Si el pronóstico se cumple, al cierre de 2022 las administraciones públicas españolas habrán dejado atrás aquella recurrente imagen de eslabón débil de la inversión en tecnologías de la información y la comunicación. La inversión prevista en este capítulo debería rozar y eventualmente superar los 6.000 millones de euros. Sin duda un registro histórico, que sería un 13% más alto que el de 2021 y, lo que resulta más llamativo, un 77% superior a la cuantía alcanzada en 2019, año anterior a la pandemia que lo ha cambiado todo. Por ahora, el primer semestre de 2022 ha marcado tendencia, al situar a las AAPP como un factor dinamizador, el 12% de la inversión total de España en las TIC.
Estas cifras, que por segunda vez para este blog explica razonadamente Carlos Canitrot incorporan un factor esencial: en 2022 se espera adjudicar a programas TIC de naturaleza pública 1.196 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Que, es bueno saberlo, contemplan una cifra de casi 4.000 millones [exactamente 3.974,4 millones] de euros a lo largo del período 2021/2025.
Aunque sea prematuro, ¿cómo se supone que acabará el año?
Con otro récord. Normalmente, el primer semestre equivale a un 40% del total anual, por lo que podemos esperar que 2022 será otro año histórico. Ya lo ha sido de enero a junio, con 2.373 millones de euros, un crecimiento del 13,1%, que ya es notable. Y esto después de un 2021 que se cerró con 5.296 millones.
Esas cifras merecen explicación
No es un misterio que se deben a la confluencia de dos factores: los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MERR) a la vez que un aumento de las partidas TIC en los Presupuestos Generales del Estado. Si, como cabe suponer, se mantuviera la tendencia, al final de 2022 la inversión pública en TIC estará muy cerca de los 6.000 millones. Nada más y nada menos que un 77% más que el año anterior a la pandemia.
¿Se trata de millones disponibles?
Si, así es. Nuestro barómetro sólo mide cantidades adjudicadas, aunque como es natural no todas están ejecutadas al cierre del período.
No le vamos a buscar virtudes a una desgracia, pero la pandemia ha destapado el frasco de la inversión TIC en el sector público.
[…] Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la contratación y compra de infraestructura, tanto de software como de hardware, para asegurar la continuidad del trabajo de los funcionarios, que pasaron a hacerlo desde sus casas. Ha sido una adaptación forzoso a las circunstancias, que las Administraciones han sabido hacer muy bien . Es verdad que desde entonces el teletrabajo se ha ido moviendo hacia el trabajo híbrido y que probablemente esta será la tónica del trabajo en las Administraciones allí donde sea posible y eficaz. La infraestructura se ha quedado, seguirá siendo útil y los números demuestran que ha crecido. Hay otro factor a tener en cuenta: la pandemia ha conseguido que ciertos servicios digitales que no estaban del todo bien desarrollados hayan gozado de inversiones que los han potenciado, casi de la noche a la mañana.
A propósito, si damos credibilidad a los indicadores, la posición de España en el cuadro europeo habría mejorado […]
En el conocido índice europeo de la Economía y Sociedad Digital (DESI, en inglés) España está en séptima posición, pero en los marcadores de servicios digitales aparece segunda. Lógicamente, esto se debe a que se ha invertido mucho para garantizar la prestación continuada de esos servicios al mayor número posible de ciudadanos y empresas. No es que antes estuviéramos mal, pero ahora estamos mejor […]
Ese salto cuantitativo indicaría que se ha pasado exitosamente de la emergencia a la urgencia y luego a una normalización. ¿Qué debería pasad a partir de ahora?
El barómetro no se ocupa de predecir sino de diagnosticar. El tránsito que usted menciona se produjo entre 2020 y 2021, hasta que ha entrado la variante de los fondos europeos. Aparentemente, loa MERR están poniendo menos énfasis en la infraestructura y equipamiento para los empleados públicos, como pusieron en una primera fase […] pero tomamos nota de que en prácticamente todas las partidas presupuestarias se están incorporando dos componentes, la nube y la ciberseguridad; tal vez esta sea la respuesta a su pregunta.
Por ahora, este flujo de recursos parece sostenible e incrementable […]
Le vemos recorrido ascendente.
¿Ha cambiado la composición del gasto, si se desglosa según los tres niveles de las AAPP y según las tres grandes categorías de las TIC? ¿Hay algún movimiento que merezca comentario?
