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  6/05/2010

Apple, bajo la lupa reguladora

Apple no abandona los titulares, por una vez a su pesar. El departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos estudian la posibilidad de investigar si las nuevas reglas que Apple impone a los programadores violan la legislación antitrust. Aunque no es oficial, la noticia se da por veraz. En su origen está la acalorada polémica en torno al veto contra Flash, pero su alcance es más largo: pone a prueba el grado de apertura de que pueden gozar los creadores de contenidos que trabajan sobre plataformas móviles competitivas e incompatibles. Google, que presume de ser la némesis de Apple, sigue la jugada con atención.

Steve Jobs
Steve Jobs

Hace un mes, Apple cambió por sorpresa la redacción del acuerdo – jurídicamente, un contrato de adhesión; prosaicamente, lo tomas o lo dejas – que regula el uso de su kit de desarrollo para iPhone OS. Hasta entonces, especificaba que las aplicaciones debían usar exclusivamente API documentadas, pero la nueva cláusula prohíbe expresamente que los programadores escriban aplicaciones que utilicen “una traducción intermedia o una capa de compatibilidad”. Esto equivale a bloquear el uso de numerosos compiladores no aprobados por Apple.

En la práctica, forzaría a los programadores a elegir entre desarrollar aplicaciones que sólo puedan correr en el iPhone – y en el iPad, quién se negaría – o sobre una plataforma neutral que pudieran usarse en una variedad de sistemas operativos. O acaso a duplicar sus costes de desarrollo. En la nueva versión de Creative Suite 5, Adobe ha incluido un componente – ahora inútil – llamado Packager for iPhone – que serviría a los desarrolladores para compilar y empaquetar aplicaciones en Flash y así eludir las trabas de Apple. Desde entonces, la empresa ha anunciado que renuncia a invertir para que Flash sea compatible con iPhone OS por esa vía. Significativamente, recibió el respaldo explícito de Google, Nokia y BlackBerry, mientras  Microsoft guarda las distancias.

Los reguladores federales deberán establecer, ante todo, si esta situación es nociva para el nivel de competencia en el mercado de los smartphones. Su análisis se centraría en dos aspectos; uno, obvio, es la exclusión de software neutral en las aplicaciones del iPhone, pero también puede interpretarse como una coerción que impide transmitir datos a terceros, que afectaría a otros interesados en explotar el goloso negocio de la publicidad en los dispositivos móviles de Apple, en beneficio del sistema propio de Apple.

Los dos organismos deberán, primero, ponerse de acuerdo, lo que no es nada sencillo. Las competencias del DOJ abarcan los aspectos penales de la Sherman Act (ley antimonopolio), mientras que la FTC se ocupa de los intereses del consumidor. Si uno de ellos da un paso más, la apertura de una investigación preliminar, estaría dando pistas sobre la actitud de la administración Obama en estas materias, tras el laissez faire de Bush. La mayoría de los juristas que han opinado estos días sobre el asunto ven pocas posibilidades de que el procedimiento prospere. Según ellos, difícilmente podría probarse una situación de monopolio: primero hay que definit de qué mercado se trata, y si es el de smartphones, Apple tiene una cuota del 16,4%, insuficiente para considerarla posición dominante y, por tanto, no habría abuso.

Es posible, aunque no está confirmado, que fuera Adobe quien tomó la iniciativa de denunciar a Apple por el perjuicio que ha causado a su esfuerzo por promover Flash como herramienta de desarrollo transversal a todas las plataformas. Si la denuncia fuera tramitada, resucitaría un razonamiento similar al que hace doce años empleó el DOJ para denunciar a Microsoft: el “efecto red” derivado de la combinación del sistema operativo iPhone OS y la tienda App Store – más el sistema de publicidad iAd – llegaría a encerrar a los consumidores en un ecosistema controlado por Apple. Los proveedores de contenidos y las agencias de publicidad, podrían llegar a la conclusión de que Apple es demasiado grande para andarse con remilgos. Los memoriosos recordamos que el DOJ fracasó – en segunda instancia – en su pretensión de obligar a Microsoft a escindirse en dos compañías; años después aquéllo sentaría las bases para la separación funcional de Windows y Explorer. Aplicar el precedente al caso actual es una atracción para bloggers ligeros de equipaje, pero ningún catedrático lo avala.

En este contexto empiezan a entenderse los motivos por los que Steve Jobs firmó una carta abierta  en la que enumera sus críticas a Flash. ¿Qué necesidad tenía a estas alturas? El manifiesto puede leerse como una chuleta para reguladores. Gana relevancia el hecho de que Apple contratara a finales de 2009 a Bruce Sewell, ex director jurídico de Intel, que durante años defendió – y perdió, todo hay que decirlo – a su anterior empleador contra las acusaciones de conducta anticompetitiva.

En su edición de ayer, Wall Street Journal “cree saber” que Apple contempla la posibilidad de reescribir sus exigencias de manera que le permita librarse de la amenaza. Aunque así fuera, se antoja imposible que Jobs de marcha atrás en su hostilidad contra Flash. Pase lo que pase, hay una dosis de ironía en el hecho de que Apple, que durante años ha cultivado una imagen alternativa, empiece a ser criticada por su control obsesivo.


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