiente trimestre, porque las ventas fuera de Estados Unidos representan el 51% de los ingresos de Cisco. Por ahora, no ha calculado ese impacto, y los resultados son buenos en todas las geografías. En Europa, el crecimiento fue del 7% interanual, claro que la comparación tiene truco: hace seis trimestres, era un 4% negativo y hace un año el 2% negativo. «Cuando vemos que en el sur de Europa hemos crecido un 20%, mi conclusión es que ninguno de nuestros competidores crece tanto en esta región, y algunos ni siquiera crecen». Por lo que se ve, Chambers está pletórico.
A cada paso, la presentación de los procesadores de quinta generación de Intel está dejando un regusto extraño. Durante décadas, el rendimiento y las características técnicas eran la base del discurso corporativo. En esta ocasión, la compañía ha optado por ensalzar aspectos algo más «abstractos». Se habló largo y tendido de la movilidad y la versatilidad en el trabajo, predicando la batería como una ventaja clave de sus nuevos chips. Los nuevos Core vPro prometen una oficina sin cables. Es, de hecho, un cambio de ciclo, y desde que en enero anunciara Broadwell-U para el mercado de consumo, los argumentos se han reescrito para persuadir a las empresas de actualizar sus ordenadores. Leer más
Como cada vez que una tecnología, o un conjunto de tecnologías, es jaleada acríticamente como «nuevo paradigma», se está hablando y escribiendo últimamente sobre Internet de las Cosas como si no planteara incógnitas ni problemas. Es un boom, una promesa de negocios, y por tanto una fuente inagotable de notas de prensa triviales. La industria tiene que tomar posiciones ante un fenómeno que no puede ignorar, y una manera de hacerlo es mediante adquisiciones preventivas.
Según un informe de Ernst & Young (E&Y), 2014 registró el mayor número (959), y el mayor valor (237.000 millones de dólares) de adquisiciones de empresas tecnológicas – en sentido amplio – niveles desconocidos desde los tiempos de la burbuja del 2000. No quiere decir que hoy haya riesgo de burbuja, qué va: por el contrario, E&Y señala que se están evitando los errores de entonces, cuando el fulgor de unos (pocos) éxitos alentó la euforia colectiva a la hora de poner precio a empresas que no tenían ingresos, ni beneficio ni tesorería ni, en muchos casos, nada útil que ofrecer.
En este panorama, el informe destaca el entusiasmo por una categoría «paradigmática»: IoT. Si las previsiones sobre el futuro de Internet de las cosas son atinadas, habrá que resolver problemas de conectividad, seguridad, procesamiento y análisis de la información, sin contar con la habilidad para ajustarse a unos estándares y una regulación que aún no existen. Es la razón por la que se espera un aluvión de adquisiciones en 2015. Ya en 2014, dos de las diez mayores operaciones tuvieron por protagonista a la industria de semiconductores y sensores, precisamente por su interés en controlar tecnologías asociadas al variable perímetro de IoT.
Por otro lado, 451 Research ha puesto números a esta tendencia, al reseñar 60 startups vinculadas a IoT que en 2014 se vendieron por 14.000 millones en total. Cuatro veces más que en 2013 en número, y el doble en valor. Compañías como Google, Cisco, Samsung, Intel y Qualcomm han tomado iniciativas para colocar IoT como uno de los ejes de sus estrategias. Los autores deducen que no se van a quedar quietas en 2015 y que suscitarán imitación a todos los niveles.
Jeff Liu, analista de E&Y, escribe: «las compañías tecnológicas seguirán haciendo adquisiciones para mantener el sorprendente ritmo de cambio y reorientar sus operaciones hacia nuevas realidades del mercado; buscarán gemas ocultas en empresas innovadoras cuyos nombres desconocemos».
