“Es falso que Europa se esté quedando atrás”, declaraba esta semana Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, en vísperas de su visita a Madrid. Puede que fuera una marca de estilo o una frase para salir del paso, pero esta negación de la realidad sorprende en alguien con larga experiencia ministerial y empresarial: Breton ha sido presidente de France Télécom, ministro de Economia y CEO de Atos. Sólo unos días antes, había presentado al alimón con Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión, un paquete llamado Estrategia Digital Europea en cuyo objetivo explícito es restaurar la soberanía de la UE tecnológica frente a unos rivales globales llamados Estados Unidos y China.
Margrethe Vestager y Thierry Breton
Esta estrategia rehuye mirarse en el retrovisor de las “agendas digitales” 2010 y 2020, iniciativas europeas tan dispendiosas como fallidas. Esta vez, no es una agenda sino tres documentos: una declaración general bajo el título Shaping Europe´s digital future, otro que esboza políticas dirigidas a convertir el bloque de 27 países en líder de una sociedad impulsada por los datos y un Libro Blanco de la Inteligencia Artificial como tercera pieza.
Este último es probablemente el más elaborado: reconoce que la mayor parte de las inversiones en IA y el 85% de las patentes afines tienen uno de estos dos protagonistas: Estados Unidos y China (últimamente los científicos estadounidenses se quejan de la ventaja adquirida por el gigante asiático). Los indicadores atribuyen inversiones significativas en IA a otros dos países: Reino Unido e Israel. En esencia, lo que el Libro Blanco expone es una voluntad política de movilizar las capacidades europeas (ahora privadas de las británicas) en ingeniería y matemáticas para recuperar posiciones en la escena mundial. Una primera versión del plan de acción deberá presentarse en el plazo de 100 días, compromiso avalado de buena gana por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, necesitada de mostrar un dinamismo que la CE había perdido en el sumidero del Brexit.
Vestager, inspiradora notoria de esta Estrategia Digital, ha ganado más poder en la nueva Comisión en la que también ocupa la cartera de Competencia. Está por ver su sintonía con Breton, persona de muy distinta trayectoria. La comisaria danesa ha dicho en su comparecencia conjunta que el objetivo político es evitar que Europa quede rezagada en la carrera por la innovación.
Las primeras reacciones han sido tibias. El columnista Wolfgang Münchau, por ejemplo, considera que este white paper condensa tres actitudes: “el temor ante un futuro digital desconocido, la necesidad de protegerse contra sus consecuencias y una complacencia inherente a la fe en que la regulación todo lo arregla”. De las tres, a parecer de Münchau, prevalece la tercera. El problema – que ha reconocido la vicepresidenta Vestager – es que la UE ya dispone de instrumentos legales en teoría suficientes para regular los usos de la IA, pero sufre el problema de cómo hacer que sus estándares éticos sean respetados por las empresas extracomunitarias, cuando la propia Europa no tiene fuerza competitiva en ese ámbito. En este sentido, de poco valdría esgrimir la amenaza de sanciones económicas, arma que Vestager ha aplicado con rotundidad en su primer mandato.
Otra objeción plausible, por ahora en voz baja, apunta que los avances reales en IA [más allá de esas aplicaciones mediocres que se venden con la etiqueta oportunista de “inteligentes”] suelen estar muy influidas por las prioridades de la Defensa, un atributo con mayúsculas que la UE no reúne, al menos colectivamente.
La opinión de Digital Europe, órgano que agrupa a 24 ´patronales` de las TIC, es positiva, aunque matiza que toda nueva regulación debería limitarse a los aspectos de verdadero riesgo para la sociedad.
Por parte de la Comisión, la presidenta von der Leyen y la vicepresidenta Vestager han creído oportuno sazonar su planteamiento con la promesa de movilizar recursos para la I+D europea en materia de IA, promesa que no deja de ser aleatoria a la vista del pesimismo que ha dejado la primera ronda de negociación para cuadrar las cuentas de la Unión en un contexto de bajada de ingresos y multiplicación de demandas insatisfechas. De alguna otra partida tendrán que salir los recursos para la Estrategia Digital.
El llamado Libro Blanco es, en realidad, una suerte de hoja de ruta sobre la que deberán trabajar los estados miembros durante todo 2020. El hueso más duro de roer, sobre el que a priori hay opiniones contrapuestas, es el reconocimiento facial. El documento aborda cuestiones como la seguridad, la responsabilidad y los derechos fundamentales. Acuña la sugestiva categoría ´IA de Alto Riesgo` para identificar aquellas prácticas que se desarrollen en ámbitos como el empleo (procesos de selección) y sanidad, en los que valora la necesidad de mayor rigor en los controles y certificaciones, para evitar sesgos raciales y sexuales.
Combinando el vigente Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) con una revisión del marco legislativo, se propone paliar riesgos sobrevenidos como la falta de transparencia en los algoritmos de IA, el poco previsible comportamiento de los dispositivos IoT o los cambios de funcionalidad que experimentan algunos sistemas con posterioridad a su instalación primera. La lista incluye el polémico reconocimiento facial que, en parte, está contemplado en el RGPD pero se está abriendo camino mal que le pese a la sociedad civil.
