No está siendo sencillo para analistas y cronistas valorar objetivamente la sentencia del caso Epic Games vs. Apple Inc, firmada por la jueza federal Yvonne González Reyes y publicada el 10. En sus 185 páginas hay para más de un gusto. Como se presagiaba, no decide un claro ganador, lo que lleva a pensar que será recurrida. Apple y sus acólitos se han apresurado a declarar que ha sido exculpada de ejercer prácticas monopólicas en su App Store. Legisladores de medio mundo piensan lo contrario, pero no es la única conclusión de la sentencia: en ella se estipula que Apple tiene 90 días para hallar fórmulas que permitan a los desarrolladores otras opciones de pago distintas al 30% de comisión.

No ha habido un claro ganador, pero Apple ha merecido tarjeta amarilla, mientras Epic Games se va de vacío, al no haber conseguido que Apple fuera encontrada culpable de conducta anticompetitiva. La parte demandante, queda obligada a compensar a la otra parte por el 30% de comisión sobre las ventas directas de su juego Fortnite (en su versión para iPhone) con las que quiso reforzar su posición durante el juicio. Esta sanción se ha estimado en unos 3,6 millones de dólares más intereses. Por supuesto, su combativo CEO, Tim Sweeney, ha prometido apelar la decisión judicial.

No cabe duda de que este caso puede marcar un punto de inflexión para el modelo de tienda online de aplicaciones: está pendiente otro juicio de Epic Games contra Google sobre bases parecidas. Desde el comienzo, la estrella de la película ha sido la jueza González Rogers, con sólidas credenciales en casos relativos a la envejecida legislación antitrust. A diferencia de otros juicios en los que Apple podía buscar la complacencia de los miembros del jurado, en este proceso la decisión correspondía exclusivamente a la magistrada, dueña y señora de su tribunal en Oakland (California).

Sus interrogatorios, inquisitivos y bien articulados, pusieron en apuros a Tim Cook, CEO de Apple, tan habituado a dominar con solvencia sus comparecencias ante el Capitolio. Juristas de Stanford que han analizado la sentencia interpretan que el lenguaje de la jueza parece decir que, si por ella fuera – y si la ley Sherman (antitrust) no fuera tan anacrónica, le habría caído un palo a Apple. Impresión que probablemente comparte Apple, que unos días antes de conocer oficialmente la sentencia, se adelantó a soltar lastre.

“Hay un denominador común en las prácticas de Apple que restringe sin motivos fundados la competencia y perjudica a los consumidores – escribe la jueza el Noveno Distrito de California – en particular la falta de información y transparencia en torno al efecto de sus políticas sobre la capacidad de los usuarios para encontrar alternativas más baratas y otras opciones relacionadas con su compra”. El razonamiento se completa así: “Puede que algunos consumidores aprecien ciertos beneficios en la política de Apple (ejemplos: ventanilla única de compra, centralización y acceso sencillo, mayor seguridad debida a la facturación centralizada), pero Apple les niega el derecho a decidir o bien les oculta esa información”.

Epic Games no sale bien parada de la lectura. Se dice en el texto que “la comisión fijada unilateralmente por Apple, pudo resultar aceptable en el pasado, pero en la actualidad es cuestionada por algunos usuarios y ciertos desarrolladores como una carga onerosa que infringe las leyes de la competencia […] Este tribunal no ha quedado persuadido por el argumento de brocha gorda de Epic Games, de que no debería estar obligada por determinadas cláusulas del acuerdo [firmado con Apple]”.

Como se recordará, el conflicto estalló cuando Epic Games violó aposta las reglas de la App Store actualizando Fortnite con un sistema de pagos propio. Apple procedió a excluir de la App Store esta aplicación, una de las más populares en la categoría de videojuegos, actitud que probablemente esperaba Sweeney para interponer su demanda.

Lo que pudo haber sido una confrontación entre la visión que Apple heredó de su fundador [el iPhone como dispositivo estrictamente controlado en el que el software sólo funciona dentro de un ´jardín vallado`] y el deseo – en este caso encarnado por Sweeney – de un ecosistema abierto. En todo caso más abierto que el de Android, ya que Epic Games tiene pendiente otro juicio contra Google.

Durante el juicio, cada parte se enrocó en su posición. Entre las pruebas que presentaron los abogados de Epic Games, había varios correos electrónicos de Eric Friedman, responsable de algoritmos de ingeniería antifraude, quien  lamentaba para consumo interno los fallos en el proceso de revisión de las aplicaciones, en octubre de 2013. Apple contratacó diciendo que todas las apps de su tienda son examinadas automáticamente en busca de malware y que un equipo de 500 personas revisa más de 100.000 cada semana; como resultado, un 40% de las apps son rechazadas por presentar problemas de seguridad o privacidad.

A lo largo de las sesiones en Oakland, una dicotomía impregnó los diálogos entre la jueza y las partes: cómo se justifica la cuantía de la comisión que Apple cobra a los desarrolladores. Mezclar ambos niveles parece haber sido un error táctico de la demandante. “La evidencia encontrada por este tribunal – dice la sentencia – sugiere que la tasa del 30% de comisión está inflada y es potencialmente competitiva, pero [la demanda] de Epic Games no cuestiona la cuantía sino la imposición de cualquier comisión […]”.