Entre las adquisiciones de IoT en 2014 hay que distinguir las horizontales (de infraestructura) de las verticales (de aplicaciones). Entre las primeras, hubo 20 de especialistas en sensores, semiconductores, plataformas de software, seguridad y conectividad. Entre las verticales, la actividad más notoria es la de transporte y logística (11 transacciones), seguida por ese cajón de sastre llamado fitness and healthcare. El resto, no desglosado, correspondería a una miscelánea en la que parece prevalecer el segmento de home automation. Supongo – ninguno de los informes que he visto lo mencionan – que han quedado fuera las operaciones relacionadas con la corriente del coche conectado, que no han de ser pocas pero se registran como otra industria.
Resumo las principales adquisiciones identificadas por 451 Research: los 3.200 millones que Google pagó por Nest Labs, que a su vez compró luego Dropcam por 555 millones; la de Axeda por PTC (170 millones); la de Basis Science por Intel, que sigue reforzando su cartera en estas tecnologías con la reciente decisión, ya en 2015, de Lantiq; el desembolso no revelado de ARM para tomar el control de Offspak, especialista de seguridad embebida; por último, BlueGiga ha caído en manos de Silicon Labs, empresa ascendente en el diseño de semiconductores para M2M. Cisco juega en varios tableros a la vez, pero en el de IoT ha adquirido dos startups indias que previamente había apoyado a través de su fondo de inversiones. Samsung se ha reforzado en este campo, nuevo para ella, con SmartThings, que compró en agosto; desde entonces, ha duplicado el número de aplicaciones para esta plataforma, que espero podamos conocer dentro de unos días en el Mobile World Congress.
El nombre de Lu Wei no nos dice nada, pero la prensa lo identifica a veces como «el zar de Internet en China», título que probablemente le queda corto porque es el número dos del departamento de propaganda del Partido Comunista. De visita en Washington, declaró hace poco que las empresas extranjeras que quieran hacer negocios en su país, deberían preocuparse menos por ganar dinero que por «comportarse como amigos». La frase viene muy a cuento del desenlace hallado al largo contencioso entre Qualcomm y la NDRC, sigla en inglés de la comisión ´de desarrollo y reforma` que se ocupa de vigilar el cumplimiento de las leyes chinas contra las prácticas monopólicas, la corrupción y la evasión fiscal.
La querella se ha cerrado esta semana con una multa de 975 millones de dólares que Qualcomm ha pagado de inmediato, por haber abusado de su posición dominante en el mercado de procesadores y chipsets para smartphones. Al mismo tiempo, la empresa ha renunciado a recurrir la sanción. La cotización de Qualcomm subió un 4% al quedar liberada del problema que ha tenido en vilo a la compañía. ¿Aquí paz y después gloria? No lo creo. El «acuerdo» estipula cambios esenciales en la política de licencias de la empresa en un mercado que representa aproximadamente la mitad de sus ingresos, y puede crearle problemas en otros mercados.
Qualcomm cobraba a los fabricantes chinos royalties calculados en el 5% del precio mayorista de los móviles 3G y el 3,5% de los 4G fabricados en China. La NDRC objetaba este modo de cálculo, sosteniendo que sería más justo relacionar los royalties con el valor de las patentes involucradas. De haberse aplicado esta fórmula, justa o no, los conflictos hubieran sido constantes, por lo que la comisión prefirió no insistir. Por esta razón, el único triunfo del que pudo presumir Derek Aberle, presidente de la compañía, es que la tarifa seguirá intacta. El truco está en que se aplicará sobre el 65% del precio de los dispositivos concernidos, en lugar del 100% como ocurría hasta ahora, por lo que el coste bajará. Aunque China es el primer origen de los smartphones que se venden en el mundo – ya sea por marcas locales o por los contratos de facturación para marcas extranjeras – el riesgo potencial es que clientes de otros países pregunten por la diferencia de tratamiento: de hecho, el resultado es un doble rasero injustificable. Si a esto se añade que el precio mayorista medio de un smartphone ha bajado de 135 a 102 dólares el año pasado, Qualcomm hace bien en seguir buscando otras fuentes de ingresos.
Como parte de la solución, Qualcomm ha accedido a cambiar su práctica de exigir a sus clientes pactos de licencias cruzadas. Esto lo hacía para protegerse contra eventuales disputas, pero también para tener derecho a incorporar esa propiedad intelectual a los productos que vendía a terceros. Esa fórmula penalizaba a los fabricantes que poseen fuertes carteras de patentes, como Huawei o ZTE, y favorecía a otras, como Xiaomi, que carecen de tales activos. Según Aberle, este desequilibrio será corregido.