Primero, le recuerdo que estamos hablando del 30 de junio, por lo que las tendencias no pueden considerarse como anuales. Dicho esto, los servicios siguen siendo la parte más importante, con 1.277 millones de euros y un crecimiento del 33,4%. Lo que se está viendo – y puede distorsionar algo la estadística – es una tendencia a adquirir el hardware y el software como servicio. En sentido estricto, no son servicios sino una forma de adquisición que permite a las AAPP no tener que desembolsar de golpe el precio de ese equipamiento: las partidas tradicionales de hardware disminuyen y las de licencias de software crecen la mitad que los servicios, pero está creciendo otro modo de adquisición. Hace aproximadamente, la Administración General del Estado decidió que aunque se compraran como servicio, esta era sólo una forma de comprar, pero debían considerarse infraestructura.
¿Ha habido cambios en las bases de contratación? Por ejemplo, en las partidas presupuestarias indican hardware, pero se compran con un modelo de servicio.
Es lo que decía: aunque el pliego ponga hardware, se establece un modo de pago diferente al que se ha aplicado tradicionalmente. No hay necesidad de redimensionar los presupuestos: se considera una forma de comprar, como lo es el renting. Ejemplo corriente son las impresoras: para comprarlas no se cambia la nomenclatura, simplemente se pagan en diferido.
Por lo que veo en el resumen del primer semestre el 29l% del total ha sido adjudicado a los siete primeros proveedores y de ellos la mayor cifra ha correspondido a un terceto: Telefónica, Indra y NTT Data. No veo gran variación con años anteriores. ¿Tan estables son los criterios de adjudicación?
No creo que los criterios hayan cambiado, aunque aventuro que el precio puede estar perdiendo peso como factor en ciertas licitaciones. En este semestre, en lo que llamamos Top 7 aparecen Inetum [nota: antes Informática El Corte Inglés], Oracle, Seidor y una UTE entre filiales de Telefónica e Indra.
No faltarán quien diga que siempre son los mismos […]
Se equivocaría: de hecho, de los siete del primer trimestre, en el siguiente se han caído de la lista T-Systems y DXC. La continuidad es relativa, pero suele obedecer a que los grandes proyectos se adjudican a proveedores que, a juicio del organismo, ofrecen más seguridades en la ejecución. Al 30 de junio, teníamos registrados más de 4.000 adjudicatarios este año que han ganado 1.191 contratos.
[…] El 29% entre siete proveedores se puede considerar como una concentración alta.
No necesariamente. En muchos casos, hay raíces históricas que lo explican: cuando se trata de renovar un contrato, el adjudicatario anterior tiene la ventaja de conocer aquello que se está haciendo, lo que no significa que esté adjudicado, ni mucho menos: es un procedimiento abierto y transparente. No es diferente de lo que ocurre en la empresa privada.
¿Es correcto suponer que el número de contratos ha subido? ¿Cuál ha sido el valor medio por contrato?
En número han aumentado mucho, pero no tanto en tamaño. El valor medio ha sido de 272.000 euros, un 2,3% de variación interanual
¿Cómo se computan los contratos plurianuales?
Todo el monto en el año de adjudicación, otra forma de calcularlos sería imposible. Un ejemplo clarísimo es el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) de Cataluña, que este año no ha tenido un megacontrato como en años anteriores […]
Y en consecuencia, Cataluña ha perdido el primer puesto entre las CCAA que solía ostentar.
Efectivamente. Por esta razón, en el semestre ha pasado de invertir 285 millones a 193,5 millones, un 32% que puede sorprender a quien no conozca esa circunstancia. Además, ha quedado segunda al ceder el primer puesto a Madrid – 25,5 millones – que ha tenido una adjudicación plurianual importante, por un monto superior a 60 millones de euros, ganada por NTT Data [la antigua Everis]. En tercer lugar, el crecimiento de la inversión del País Vasco ha sido del 3,7%, muy inferior a la media nacional.
¿Cómo se explica que Cataluña, si ser la comunidad más poblada ni la más extensa, sea siempre – menos este año, por ahora – la primera del ranking?
Creo que es bastante sencillo: más allá de las capitales de provincia, Cataluña tiene un buen número de ciudades muy pobladas, con mucho funcionariado y en la que los servicios digitales se han desarrollado con fuerza.
Imagino que el cambio de modelo laboral de los funcionarios debería reflejarse como crecimiento de los servicios cloud […]
No esté tan seguro: basta con un ancho de banda suficiente basta para da conexión a los empleados públicos, no hace falta que sea una nube […] Lo dice el informe: la contratación de servicios de telecomunicaciones ha sido la que más ha crecido porcentualmente, un 38%, aunque sea la categoría con importe más bajo de las cuatro. Al mismo tiempo es la más concentrada si bien el peso relativo de Telefónica ha bajado con respecto al pasado. Ya que lo pregunta, estadísticamente, los servicios que los pliegos etiquetan como cloud no están creciendo este año: en comparación con el primer semestre de 2021, han bajado de 223,4 a 184,4 millones, un descenso del 17,4%.
