Para las grandes tecnológicas estadounidenses y las no tan grandes que viven a su cobijo, el AI Action Plan presentado en verano por Donald Trump supone un espaldarazo, al que responden con una ostensible (y ostentosa) adulación. Políticamente, el movimiento desregulatorio traduce un objetivo que todos comparten, ganar a China la partida de la IA. Entretanto, les garantiza que podrán hacer negocios con el gobierno federal durante cuatro años. Introducido con un antetítulo explícito, Winning the race, el documento destierra los últimos restos del enfoque de la administración Biden, tras haber derogado previamente la orden ejecutiva de 2013 que propugnaba unos estándares de seguridad en la IA.
De paso, se contrapone – y presume de ello – a otras regulaciones, en particular la que ha esbozado la Comisión Europea. La Casa Blanca ha tenido el detalle teatral de presentar su plan con los magnates de la IA sentados entre el público, en primera fila el CEO de Nvidia, Jensen Huang. El llamado “Plan de Acción en IA para América” se basa en tres pilares fundamentales, el primero de los cuales pretende acelerar la innovación mediante estas medidas: eliminar barreras regulatorias, apoyar la promoción de modelos de código abierto, y adoptar tan rápidamente como se pueda la IA en los entes del gobierno federal. Segundo pilar: la construcción de infraestructura – centros de datos y fábricas de semiconductores y otro equipamiento – será estimulada con la agilización de permisos medioambientales reducidos a su mínima expresión. La tercera pata del plan consiste en impulsar el liderazgo internacional de Estados Unidos en la IA, con medidas que faciliten la exportación de su tecnología.
Para lograr estos objetivos, el AI Action Plan ha cercenado o limitado el campo de la regulación existente, arropándose en tres órdenes ejecutivas. Incurren en la vulgaridad – particularmente chocante en la traducción española – de los gerundios en serie: acelerando-promoviendo-bloqueando. Ya no sorprende que el plan se defina como un instrumento para “combatir la influencia woke”: su contenido ideológico pretende moldear la forma en que las herramientas de IA ofrecen la información a sus destinatarios. Obviamente, la norma se asienta en la presión de los sectores más conservadores, aduciendo la tesis de que las compañías desarrolladoras han creado modelos con un sesgo progresista o liberal que no son de recibo en la actual administración.
Conviene desgranar el aspecto fundamental que sobrevuela toda la estrategia. El plan propugna “eliminar la burocracia”, entendida como toda regulación que pudiera retrasar el crecimiento de este sector. La primera medida es encargar a la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología del gobierno federal que identifique aquello que obstaculice el rápido desarrollo de la IA. A tal fin, se examinarán las investigaciones, decretos y normas que hayan sido impulsadas por la FTC (Federal Trade Commission) durante el mandato de Biden.
Otra fórmula para incentivar el crecimiento de la IA y consolidar el papel de Estados Unidos será el estímulo a la adopción de la IA en todos los organismos y agencias federales. Poco antes de presentarse el plan, Google, OpenAI, Anthropic y xAI se anticiparon a firmar contratos con el departamento de Defensa por hasta 200 millones de dólares. Justificados, por cierto, con la obviedad de que la IA es clave para afrontar retos críticos de la seguridad nacional.
Si las empresas quieren conseguir más contratos de este tipo tendrán que ceñirse a nuevas directrices. La orden ejecutiva que proscribe la supuesta IA woke dentro de la administración advierte que las autoridades deberán asegurarse de que los sistemas escogidos se regirán por “la verdad y la precisión”. Hablando en plata, que no harán referencia a la desinformación ni a los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) ni tampoco al cambio climático, que ha pasado de tótem a tabú. Da la circunstancia de que el sector de la IA trabaja desde hace años para evitar que los sesgos existentes en la sociedad se trasladen a los algoritmos a través de los datos de entrenamiento. La orden de Trump da la vuelta al relato estipulando lo que denomina “principios de IA sin sesgos” y que, en la práctica, amputan los esfuerzos por desarrollar modelos más neutros.