Las ramificaciones industriales del litigio son varias. Huawei, por ejemplo, ha optado por usar en algunos modelos de alta gama su procesador HiSilicon en lugar de la familia Snapdragon. Recientemente, trascendió la renuncia de Samsung a utilizar el Snapdragon 810 de Qualcomm en su Galaxy S6, que presentará dentro de un par de semanas.
La sanción económica contra Qualcomm equivale al doble del total de multas aplicadas por violación de la ley antimonopolio en 2014, año en el que las autoridades chinas exacerbaron su severo nacionalismo tecnológico. Otras compañías – Microsoft y Google son casos notorios pero no los únicos – han sufrido trabas y amenazas económicas. Un caso singular es el de Intel, que ante ese peligro optó por «inocularse» contra esas amenazas firmando un acuerdo para invertir 1.500 millones en un fabricante chino de chips Tsinghua.
De los problemas de Qualcomm con las autoridades chinas ha sacado tajada MediaTek, fabricante taiwanés que en los últimos tiempos se ha dedicado a seducir a los clientes de aquella. Pero la política oficial es muy clara: desarrollar una industria china de semiconductores; finalidad de una task force dotada de recursos para invertir en el sector e incluso comprar pequeñas empresas occidentales que tengan capacidad de diseño de procesadores especializados.
Simbólicamente, el anuncio tuvo lugar en el New York Stock Exchange, un ritual más propio de una salida a bolsa. Bill McDermott, CEO de SAP, dijo que era el más importante en 23 años, desde el lanzamiento de R/3 ERP, «y quizá en toda la historia de la compañía». La novedad era S/4HANA, versión rehecha por completo de Business Suite que se ajusta a la tecnología in-memory de SAP HANA. Puede decirse que es la ruptura de un modelo contradictorio, de interacción entre las aplicaciones de SAP y la base de datos de su mayor adversario, Oracle. No es casual que el anuncio coincida con el estrechamiento de vínculos entre esta » nueva SAP» e IBM, otro enemigo favorito de Larry Ellison. Leer más
Disculpen si hoy me extiendo, pero creo que el asunto lo justifica. Nunca antes, que yo recuerde, un movimiento del regulador de las telecomunicaciones en España había provocado tal encono entre los actores del sector. La antigua CMT y su sucesora, la CNMC, nos tenían acostumbrados a decisiones que podrían parecer rutinarias, cuya finalidad era corregir disfunciones del mercado o de la competencia: para eso están los reguladores. Es normal que a los regulados les gusten más o menos esas decisiones, según impacten sobre su negocio, pero es un juego que todos conocen. Telefónica, operador dominante o ´incumbente`, siempre ha tenido claro que muchas decisiones del regulador tendrían como resultado una pérdida de peso en el mercado, y sus competidores también han tenido claro que debían azuzar y explotar cada contradicción entre las actuaciones de Telefónica y la regulación.
Vale, voy al grano. La actual controversia sobre la regulación del mercado de banda ancha por fibra [los mercados 4 y 5 de banda ancha, en la nomenclatura oficial] ha introducido un clima de tensión que no recuerdo de antes. Mucho ha contribuido la inaudita moción del grupo parlamentario del PP instando a la CNMC a retractarse de la propuesta de regulación de esos mercados antes de que finalice, el próximo día 23, el plazo de alegaciones en la preceptiva consulta pública. Extraña actitud por parte de los mismos que concibieron y votaron la creación de la CNMC como órgano independiente.
Para los lectores no familiarizados con las peripecias de las telecos, resumo de qué se trata. El origen se encuentra en la transformación del mercado de banda ancha – móvil y fija, residencial y empresarial – desde que Telefónica lanzó sus servicios Movistar Fusión. Los dos competidores principales tuvieron que reaccionar: primero acordando desplegar una infraestructura de uso conjunto, y luego adquiriendo Ono y Jazztel para mejor competir con el ´incumbente`. De manera que Fusión no sólo ha significado una cuantiosa inversión por parte de Telefónica sino que ha acelerado las inversiones de sus rivales.
