Salpicado de anécdotas, el caso antimonopolio contra Meta permite atisbar cómo se toman las decisiones en la cúpula de una compañía hecha a la medida de su fundador, el absolutista Mark Zuckerberg. El juicio ha sacado a la luz miles de correos electrónicos y mensajes que los directivos de la empresa habrían querido (too late) tragarse. Para la Federal Trade Commission (FTC) estadounidense, es el último de una serie de litigios contra las grandes tecnológicas, pero se da la circunstancia de que se solapa con otro, iniciado por el departamento de Justicia contra Google. E inesperadamente, ambos enturbian las relaciones de las Big Tech con la administración Trump, de la que esperaban mejor trato.

Mark Zuckerberg

El punto de partida es la acusación contra Meta – entonces Facebook – por presuntamente infringir la legislación para tratar de eliminar toda competencia mediante la adquisición de dos rivales ascendentes. La FTC aspira a una sentencia que obligue a Meta a segregar Instagram y WhatsApp de su matriz. Y, como era previsible, los abogados de Meta rebaten la acusación para, a continuación, pedir la anulación de todo el procedimiento por falta de mérito. Puede que lo consigan.

Así es, por distintas razones, el caso tiene complicado prosperar y hasta se diría que pudo haberse evitado.  Ante todo, las compras de Instagram  (2012, por 1.000 millones de dólares) WhatsApp (2014, por 19.000 millones) fueron aprobadas en su día por el operador sin objeciones. Lo que no es óbice para que en 2025 sigan forzando a que Meta gaste una fortuna en la defensa legal de una decisión que daba por cerrada con cuatro llaves.

El envite de la FTC ha proseguido tras la defenestración de Lina Kahn, nombrada presidenta de la FTC con la misión de atajar las prácticas monopolísticas de las Big Tech. Si con el presidente demócrata se intensifico la ofensiva regulatoria – iniciada, no olvidarlo, durante la primera presidencia de Donald Trump – ahora se recrudece tras la vuelta de esta a la Casa Blanca.

Se dice que esta beligerancia podría originarse en ciertas presiones del vicepresidente JD Vance, protegido político del magnate Peter Thiel, ultraconservador y nacionalista declarado, quien nunca ha visto con buenos ojos los discursos progresistas que habían calado en Silicon Valley. De cualquier forma, es evidente que las consecuencias no pasarán inadvertidas.

El caso de Meta está en manos del juez James E. Boasberg, con jurisdicción sobre el distrito de Columbia y ha tenido choques por otros asuntos con el presidente Trump. La acusación se remonta a una demanda de la FTC en diciembre del 2020, cuando la primera presidencia de Trump tenía los días contados. Se acusaba a la antes llamada Facebook de tratar de bloquear la competencia adquiriendo startups que consideraba como amenazas. Un juez desestimó el caso en 2021 pero la FTC, para entonces bajo el mando de Khan – muy preparada, pero obsesionada con derribar el impero Amazon, replanteó la acusación argumentando que se trataba de una estrategia deliberada. Hasta hoy.

En el presente litigio, la FTC ha presentado emails de Zuckerberg en 2012 en los que decía que Instagram podría llegar a ser “muy disruptiva” para el negocio de Facebook. Además, un informe en el que se señalaba que el motivo para comprar la red social de fotografías era “neutralizar un potencial competidor. Incluso incorpora un email anterior, en el que el CEO  preconizaba comprar es mejor que competir. A estos documentos, Zuckerberg ha reaccionado tildándolos de “pensamiento temprano”.

Para más repercusión pública, el pleito tiene lugar a despecho de todo lo que ha bregado Zuckerberg para mostrarse servil con Trump. Tanto empeño ha puesto y tan confiado parecía estar que en enero, ante un nutrido grupo de inversores, declaró que ahora si había un gobierno que priorizaba la tecnología estadounidense y estaba dispuesto a defenderla en el extranjero. El bueno de Mark destilaba optimismo de cara al 2025.

Se equivocaba. La FTC no se retrajo a la hora de pedir que Meta pagase 30.000 millones de dólares a cambio de retirar la acusación. A lo que la empresa ofreció 450 millones primero y 1.000 millones después. Se diría que había picado el señuelo, pero el regulador no se bajó de los 18.000 millones. Ha de tenerse en cuenta que la multa más alta que haya pagado Meta fue de 5.000 millones de dólares, en 2019, por violación de la privacidad de los usuarios.

