Las relaciones entre los operadores y los reguladores incluyen, por definición, zonas de fricción. Tienen que ser educadas, pero el papel de los segundos es fijar las reglas a las que tienen que atenerse los primeros, y a veces saltan chispas. A escala europea, se considera normal que la comisaria Neelie Kroes, responsable de la llamada Agenda Digital, tenga sus más y sus menos con los operadores “incumbentes”. Nadie sospechaba que su comedido colega Joaquín Almunia, a cargo de Competencia, desataría una agria polémica como la que la semana pasada sobresaltó a la prensa económica, a cuenta de las reuniones que han mantenido los cinco grandes operadores móviles europeos.
En una entrevista que este blog publicará el próximo sábado, el presidente-director general de France Télécom, Stéphane Richard, dijo lo siguiente: “hace un año y medio, propuse a mis colegas de Telefónica, Vodafone, Telecom Italia y Deutsche Telekom la creación de un grupo de trabajo que debía reunirse periódicamente para estudiar nuestros problemas comunes, entre otras cosas para reactivar el clima de cooperación que tuvimos cuando hicimos la norma GSM hace veinte años. Bien, se creó el grupo de trabajo, y de cada reunión se envió un acta a la Comisión Europea: vean lo que hemos discutido, esto es lo que proponemos. ¿Qué pasó al cabo de un año? Que el comisario de la competencia, su compatriota Joaquín Almunia, abrió un expediente de información por hacer algo que, en definitiva, trataba de hacer avanzar Europa”.
Los hechos se remontan a octubre de 2010. En la sede de France Télécom en Paris tuvo lugar la primera reunión del quinteto, que la prensa ha bautizado como E5 . El año pasado, Vittorio Colao, CEO de Vodafone declaró que “los reguladores tienen puesto el piloto automático”, y en el reciente Mobile World Congress, los cinco se reunieron con la comisaria Kroes para tratar el mismo asunto.
¿Cuál es ese asunto, en resumidas cuentas? Que los cinco operadores se sienten hostigados por una política comunitaria que, en nombre de la competencia y de la protección de los consumidores, recorta sus ingresos y les coloca en situación de no poder garantizar que harán las inversiones en infraestructura que la Comisión Europea pretende alentar. Para invertir – lo dice también Richard en la entrevista – es necesario que las compañías generen beneficios, y que los accionistas y los mercados de capitales se sientan estimulados a financiar las inversiones.
El argumento se apoya en números. El informe elaborado por ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) afirma que “el continuo declive de los ingresos en 2010 y 2011 confirma el carácter estructural, no coyuntural, de los cambios cíclicos que afectan al sector”. Según el informe, los ingresos cayeron un 1,4% en 2010 [275.000 millones de euros] y apuntaban otra caída del 2% en 2011, principalmente debida al retroceso del tráfico de voz. En el mismo período, las inversiones aumentaron un 2,3% y un 5%: “después de varios años de descenso, las inversiones del sector han vuelto a situarse en niveles anteriores a la crisis”.
Estas circunstancias son jurisdicción de la comisaria Kroes. El punto más delicado en esas relaciones es la trayectoria de rebaja de las tarifas de terminación de llamadas; por esto, los operadores acostumbran presentar sus resultados en una doble vertiente, con y sin impacto regulatorio, y la diferencia no es menor. A lo que se ha agregado una política que, desde Bruselas, marca como meta la eliminación a medio plazo de todo cargo por itinerancia entre operadores y países de la UE.
Por lo que se ha dicho, las reuniones del supuesto E5 no trataban de esas políticas, sino de la coordinación para hacer frente a la caída de ingresos provocada por la irrupción de servicios over-the-top cuyos ingresos se detraen de los de los operadores [el ejemplo obvio es la mensajería]. El grupo habría dedicado su tiempo a discutir cómo acelerar la generación de servicios susceptibles de recuperar ese flujo de ingresos [se ha citado como ejemplo la creación de plataformas comunes de pagos móviles]. Es aquí donde los servicios a las órdenes de Almunia entran en escena con la sospecha de que en tales reuniones pudiera haber indicios de colusión anticompetitiva. Y, comoquiera que el grupo informal pasó a manos de la organización GSMA la continuidad de esos trabajos, el comisario Almunia requirió a esta un cuestionario adicional.
Tras el cabreo de los cinco operadores, escenificado en Barcelona, la portavoz de Almunia emitió una declaración en la cual explicaba que la petición de información no prejuzga sobre el fondo del asunto, ni anticipa ningún otro paso. Esta aclaración no ha tranquilizado a la otra parte, como puede apreciarse por las declaraciones de Richard. ¿Es posible todavía encontrar un terreno de entendimiento? En teoría sí, pero más bien podría decirse que las posiciones se distancian cada vez más.