Quejarse a estas alturas de la mercantilización de Internet sería más ingenuo que hace diez años. De custodiar su neutralidad se han ocupado dos entes supranacionales – ICANN e Internet Society – apreciable instrumento que, con más o menos acierto, han atravesado fases de cuestionamiento político sin mancharse más de lo inevitable. Hoy se asiste al riesgo de fragmentación en dos esferas de influencia geopolíticas. Pero lo que nadie previó es que un inversor de dudosa trayectoria se adueñaría del dominio .org, investido de la idea de buena voluntad que ha sido un rasgo original de la llamada “red de redes”, convertida perversamente en una mercancía como cualquier otra.
El creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, se ha declarado muy preocupado por la venta: “sería una triste parodia que un registro de interés público pasara a manos de intereses privados”. Se impone una explicación urgente, sostuvo el científico británico. No es la primera vez que Berners-Lee se indigna ante el cariz que ha tomado su invento
La entidad que hasta ahora se encargaba de llevar el registro del nombre de dominio .org, la Internet Society (ISOC) lo hacía a través de una rama ad hoc conocida como PIR (Public Interest Registry). La vocación altruista que sugieren estos nombres no ha impedido que la ISOC cambiara su estatus jurídico, acto necesario para luego ceder esa actividad como paso necesario para hacer viable la venta a Ethos Capital, una firma de inversión creada el año pasado, al parecer con esa exclusiva finalidad.
El simbolismo del dominio .org ha sido tal que algunas organizaciones decidieron incluirlo como coletilla de su propia marca [lo mismo que ciertas empresas han hecho con .com]. Parecía universalmente aceptado que la gestión de .org debía estar al margen del mercado de compraventa de dominios. Esto explica la amarga decepción de las organizaciones sin fines de lucro y la alarma de los defensores de los derechos en Internet, como Electronic Frontier.
No es una pamplina idealista. El .org ha seguido siendo un baluarte de espíritu comunitario, de los pocos que quedan con el espíritu fundacional que preconizaba la libre difusión del conocimiento y una comunicación abierta, antes de que aparecieran los especialistas en monetización del tráfico. Se entiende así el aluvión de críticas que ha caído sobre la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y la ISOC.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales ha pedido a la ICANN que bloquee la venta, a lo que estatutariamente podría tener derecho. El foro de la entidad ha recibido un récord de quejas. Unos comentarios no se fían de la estabilidad de las tarifas de registro de .org, aunque Ethos ha dicho que los congelará para las “auténticas” ONG. Otros han reavivado el viejo debate sobre el propio estatus de la agencia, sujeta por domicilio (pero no por votos) a la jurisdicción de Estados Unidos.
No sería menos ingenuo creer que todo lo que reluce en .org es oro. Este dominio ha sido a menudo utilizado como herramienta de marketing – sin ir más lejos por Facebook, que ha registrado internet.org como señuelo de sus planes de expansión en el Tercer Mundo – o para dar credibilidad a una determinada marca asociada. Ha ocurrido así, precisamente, porque el .org ha estado accesible para cualquiera con pocas exigencias, al revés de .gov o .edu, reservados exclusivamente a instituciones públicas o académicas.
El dominio .org fue creado a mediados de los 80 y desde entonces es uno de los llamados top level; para gestionarlo nació en 2002 la entidad Public Interest Registry, que adquirió los derechos anteriormente en manos de Verisign. Desde entonces, la renovación de un dominio con este sufijo ha costado 10 dólares, pero en marzo pasado ICANN propuso eliminar el límite de precio, lo que se concretó en mayo de 2019. Ya entonces se elevaron críticas por no haber estudiado el impacto de una iniciativa aparentemente banal. De aquellos polvos vienen estos lodos, nunca mejor dicho.
La inquietud llegó a su apogeo con el anuncio de Ethos Capital. A los críticos les preocupa que se pierda la transparencia que era obligada bajo el régimen de interés público. Aunque tal vez tenga más relevancia otra sospecha: una sustancial subida de precios porque obviamente el inversor busca rentabilidad: en este momento, hay más de 10 millones de dominios .org registrados.
Sólo con subir de 10 a 20 dólares la tarifa, se aseguraría unos ingresos de 200 millones, a los que podría sumarse el negocio derivado del impulso a un mercado de compraventa de dominios especialmente notorios. En comparación con los ingresos potenciales, los costes de mantenimiento son mínimos.
La dimensión política del problema puede medirse por el hecho de que ya en los últimos tiempos con el marchamo que da el dominio .org se han amparado entidades que niegan el papel humano en el cambio climática, fingiendo ser organizaciones científicas. A partir de esta manga ancha, todo abuso es posible.
El malestar entre la comunidad de Internet crece porque la venta huele a clientelismo. Erik Brooks es la cara visible de Ethos Capital, constituída al día siguiente de que se levantara el límite de precio a estos dominios. Hasta entonces, había trabajado como broker en la misma empresa que Fadi Chehade, quien fuera CEO de ICANN hasta 2016. Chehade declara ser solamente asesor de Ethos, pero se hace difícil creer en las coincidencias, cuando hay otros nombres cruzados. Es munición suficiente para quienes piden el bloqueo de la operación.
En honor a la verdad, no es el único caso de inversores interesados en adquirir derechos como registradores de dominios. En 2011, los fondos Silver Lake y TCV adquirieron GoDaddy por 2.250 millones deuda incluida, la sacaron a bolsa cuatro años después y desde entonces han multiplicado su valor. En 2017, Golden Gate Capital se hizo notar por los 2.900 millones que pagó por Neustar, proveedor de servicios para la gestión de nombres de dominio. El año pasado, Siris Capital compró Web.com por 2.000 millones. Hay demasiados tiburones, por lo que surgen preguntas. ¿Los dominios son un mercado? Claro que sí, y no desdeñable. ¿Es transparente? No, es cada vez más opaco. ¿Responde al e interés público? Cada día menos.
[informe de Pablo G. Bejerano]