Hubo dudas al principio: algún entusiasta había propagado la idea de que blockchain podría ser un mecanismo ´libertario` para cortocircuitar el papel de los bancos en la economía. Los bancos han llegado a la conclusión opuesta: sólo ellos pueden sacar buen partido a la tecnología de registros compartidos DLT (distributed ledgers). Para empezar, DLT suena mejor que blockchain. Guardando prudente distancia con las criptomonedas, los bandos de todo el mundo están adoptando esa tecnología subyacente, que puede darles un plus de eficiencia, a condición de ser ellos quienes estén al mando, en vez de aventureros digitales o advenedizos financieros. Se han decantado por la creación de consorcios.
Con pocos días de diferencia, en España se han anunciado dos consorcios que agrupan a la mayoría del sistema bancario. Una de estas iniciativas se conoce como Red Lyra y su núcleo duro está formado por cuatro grandes bancos – BBVA, Santander, Bankia y Sabadell – y cuatro compañías eléctricas – Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola y Cepsa – una configuración que parece sugerir una precursora orientación vertical. En la lista de miembros aparecen mezclados el ente público Correos y los despachos de abogados: Garrigues y Roca Junyent. Las puertas se abrirán para la incorporación de nuevos socios, previa aprobación del grupo fundador.
Una semana antes, el organismo Cecabank (creado por la antigua confederación española de cajas de ahorros) había presentado su propia iniciativa, con Caixabank como peso pesado acompañado de Unicaja, Ibercaja, Abanca y también – en llamativa dualidad – Bankia. «El mundo bancario vive obsesionado con recortar costes para compensar el bajo retorno de su negocio, que en otros tiempos fue floreciente; esta y no otra es la razón por la que prácticamente todos los bancos de alguna importancia están tomando iniciativas relacionadas con blockchain«, es la escueta opinión de Richard Lumb, director ejecutivo del grupo de servicios financieros de Accenture.
No podía faltar en este contexto una alusión a la regulación bancaria como presunta culpable de la reducción de márgenes. En apoyo de este discutible argumento, se cita un problema genuino, el proceso de verificación de clientes que en la jerga se conoce como KYC (know your customer) vinculado en parte al mecanismo de lucha contra el blanqueo de dinero.
Por esta razón, en el primer énfasis de sus trabajos, ambos consorcios coinciden en un punto crucial, el uso de la tecnología DLT para facilitar la identificación única del cliente. En este modelo, cada entidad miembro vendrá asociado un ´contrato inteligente`, repositorio digital en el que se guarden de modo seguro los elementos necesarios para la identificación y firma de las transacciones. La simplificación de procedimientos conduce a una conjetura: el usuario sería dueño de su propia identidad digital, lo que eventualmente le permitiría navegar por Internet sin someterse a múltiples verificaciones.
Lo real y concreto ahora es que la Red Lyra – aparentemente también el esquema de Cecabank, menos notorio – tendrá un carácter semiprivado. «Se contempla un sistema de validación de la información por capas: a una de ellas podrá acceder todo el mundo – en este sentido se dice que la red es pública – pero hay otras capas de acceso restringido, bajo control de los socios fundadores», explica Javier Ibañez, miembro de la primera junta directiva de Lyra a cargo de los asuntos legales.
En conversación con este blog, abunda Ibañez en su explicación, se vale del ejemplo de la criptomoneda más conocida: «en la red que soporta el bitcoin, todos pueden ver la información de todos; en nuestro caso no es así. Se trata de una red permisionada (sic), en la que hacen falta autorizaciones: hay nodos validadores que controlan la información, nodos supervisres que gestionan la información y luego están los nodos usuarios. Cada nivel tiene su función y su nivel de acceso a la información que se genere».
Aunque es pronto para obtener detalles sobre el funcionamiento de esta plataforma española, Alex Puig – fundador de Fintech Barcelona y quien en principio coordinará la Red Lyra – afirmó en la presentación: «queremos replicar al máximo los rasgos de una red pública siguiendo el modelo Ethereum, pero con todas las certificaciones que reclaman las grandes empresas y que satisfacen las exigencias regulatorias».
Red Lyra está diseñada como una asociación sin ánimo de lucro, en la que los socios fundadores aportan cantidades iguales de dinero. A diferencia de otras iniciativas globales – R3 o Hyperledger – de las que participan el BBVA y el Santander, una de las condiciones para participar en Red Lyra será someterse a la legislación española, de modo que los bancos y sus socios se aseguran que los proyectos no se apartan de un marco jurídico común, para su tranquilidad. Por otra parte, confirma Puig que el primer foco de trabajo será la identidad digital.
Un aspecto interesante de esta iniciativa es que los socios fundadores esperan que sea un nido de startups. Puede interpretarse como un intento de controlar el derrotero de la floración de iniciativas fintech germinadas en los últimos años, atrayéndolas a un espacio atractivo pero supervisado. Porque, en última instancia, el interés de los bancos fundadores es sumarse a una tecnología a la que no podrían dar la espalda y hacerlo a tiempo, antes de que la moda blockchain se les vaya de las manos.
Estas noticias dan ocasión para revisar algunos aspectos no resueltos que plantea la DLT. Pese a la verbalización de las promesas de un universo seguro y distribuído, libre de intermediarios, las incipientes cadenas de bloques suscitan confusión, por lo que se aconseja ir paso a paso y con espíritu de colaboración. En condiciones normales, el proceso de ordenar y ejecutar una transacción implica múltiples entidades – bancos, bancos centrales, cámaras de compensación, depositarios, brokers, inversores institucionales – y lograr un acuerdo entre todas las partes será un serio quebradero de cabeza. Será necesario que empresas y gobiernos convengan en las bases para crear sistemas compartidos, algo bastante más difícil que desarrollar la tecnología.
También hay complicaciones legales que resolver. La transparencia de una cadena de bloques, en la que cualquiera puede seguir el rastro de cada transacción en la red, puede ser un arma de doble filo. Una cualidad que casa mal con las necesidades de privacidad que son propias del sector bancario, obligado a proteger los datos de sus clientes y, además, no dispuesto a dar información a su competencia. A esto se suman los riesgos achacables a cualquier infraestructura de compra-venta: en caso de que las órdenes no se ejecuten, o se ejecuten mal, habría que fijar la responsabilidad de las partes. Pero, llegados a ese extremo, ¿cuál es la naturaleza legal de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que ´operan` la red? El hecho de que su gestión sea automática no facilita la aparición de una figura clara para la asunción de responsabilidades.
Otro aspecto por clarificar tiene que ver con una ventaja de la tecnología distribuída. En una red, se puede volcar certificaciones de documentos legales, como escrituras de propiedad, recibos por un intercambio monetario, incluso certificados de nacimiento o defunción. Pero, si acaso hubiera conflicto con un contrato ejecutado sobre una plataforma DLT, sería un engorro decidir qué legislación es aplicable. Es uno de los varios problemas que Lyra quiere resolver amparándose en la ley española, algo que puede hacer debido a su vertiente privada. Se presume que el primer proyecto, un sistema de identificación digital, sería una tarea más sencillo al estar vinculado a una sola normativa.
Las dudas que plantea la tecnología son legítimas, lo que no significa que carezca de valor real, sólo que hay que encauzar el entusiasmo. Más allá de la inflación en las criptomonedas, han nacido iniciativas empresariales para explotar las cualidades de las redes DLT. IBM y Microsoft, por ejemplo, se han apuntado: 2016 habría sido un año de experimentación, 2017 está siendo el de la adopción.
[informe de Pablo G. Bejerano]