El horno no está para bollos. Tras convocar dos mesas redondas en cuatro meses, la comisaria europea Neelie Kroes habrá comprobado algo que seguramente ya sabía: las diferencias entre los actores del mercado de telecomunicaciones son abismales, por lo que es imposible un punto de vista común sobre las políticas necesarias para cumplir los objetivos centrales de la Agenda Digital Europea: garantizar acceso ADSL a todos los habitantes de la UE en 2013, y el acceso de alta velocidad (100 Mbps) al 50% de los hogares antes de 2020. En marzo, Kroes reunió a 40 directivos del sector, y forzó un compromiso para que tres de ellos elaboraran recomendaciones con ánimo de consenso.
Neelie Kroes
Así se hizo el pasado día 13, pero el consenso es más aparente que real. Los firmantes del documento son Ben Verwaayen (Alcatel-Lucent), René Obermann (Deutsche Telekom) y Jean-Bernard Lévy (Vivendi). Un casting irreprochable: Verwaayen, decano del grupo, dirige un conglomerado industrial francoamericano, pero antes fue presidente de British Telecom; Obermann representa al operador menos beligerante en estas materias; la empresa de Lévy controla el segundo operador francés, aparte de sus intereses en los contenidos multimedia (Activision, Universal Music, Canal+). La polémica viene de lejos, y los principales operadores europeos han tomado posición al respecto. Con matices, según se trate de France Télécom, del español Telefónica o del CEO de Vodafone.
Entre las once propuestas, dos son las más sustantivas. La primera: “Nuestro sector está compuesto de cuatro capas principales: acceso, transporte, creación y agregación de servicios, aplicaciones y contenidos. La competición en las capas 2 y 4 se hace mundial, y en la número 1, local por naturaleza, se concentra la intensidad de capital. Ciertos actores están presentes en una o varias capas, y otros en el conjunto de la cadena de valor. El marco de gestión y las relaciones de fuerza de facto, no deberían conducir a una situación de desequilibrio de los actores con más alta intensidad de capital que soportan la carga”. Y esta otra: “Europa debe estimular la diferenciación en materia de gestión de tráfico, para promover la innovación y los nuevos servicios, y responder a la demanda de diferentes niveles de calidad”.
La posición oficial de la Comisión Europea dice que que la inversión en redes no es suficiente – con independencia de la crisis económica sobrevenida – para alcanzar los objetivos del 2020, lo que constituye una amenaza para la competitividad europea. Y el documento responde a esa prédica tocando aspectos controvertidos: “Tenemos claro que la financiación pública, sea de la UE o de los gobiernos nacionales, sólo puede cubrir una muy pequeña parte de las inversiones requeridas [para cumplir los objetivos de banda ancha] y la mayor parte tendrá que hacerla el sector privado […] para justificarla, cada partícipe de la cadena de valor – vendedores de equipos, operadores de red, propietarios y distribuidores de contenidos – deberán contar con un retorno razonable, y tener capacidad para elegir libremente sus opciones”.
En septiembre, Kroes tiene previsto publicar dos recomendaciones, elaboradas por los servicios de la Comisión, sobre asuntos relacionados con esa discusión: el método que debe aplicarse para calcular la tarifa de acceso mayorista a las redes de los operadores, y la no discriminación entre `incumbentes´ y `nuevos entrantes´, según la jerga usual.
ETNO, el lobby que representa en Bruselas al primer grupo, subraya que los operadores tienen que encontrar nuevas fuentes de ingresos si han de construir las nuevas redes de fibra que sustituyan las actuales infraestructuras de par de cobre, y recuerda que según un estudio encargado por Kroes a McKinsey, el coste estimado de esas redes sumaría 290.000 millones de euros para toda la UE. Desde el punto de vista del grupo, la presión regulatoria para bajar los precios de ADSL crea una distorsión, que afectaría el business case de las inversiones en fibra, que han de financiarse con recursos privados.
ECTA, que actúa en nombre de los operadores alternativos, sostiene que los precios actuales de ADSL en Europa están basados en un modelo anacrónico, de cuando los operadores sustituían sus líneas de cobre regularmente, lo que ya no es el caso. Según su posición, mientras los precios se mantengan en esos niveles – una media de 8,55 euros mensuales, según estima – sus rivales históricos no desplegarán fibra mientras puedan extraer beneficio de viejas infraestructuras en las que apenas invierten.
Por otro lado, Verwaayen, Obermann y Lévy reafirman el principio, conocido como “mejor esfuerzo”, por el que los operadores se comprometen a una mejora continua de la calidad del acceso a Internet. A cambio, deberían tener libertad para desarrollar nuevos modelos de negocio, entre los que se incluye la posibilidad de cobrar a los proveedores de contenidos por los usos intensivos de ancho de banda. El punto es rechazado por Google, que se presenta como adalid de la llamada neutralidad de red. Aunque fue invitada a participar en el grupo de trabajo, no ha suscrito las conclusiones, pero no descarta mantener conversaciones directas con la Comisión. O sea que, llegado el caso, la CE tendrá que usar sus atributos legislativos…cuanto antes, mejor.