Pero esta nueva situación tiene que ser regulada. La CNMC ha planteado una propuesta que, entre otros aspectos, supone introducir una oferta mayorista de fibra (VULA) que Telefónica debería poner a disposición de aquellos operadores que quisieran usar su infraestructura pagando un precio regulado [la cuantía sería la clave, pero no ha llegado aún esa fase]. La propuesta excluye – es decir, liberaliza – nueve grandes municipios, entre ellos Madrid y Barcelona, en los que se entiende que hay suficiente competencia.
Cabe en lo posible que, para bajar la temperatura ambiente, en los próximos días la CNMC amplíe (a doce o más) el número de municipios en los que no se aplicaría la VULA, así como incorporar ajustes en ciertos puntos de la propuesta. Dependiendo de la magnitud de los ajustes, tal vez podría extenderse el periodo de consulta pública, con lo que una decisión final del consejo no llegaría hasta bien entrada la primavera. Ocurre que para entonces, la futura normativa se habría cruzado por el camino con otra decisión polémica, la concentración de la TV de pago en virtud de la compra de DTS (Digital +) por Telefónica, otro de los asuntos de confrontación entre los tres operadores.
Con el texto actual, las posiciones están claras. Vodafone y Orange manifiestan que el documento «es un paso en la buena dirección» aunque matizan que «es insuficiente en algunos aspectos». Por su parte, Telefónica no ha tomado posición pública, pero ha expresado su disgusto difundiendo a los medios documentos internos muy críticos con la CNMC. Incluso ha sugerido como inevitable – si se aprobara la propuesta tal cual – la necesidad de recortar sus planes de despliegue de fibra en 2015, de los 5,5 millones de hogares previstos a 3,6 millones, con lo que no alcanzaría a tiempo el objetivo de 15 millones de hogares que se había trazado.
No puedo extenderme aquí sobre un asunto tan complejo, pero sí adelantar tres impresiones personales: 1) el contencioso español acabará decidiéndose en Bruselas, no en Madrid; 2) ha habido un exceso de dramatización por ambos bloques y 3) Vodafone y Orange han tratado de mezclar en la misma batea otro asunto que, si bien está en la agenda de la CNMC, es de distinta naturaleza jurídica y económica, la compra de DTS por Telefónica.
Hasta hace poco, los mismos operadores que en España se enfrentan a cara de perro [yo también dramatizo, ya ven] iban a Bruselas con un punto de vista común: reclamar flexibilidad ante la consolidación entre operadores, que sería un incentivo para financiar las inversiones en redes de nueva generación. Ese frente se ha roto, aunque finalmente cualquier decisión que tome la CE estará fundamentada en el fomento de la inversión, criterio que en el ánimo de los reguladores ha desplazado al obsesivo argumento de protección del consumidor.
¿Qué se puede esperar de la CE? Depende, claro, de la resolución que le envíe la CNMC, pero en cualquier caso primará el contexto europeo, que a su vez quedará influido por el precedente español. Podría dar la razón a Telefónica en la tesis de que si se la obliga a compartir su infraestuctura de fibra, vería amenazada la rentabilidad de sus inversiones por lo que tendría que reducirlas o postergarlas. O, el otro extremo, podría dar la razón a los competidores, que se dicen convencidos de que el despliegue de múltiples infraestructuras carecería de justificación económica y, por tanto, aspiran a compartir la infraestructura del ´incumbente` allí donde no tengan la suya propia, y hacerlo en condiciones que les permitan prestar servicios competitivos y rentables. Queda mucho por escribir sobre el tema.