El segundo documento presentado, centrado en los datos, está llamado a ser una piedra angular de lo que Vestager llegó a calificar como “segunda oportunidad para que Europa asuma una posición de liderazgo mundial”. La receta consistiría, además de la influencia ejemplarizante del RGPD, en una imaginativa propuesta de custodia e intercambio de datos entre empresas y administraciones. A fin de cuentas, más del 90% de los datos acumulados está en manos de empresas extracomunitarias y, lo que escuece más todavía, los beneficios que genera su análisis no repercuten sobre Europa.
En la estrategia de datos tendrá un papel destacado Thierry Breton, quien tal vez sea el miembro de la Comisión más versado en la materia. Tendrá como misión encontrar el improbable equilibrio entre la protección de la privacidad y la innovación empresarial. Ya han salto las primeras alarmas: la directora general de DigitalEurope, Cecilia Bonefeld-Dahl, pese al tono de bienvenida, puntualiza que “las compañías necesitan acceder a un gran volumen de datos, sobre todo para las aplicaciones de IA [por lo que] deberán ser estimuladas a compartirlos”. Sugiere Bonefeld-Dahl la adopción de sandboxes como ayuda para que se prueben diferentes modelos de compartición según a qué sectores afecten.
Hay voces que hablan de un “mercado único de datos” o de una gran nube europea construida a partir de federar las nubes nacionales (sic) de los 27 estados miembros. Suena pretencioso y un poco naif pero valiente. Queda la incógnita de si esa nube, que se financiaría con 6.000 millones de euros, (2.000 millones aportados por la CE) podrá ocupar un espacio propio al lado de los titanes privados inmensamente ricos.
Como el papel lo aguanta todo, la CE declara su convicción de que sabrá crear espacios comunes de datos, marketplaces o plataformas de intercambio, suficientemente robustos y seguros – definirlos queda como tarea para finales de año – en los que a partir de 2022 las empresas puedan agrupar e intercambiar sus datos para fomentar la innovación y la puesta en marcha de nuevos servicios y aplicaciones. Un ejemplo sería la Sanidad, en la que la iniciativa no sólo se considera deseable sino imprescindible para evitar abusos.
Antes de llegar a ese punto, la estrategia requerirá una “acción legislativa” – que deberá ser aprobada por los 27 y sometida al muy fragmentado Parlamento – no antes de 2021, claro está. Su función sería garantizar que los intercambios estarán debidamente regulados
Mientras llega ese momento, las primeras observaciones que ha merecido el planteamiento de la CE subrayan la necesidad de definir estrictamente qué tipos de datos serán susceptibles (eventualmente obligatorios) de compartición, así como la delicada cuestión de quién tendría la responsabilidad legal. Parece evidente – aunque por ahora el lenguaje sea de cortesía – que se perfila un choque potencial con los custodios designados por el RGPD, que ya han marcado límites porque su prioridad es la privacidad, no el intercambio. En este punto, reaparece la opinión de DigitalEurope: “nos preocupa que un eventual intento de hacer obligatorio el intercambio por el peligro de sabotear el objetivo primordial, la innovación”.
He ahí un conflicto de intereses previsible. Abrir los reservorios de datos a una mayor transparencia no será fácil ni forzosamente deseable. Muchos de los recopilados por los colosos de Internet conciernen a la interacción entre usuarios que estas compañías consideran como un valioso activo del que harán lo imposible por no desprenderse.
En esta fase de calentamiento, tales compañías procuran hacer buena letra. En enero, de camino a Davos, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, se entrevistó con la comisaria Vestager, preludio de esta frase apaciguadora: “estoy convencido de la necesidad de regular la Inteligencia Artificial”. También Mark Zuckerberg aprovechó una visita a Bruselas – coincidente con la publicación de un artículo firmado en el que proponía la regulación – para destacar que la portabilidad de datos podría desafiar el principio de privacidad de los usuarios que los han confiado a compañías como la suya. A estos comentarios ha correspondido Breton señalando que “la guerra por la industrialización de los datos apenas ha empezado y Europa será uno de sus campos de batalla”.
Sobre estas bases, la UE quiere y necesita marcar la diferencia. Recuperar – o adquirir, que quizá fuera el verbo adecuado – su soberanía tecnológica implicaría que los datos de los ciudadanos europeos no sólo dejen de estar al albur de leyes como la Cloud Act estadounidense – o la legislación china – sino que respondan a un estándar negociado. La Comisión von der Leyden apunta alto, muy alto, sabiendo que llegará la hora de rebajar la mira. Porque la ambiciosa Estrategia Digital encontrará resistencia externa: Pichai y Zuckerberg parecen buenos chicos, pero sus lobistas se conocen todos los trucos. Además de pasar por la prueba presupuestaria y de acomodarse a los raseros de 27 estados que no han sido capaces de llegar a un consenso sobre algo a priori fácil de compartir como la así llamada Tasa Google. Complicado, ¿no?
[informe de David Bollero]