A partir de ahora, las empresas desarrolladoras de sistemas de IA deberán demostrar que sus principios se ciñen a esta línea ideológica de “neutralidad y búsqueda de la verdad” según el AI Action Plan, como condición para ser contratadas por las entidades federales. ¿Qué implica esto para las empresas? Que los desarrolladores deberán revisar los datos de entrenamiento, los prompts y el alineamiento de valores para cerciorarse de que los resultados de sus modelos no reflejan principios evocadores de la triada DEI. A veces, esto requerirá una modificación de los sistemas para evitar cierto tipo de moderación de contenidos o técnicas de mitigación, que si hoy son estándares en la industria es precisamente para evitar sesgos que discriminaban a las minorías.
La relevancia de los contratos públicos en Estados Unidos, tanto por su cuantía como por su prestigio para atraer clientes en el sector privado, motivará a las compañías a cumplir con estos preceptos sin rechistar. Bien situado en la parrilla de salida está Grok, el modelo de xAI, la empresa de Elon Musk que en la práctica ha absorbida la antigua Twitter.
La estrategia también contempla que la fortaleza de la IA en Estados Unidos se extienda al código abierto. Adquiere relevancia debido a la confrontación con China: así como DeepSeek ha evidenciado las capacidades del gigante asiático, los modelos abiertos estadounidenses deberían actuar como estándares globales.
Todo vale con el fin de exportar la tecnología estadounidense. La Administración Trump ha derogado de facto las normas del anterior gobierno que limitaban las exportaciones de chips estadounidenses avanzados a muchos países. Quienes susurran al oído de Trump opinan que Estados Unidos necesita vender sus chips y su software al mayor número de aliados que sea posible; sólo así se fomentará una IA dependiente de las empresas estadounidenses y que tome distancia de los modelos chinos. Es algo que había pedido OpenAI con el respaldo interesado de Nvidia. Desde luego, seguirá habiendo controles, pero suavizados.
Con esta visión partisana, se ha puesto en marcha un American AI Exports Program liderado por el Departamento de Comercio, cuyo objetivo es el impulso de consorcios liderados por compañías capaces de desarrollar y exportar un paquete tecnológico de IA completo. Además, recibirán facilidades de financiación e incluso inversiones de capital y asistencia técnica. Para ello deberán cubrir todas las áreas: una combinación de hardware optimizado para IA, infraestructura cloud, modelos de IA, datos y sistemas de etiquetado, medidas de ciberseguridad y aplicaciones de IA destinadas a sectores como ingeniería de software, sanidad, educación, agricultura o transporte.
En lo que se refiere a la construcción de centros de datos, la orden ejecutiva ‘Acelerando los permisos federales para la infraestructura de centros de datos’ revoca la firmada por el presidente Biden el 14 de enero de 2025, que se titulaba ‘Avanzando en el liderazgo de Estados Unidos en infraestructura para inteligencia artificial’. No es un mero retoque léxico: la nueva normativa establece fórmulas para obtener permisos ágiles para construir cuanto antes. Se encomienda a la desvaída agencia de protección medioambiental (EPA) que acelere la concesión de licencias ambientales para proyectos que sobrepasen los 500 millones de dólares en costes o que utilicen más de 100 MW de nueva capacidad eléctrica.
La legislación prevé que los departamentos de Interior y de Energía identifiquen y ofrezcan autorizaciones para construir en terrenos federales apropiados. Se mencionan programas de formación para los trabajadores de este tipo de plantas, con la idea de crear una fuerza laboral especializada que hoy es escasa. Este impulso a la infraestructura coincide con las aspiraciones de Nvidia, Intel o AMD. Incluso Google y OpenAI habían reclamado facilidades para estimular la instalación de centros de datos. El alineamiento empresarial con Donald Trump viene rodado, aunque para ello sea preciso silenciar materias incómodas.
Uno de los campos que omite el AI Action Plan es el peliagudo asunto de los derechos de autor, clave en el entrenamiento de modelos. No obstante, el propio Trump ha dejado claro de viva voz su opinión: las desarrolladoras de IA no deberían estar obligadas a pagar por el uso de contenidos con copyright en sus modelos de IA. En China no se andan con miramientos – vino a decir – y Estados Unidos no puede ser menos que su archirival.
Está por ver cómo la Administración Trump hará cumplir su plan. Se necesita movilizar un buen número de agencias gubernamentales y empleados para convertir las órdenes ejecutivas en una realidad. A la espera de saber cómo se mueven las aguas, al sector tecnológico se le han abierto todas las puertas posibles para el desarrollo de la IA.
[informe de Pablo G. Bejerano