¿A qué formatos se refiere cuando dice cloud?
De esos 184,4 millones, la mayor parte, 154,2 millones, han correspondido a la categoría SaaS. En realidad, el agregado IaaS más PaaS ha sido muy minoritario: sólo 30 millones de euros.
¿Significa que la noción de la nube penetra lentamente en las AAPP?
Lo importante es que penetra: hay un cambio de mentalidad que necesita acabar de asentarse. Ya vemos organismos públicos que son muy activos en la nube, de una forma híbrida, por supuesto: una parte on-premise y otra en modo cloud. Lo normal es que las cargas más críticas se queden en el CPD, mientras las aplicaciones de usuario, sobre todo si son nuevas, se van implantando con un modelo hibrido. En todo caso, nosotros las clasificamos tal como las define la licitación: si el objeto principal del contrato es un servicio cloud. Con esta premisa, es oportuno señalar que desde 2017, año en que empezamos a detectar implantaciones en la nube, se han multiplicado por cinco.
En el contexto que ha ilustrado, ¿qué cambios ha experimentado el modelo de contratación pública?
La contratación a través de compras centralizadas ha crecido con fuerza en todos los semestres que recuerdo. No podemos obviar que un acuerdo marco, dentro o fuera de catálogo, es una forma muy ágil de comprar, en la que los organismos públicos adquieren productos y servicios de una forma muy ágil. Un procedimiento abierto puede llevar un año de preparación y una compra amparada por un acuerdo marco es inmediata. En momentos de premura para cubrir las necesidades, se ha recurrido de buena gana a este tipo de herramienta. Lo que está pasando ahora es que los acuerdos marco tienden a convertirse en una nueva figura, los sistemas dinámicos de contratación. Es una figura muy similar, con la diferencia de que acepta que en cualquier momento pueda entrar un nuevo jugador con la intención de ser adjudicataria, aunque no sea el o los firmantes originales.
Bueno, la diferencia no es para tanto… si he entendido bien.
Un acuerdo marco puede ser con una empresa o con varias; se publica un pliego que exige cumplir con determinadas condiciones y, de los que se apuntan, sólo las que las cumplen quedan habilitadas para venderle a los organismos. Un sistema dinámico tiene esa misma característica, con una diferencia: cada vez que se anuncia un proyecto, al concurso pueden entrar empresas nuevas que cumplan con las especificaciones. Creo recordar que hace un par de meses se aprobó el primer sistema dinámico, destinado a la externalización de servicios de desarrollo de software.
Ha mencionado el ranking de proveedores, pero no el de los organismos con más inversiones en TIC […]
No creo que pueda sorprender que, en este semestre, en cabeza ha estado la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), cuyo foco es la gestión de los fondos MERR. Le siguen AENA y ADIF, previsiblemente. El Ayuntamiento de Madrid está coyunturalmente entre los primeros, pero hay tres mecanismos autonómicos que destacan, CTTI de Cataluña, EJIE de Euskadi y AMTEGA de Galicia.
[…] Es interesante este modelo que van adoptando las CCAA. Entre otras cosas, hace que al presentarse como una unidad son más visibles en el cómputo total.
Puede verse como una ventaja el hecho de que, aproximadamente, tienen un gasto lineal en los años sin sobresaltos como la pandemia. El número de funcionarios crece en las administraciones autonómicas y estamos viendo una cantidad de iniciativas de servicios digitales, como en educación o en sanidad que se focalizan en esos organismos. Al final, esto acaba viéndose en la secuencia de nuestros barómetros.
No quisiera acabar sin preguntar por los fondos europeos […]
Hemos hecho un análisis específico, que iremos actualizando próximamente. No podemos ignorar que España es uno de los países con más acceso a los recursos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MERR), a veces llamados Next Generation. El total de inversiones en TIC presupuestadas para este año por la Administración General del Estado asciende a 1.196,6 millones de euros, sobre un total para el período 2021-2025 de 3.974,4 millones. Por lo tanto, un 30% del total debería adjudicarse este año y esto nos permite pronosticar el crecimiento del segundo semestre: como he dicho, cerraremos el año con un total histórico, cerca de los 6.000 millones de euros.