No hay empresa que aguante tres escándalos financieros en seis años. O sí, como Toshiba. El endogámico capitalismo japonés ha sido demasiado complaciente con una de sus corporaciones más venerables: buen dinero le cuesta. La última sacudida ha sido provocada por las maniobras que trataban de contrarrestar – con complicidades gubernamentales – la influencia de los inversores extranjeros. El desenlace provisional sugiere que la fuerza de los fondos ´activistas` crecerá gracias a las destituciones en cadena. La remoción casi completa del consejo de administración es síntoma de las resistencias a la modernización de la gobernanza corporativa, diseñada por el anterior primer ministro Shinzo Abe.
En esta oportunidad, la piedra del escándalo ha sido el informe final de una investigación externa, promovida por accionistas de Singapur, cuya conclusión demostró que los directivos de Toshiba conspiraron el año pasado para limitar la representación de inversores extranjeros en el consejo.
La gravedad del asunto está en que uno de los elementos del programa conocido como Abenomics, lanzado por Abe en 2013, ha consistido en propiciar la reforma estructural de las empresas niponas, en consonancia con la necesidad de atraer capitales occidentales. A diferencia de lo que ocurre en los países occidentales, los private equities (fondos de inversión que toman posiciones estables en el accionariado de las empresas), están poco presentes en Japón: sólo un 8% de las fusiones y adquisiciones en el país se hacen apalancadas por esta modalidad de inversión (en Estados Unidos la proporción sube al 15%). Los porcentajes enmascaran el hecho de que el año pasado el total de activos gestionados por private equities equivalía a 35.000 millones, el doble que cinco años atrás.
No es suficiente con que el nuevo emperador Maruhito haya proclamado la era Reiwa. Está diagnosticado que un mal endémico de las empresas japonesas, que ha mantenido a distancia a los inversores de fuera del país es la antigua práctica de participaciones cruzadas entre grupos: condicionan la composición de los consejos y actúan como blindaje colectivo de los directivos – que normalmente han hecho toda su carrera dentro de la empresa – protegiéndolos ante cualquier exigencia de rendir cuentas.
Conscientes de estos y otros contrastes culturales, los inversores foráneos han procurado mantener una actitud tibia, menos agresiva que la que se estila en Estados Unidos o Europa. Se lo pueden permitir, porque el retorno que obtienen sus inversiones en Japón es varios puntos más alto. En el caso de Toshiba, donde controlan el 20% del capital, pero hasta ahora se les había negado un tratamiento equivalente.
La reacción ha sido fulminante. El último en perder su puesto ha sido el presidente del consejo, Osamu Nagayama, cuya caída se veía venir desde que dimitió su protegido Nobukai Kurumatani, en abril. Procedente de la banca, Kurumatani fue el primer CEO en décadas reclutado por Toshiba fuera de la compañía. Lo que pudo parecer una voluntad de renovación, acabó siendo motivo de conflicto cuando el CEO presentó al consejo un esbozo de oferta de compra elaborado por el fondo CVC Partners, que valoraba el conglomerado Toshiba en 20.000 millones de dólares. Que Kurumatai hubiera sido antes responsable de CVC para los mercados asiáticos, le hizo sospechoso de querer salvar el pellejo tras haber participado en la conspiración del año pasado.
Para contar toda la historia, es preciso remontarse al error garrafal que cometieron gestores anteriores al reforzar el peso de Toshiba en la industria nuclear comprando la estadounidense Westighouse Electric. La quiebra de este negocio provocó un descalabro en cascada, sumado al escándalo por malas prácticas contables durante un lustro. El episodio llevó a un descabezamiento de directivos y a la expulsión de Toshiba del primer nivel del ranking bursátil Topix.
Se vio obligada a vender varias unidades de negocio, como la del sector médico, la informática y la propia rama nuclear, así como a aceptar la aportación de 600.000 millones de yenes de inversores extranjeros. Esto dio entrada a fondos que no tienen costumbre de ser pasivos, como Effisimo Capital Management y 3D Investment Partners, ahora metidos de lleno en la batalla por tomar el control de las decisiones.
En este contexto, puede sorprender que la acción de Toshiba haya experimentado una subida del 57% desde la primera sesión de 2021 y el cierre de anteayer. La explicación más plausible es que los inversores están atentos a la proximidad de una oferta pública de venta de Kioxia, el rentable negocio de memorias que Toshiba se ha visto obligada a segregar y del que todavía retiene un 40%.
Lo verdaderamente llamativo es la reacción en cadena provocada por la actitud de los inversores extranjeros que detentan el 20% del capital. En la junta de accionistas no sólo mostraron su insatisfacción: los cambios en el consejo no hubieran sido aprobados sin su consentimiento explícito y sin la constitución de tres comités – entre ellos el de auditoría – presididos por profesionales no japoneses.
Es un profundo cambio de paradigma. Por primera vez en una gran corporación nipona los inversores responsabilizan al consejo de administración, algo insólito en una cultura corporativa apegada al tradicionalismo y con un respeto sagrado por la jerarquía. Como de algo sirven las hemerotecas, se ha recordado estos días que en 2011 un fraude contable en Olympus provocó la estrepitosa caída en desgracia del CEO – ciudadano británico, por más señas – culpable del atrevimiento de desvelar unos hechos ocurrido antes de su fichaje y de los que hubiera sido cómplice en caso de silenciarlos.
Han pasado diez años y, entretanto, la doctrina de Abenomics sigue vigente pese a que su creador tuvo que dimitir en septiembre como primer ministro por enfermedad. Yoshihide Suga, su antiguo jefe de gabinete, se ha revelado como un sucesor mediocre, incapaz de gestionar la pandemia y criticado por sus vacilaciones ante la celebración de los Juegos Olímpicos.
Sobre este telón de fondo, el episodio vivido por Toshiba importa por su cualidad de precedente. Es probable que impulse a inversores extranjeros en otras compañías a presionar con más ahínco una vez demostrada que es posible cambiar los malos hábitos de la clase empresarial local. No es poca cosa: según un informe de IT Japan Holdings, los capitales foráneos están representados en la mitad de las compañías del índice Nikkei. No es una gran diferencia porcentual con lo que ocurre en Wall Street, pero hasta ahora no habían hecho patente el poder de que disponen, pero no habían ejercido.
De todo lo anterior se desprende lo contrario de lo que el titular de esta crónica parece sugerir. Japón ofrece buenas perspectivas. No sólo en las grandes corporaciones sino también en las medianas, muchas de ellas familiares, pero sin una línea de sucesión clara. Influir en los métodos de gestión podría ser la llave para una toma de control que, potencialmente, daría motivación patriótica a un conflicto diferente. Lo único que se puede afirmar en este momento es que el caso de Toshiba se recordará como el punto de inflexión en las relaciones entre el empresariado japonés y la inversión extranjera.
[informe de Pablo G. Bejerano]