Durante décadas, networking ha sido sinónimo de hardware: routers y switches con una capa de software de control. Lo fundamental era el hardware, en el que radicaba – y aún radica – el negocio principal de Cisco y de sus perseguidores. Ahí estaba – y está todavía – el beneficio. Pero el mercado ha dado un giro, o varios, y Cisco no quiere ver amenazado su liderazgo. Por tanto, ha renovado el mensaje y pone de relieve su condición de quinto vendedor de software y tercero de software como servicio. En un esfuerzo de concisión, a esto podría reducirse la crónica de Cisco Live, conferencia europea celebrada en Milán a finales de enero. Software, cloud y seguridad fueron tres ejes del evento. Leer más
El consejo asesor designado por Google para encontrar fundamentos de defensa en el delicado asunto del «derecho al olvido» se ha pronunciado recomendando que la compañía establezca tres categorías de reclamaciones, según la relevancia social de los peticionarios: si son figuras públicas, debería ser muy exigente antes de acceder al borrado de enlaces a una información «inadecuada, irrelevante, ya no relevante o excesiva» [terminología de la UE]; sólo quienes no revistan esa relevancia deberían ver atendida sin reticencia la solicitud si se diera alguna de esas circunstancias; en la tercera categoría, que abarca a personas que tengan «un rol público en contextos específicos o profesionales» el borrado debería depender de la naturaleza de la información de que se trate.
Aunque el fallo del tribunal superior de justicia europeo no es recurrible, su aplicación deja zonas grises que la compañía quisiera esgrimir ante los órganos competentes, para ser ella misma quien trace el deslinde y se autoregule. Porque, más allá de las 212.673 peticiones que dice haber recibido hasta ahora, que afectarían a más de 750.000 URL, lo que Google ve venir es una ofensiva más profunda en nombre de la directiva europea de protección de datos.
La tipología que propone el consejo asesor no elimina el subjetivismo, pero podría ser aceptable para las autoridades europeas encargadas de revisar las respuestas de Google a los reclamantes. En lo que probablemente van a chocar las partes es en la soberanía de esos órganos competentes en Europa, pero no al otro lado del Atlántico. ¿Obliga el ´derecho al olvido` a limpiar los enlaces sólo en dominios como google.es y otros sufijos de alcance local o debe extenderse al genérico google.com, es decir al mundo entero? ¿Cómo garantizar la protección de los datos y la privacidad de los sujetos, si una información (inadecuada, etc) puede ser vista mediante el simple recurso de evitar los dominios locales y acceder al buscador global?
El consejo asesor ha salido del paso con una recomendación que rehuye el problema más arduo, el de la jurisdicción: ¿la definida por el lugar donde el navegador interactúa con el navegador?, ¿la de residencia del reclamante?, ¿la ubicación del servidor donde está alojado el contenido litigioso? Es una materia jurídica suficientemente explosiva como para que hayan salido a piarla los sospechosos de costumbre, para proclamar que, si la UE prosigue con su «hostilidad» hacia Google [y por extensión hacia las empresas estadounidenses, escriben los más exaltados] el desenlace no podría ser otro que la fragmentación de Internet.
Es una visión extrema, pero de hacerla circular se ocupan algunos medios empeñados en cocer en el mismo caldo el ´derecho al olvido` con el expediente de infracción antitrust que la CE mantiene abierto contra Google desde hace cuatro años y que la comisaria Margrethe Vestager ha heredado de Joaquín Almunia, que no consiguió desatascarlo. El asunto, dramatiza Tom Fairless en el Wall Street Journal, que «desde Berlín a Madrid, de Londres a París, las compañías tecnológicas de EEUU están siendo atacadas por los estados europeos en nombre de la soberanía […] Este choque enfrenta a gobiernos contra nuevos titanes, a industrias estalecidas contra empresas ascendentes, es el choque entre una cultura americana de hacer negocios sin cortapisas y un contexto europeo sometido a regulación».
La lluvia fina penetra. Entre otras pruebas, un informe del analista Justin Post (Bank of America Merrill Lynch) que baja de nivel su calificación de Google porque, según él, «está expuesta a un serio riesgo regulatorio en Europa». Es altamente llamativo que un ente llamado ICOMP – inspirado y financiado por Microsoft como lobby contra Google – considere necesario advertir que sería irresponsable sacar de quicio estas cuestiones: «no vemos en Europa un ánimo de vendetta ni discriminación contra las compañías estadounidenses».