Zuckerberg estaba convencido de que Trump le apoyaría, pero el magnate no ha movido un dedo, en parte aconsejado por un círculo de fieles entre los que el más convincente sería el nuevo presidente de la FTC, Andrew Ferguson. De nada sirvió que el jefe supremo de Meta acudiera a cenar a Mar-a-Lago ni que donara un milloncejo para la inauguración del republicano o que zanjara con 25 millones la demanda que Trump le interpuso años atrás por haber suspendido su cuenta en Facebook e Instagram.

Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, Zuckerberg no ha parado de hacer méritos para amoldarse al nuevo orden que reina en Washington [hasta compró una mansión en los altos de Massachussets Ave.]  Ha reducido prácticamente a cero sus políticas de moderación de contenidos en la práctica, como cualquiera puede comprobar, hay en Meta un cambio de tono en asuntos como inmigración y género, a la vez que se deja margen para la propagación de mensajes de odio. Al efecto, Meta ha desmantelado sus equipos de verificación, como el que mantenía en Barcelona, con el pretexto pueril de que nadie mejor que los usuarios para ejercer la vigilancia.

Por si fuera poco, en los últimos meses, directivos de Meta han sido visitantes asiduos de la Casa Blanca para intentar que alguien  ordenase a la FTC cerrar el caso contra la compañía. Muy activo ha estado en ese papel Joel Kaplan, vicepresidente de Asuntos Públicos y destacado republicano al que Zuckerberg ascendió al puesto que ocupaba Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico.

Por ahora, esos esfuerzos han sido vanos. El horno no está para bollos en el caos de la nueva administración. El propio Zuckerberg ha tenido que testificar durante cuatro horas en dos jornadas ante el Congreso, una imagen que la compañía ha hecho lo imposible por conjurar. Para los acusadores, todo el caso se reduce a algo simple: probar la existencia de un intento de impedir la libre competencia. El órgano regulador argumenta que la compañía pagó un precio desmedido por Instagram y WhatsApp – lo han sugerido sus fundadores, una vez fuera de Meta – con la intención de eliminarlas como competidoras.

También ha comparecido Sheryl Sandberg, COO de la compañía entre 2008 y 2022. Su posición se resume en que si Instagram llegó a ser lo que es ahora, se debe a los recursos que le suministró la compradora. Y que ni esta ni WhatsApp habrían llegado a ser tan importantes en la hipótesis de haber conservado su independencia. Dos afirmaciones que, si se les da la vuelta, podrían corroborar la argumentación de la FTC. Todo ha sido en beneficio de la experiencia de los usuarios, ha dejado dicho Sandberg.

Los dimes y diretes son interminables en estos litigios, siempre con la finalidad de desacreditar a la otra parte. Se han presentado testigos para los cuales Instagram ya había hecho las mejoras decisivas en su plataforma antes de recibir la oferta de compra, esta fue la posición de Kevin Systrom, su fundador.

Esta discusión no es una pura mezquindad. La justificación de la libre competencia se basa en que fomenta la mejora continua de los productos y servicios con la finalidad de ganar cuota de mercado. Es decir, que los consumidores se beneficiarían más en condiciones de rivalidad que bajo un monopolio. Sin perder de vista las implicaciones del argumento, los abogados de Meta han traído a colación que sus plataformas afrontan una batalla competitiva para nada enfermiza. A este respecto, citan a TikTok, Snapchat, YouTube, X e incluso iMessage (Apple) como rivales en paridad de condiciones.

La mención de TikTok es relevante porque esta red social de propiedad china está desde hace tiempo en el filo de la navaja, amenazada de prohibición en Estados Unidos, a menos  que su propietaria acepte cederla a capitales estadounidenses. Tampoco es inocente: en Meta saben bien que el estatus de Tik Tok suscita controversias sin fin entre los republicanos y los millonarios que les financian las campañas.

Algunos de ellos recuerdan que cuando esta red social estuvo fuera de servicio, el pasado enero, por orden gubernamental, la actividad en Instagram y en Facebook  – así como en YouTube – subió, lo que probaría que los usuarios tienden a reemplazar una plataforma por otras, sin otras consecuencias. Estos y otros pareceres se harán oír durante varias semanas. Hasta que el juez Boasberg dicte sentencia y la polémica tome otros cauces.