Otra serie de documentos internos de Apple, aportados por su rival al tribunal, revelaban dudas entre directivos de la compañía acerca de si los ingresos de la App Store deberían ser tan generosos para su cuenta de resultados. Aún vivía Steve Jobs cuando Phil Schiller, a la sazón responsable de marketing, se preguntaba si cuando la tienda cruzara los 1.000 millones de dólares de beneficio anual se podría reducir la comisión exigida a los desarrolladores. Ahora, con casi dos millones de apps, los ingresos han crecido hasta 20.000 millones, cifra que Cook negó y el propio Schiller, llamado a declarar, no desmintió ni confirmó. El año pasado, un comité del Congreso la estimaba a la baja: 17.000 millones, pero con un beneficio operativo de 12.000 millones, equivalente al 20% del total.

Esto apunta que la App Store es demasiado relevante para las cuentas de Apple, pero no resuelve la incógnita sobre el impacto económico que pueda tener la sentencia. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de esos ingresos proceden de compras de intangibles dentro de los videojuegos.

En cierto momento, la jueza sugirió una posible solución de compromiso: Apple podría renunciar a la regla que impide a los desarrolladores incluir un enlace u otra información para dirigir los usuarios a otra plataforma, donde comprar más barato un objeto digital e incorporarlo a su juego en el iPhone. Cook rechazó la idea porque equivaldría a ceder ganancias potenciales de su propiedad intelectual.

Curiosamente, cuando faltaban días para conocerse la sentencia, Apple decidió llegar a un acuerdo en dos juicios con pequeños desarrolladores quejosos por la comisión y por su dificultad para que sus apps aparezcan en las búsquedas de la App Store. En lugar de emplearse a fondo contra ellas, prefirió conciliar. A cambio de cerrar un caso que podía haber ganado de calle, permitirá a esos desarrolladores [otros se sumarían gustosos variar los precios de sus apps] les ofrece una comisión del 15% durante al menos tres años y, además, ha dotado con 100 millones para ayudar a los de poca entidad. Lo más llamativo – por su relación con el otro juicio – es que los desarrolladores podrían enviar información a los usuarios sobre la existencia de métodos de pago alternativos.

En realidad, es una concesión a medias. Para empezar, se aplicará a partir de diciembre de 2022 y sólo en el mercado estadounidense – ámbito donde la sentencia de González Rogers tiene jurisdicción – pero ignora una de las cuestiones fundamentales del pleito: el derecho potencial que asistiría a los desarrolladores de aceptar pagos de los usuarios procedentes de medios distintos a los aceptados por la App Store.

En cualquier caso, estos cambios han sido festejados como una victoria por los desarrolladores. Pero no todos serán tratados igual. En coincidencia temporal, llegaba la noticia de una investigación del regulador japonés de la competencia. Apple se ha visto forzada a acordar con el organismo que los desarrolladores podrán desplegar un enlace a sus propios sitios web para ayudar a los usuarios a gestionar sus cuentas con otras plataformas.

En la práctica, significará que Netflix, Spotify y otros servicios por suscripción podrán redirigir los usuarios para que se suscriban (y paguen) directamente, evitando pagar comisión a Apple, medida que se aplicará a las mensualidades contratadas desde una app en IoS. En este caso, los cambios serán a escala global pero tampoco verán la luz hasta el 2022.

No hay relación directa entre la sentencia sobre Epic Games vs. Apple y un proyecto de ley presentado por dos senadores de Estados Unidos – uno de cada partido – que se propone debilitar el control que tanto Apple como Google ejercen a través de sus sistemas operativos. Otra iniciativa similar de la cámara de Representantes indica que, como poco, hay un ambiente proclive a buscar las cosquillas a estas compañías.

De aprobarse tal como han sido redactados, estos proyectos de ley darían lugar a que el usuario de un iPhone pueda descargar apps desde otra tienda o instalar las que no hayan pasado por el filtro de Apple.

La situación pinta distinta para Google. Aunque con menos ruido, Epic Games la ha demandado por la retirada de Fortnite de Google Play. La demandante desveló detalles de un llamado Project Hug, un programa de Google para incentivar con cientos de millones a desarrolladores para que se queden en su tienda de aplicaciones y no las publiquen en otras plataformas.

El origen de estos incentivos tiene su explicación. Google no tiene del todo vallado su jardín, pero trata de evitar a toda costa que los fabricantes que adhieren a Android monten sus propias tiendas de aplicaciones distintas a Google Play y las instalen en sus dispositivos. Según el chivatazo de Epic Games, Google podría perder entre 1.100 y 6.000 millones de dólares el año próximo si Samsung y Amazon [quizás también un fabricante chino que no es el proscrito Huawei] siguieran ese camino, que legalmente no se les puede impedir. Una Epic Games Store, por ejemplo, le costaría a Google unos 350 millones de dólares el primer año.

Todo lo anterior tiene pinta de que los grandes beneficiarios no serán los desarrolladores perdidos en el océano de las tiendas oficiales sino los servicios de suscripción como Netflix y Spotify como otras que se sentirían liberadas para impulsar sus propios marketplaces de aplicaciones. A falta de conocer hasta dónde pueden llegar los acontecimientos, una mayor laxitud en las reglas de Apple y Google abatiría las barreras de entrada, pero sólo se verá con el paso del tiempo. `

[informe de Pablo G. Bejerano]