Abertis Telecom, filial del grupo de infraestructuras participado por La Caixa, ha decidido no seguir adelante con su propósito de compra de los activos de Axión y Teledifusión de Madrid, “dado que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Competencia (CND) afectan al desarrollo del proyecto industrial así como al plan de inversiones que lo acompañaba”. Los orígenes del diferendo se remontan a junio de 2008, cuando llegó a un acuerdo con la francesa TDF, principal accionista de Axión (Red de Banda Ancha de Andalucía), para comprar su 65% del gestor de centros de distribución de señales en esa comunidad, que prestan servicio portador a los canales autonómicos.
Otros socios de Axión, entre ellos Unicaja y Cajasol, dieron su consentimiento inicial y se declararon dispuestos a vender sus participaciones. En total, la transacción hubiera significado un desembolso de 140 millones de euros. Por otro lado, unos meses antes, se había producido otro acuerdo, para la adquisición del 80% de Teledifusión de Madrid, que presta los mismos servicios en la Comunidad que preside Esperanza Aguirre, por un importe muy inferior, 3,6 millones de euros. Ambas operaciones recibieron la aprobación preceptiva de la CMT, cuya competencia es el régimen del mercado mayorista del servicio portador de señales de televisión, pero faltaba el requisito de la Comisión de la Competencia, que en mayo puso condiciones adicionales, justificadas por el fin de evitar la creación de una posición dominante. El comprador ha considerado que esas condiciones no son asumibles, y en consecuencia ha retirado ambas ofertas.
Las cosas se torcieron en algún momento, ya que la CNC tenía abierto un procedimiento por la denuncia de Axión contra Abertis Telecom, presentada antes del acuerdo alcanzado entre las partes. En ese procedimiento, separado de la evaluación del contrato con los accionistas del ente andaluz, la Comisión aplicó a Abertis Telecom una multa de 22,8 millones de euros, la tercera mayor cuantía impuesta hasta ahora por el organismo, teniendo en cuenta “la especial gravedad” de las prácticas anticompetitivas y el hecho de que se produjeran en un mercado de reciente liberalización.
Además de la elevada sanción pecuniaria por una denuncia anterior, que el comprador entendía subsanada de facto, se imponía a Abertis Telecom la obligación de reconocer a los operadores de televisión el derecho a cancelar por anticipado sus contratos de servicio, pactados en 2008 por un plazo de ocho años. Según la tesis de la CNC, este plazo sería excesivo, “con el efecto de impedir la posible acción comercial de nuevos competidores y su entrada en el mercado”.
Tras recibir la notificación de la CNC, los directivos de Abertis Telecom – que es también transportista de señales de la TDT y primer accionista de la operadora de satélites Eutelsat y a través de esta de Hispasat – consideró inicialmente la posibilidad de recurrir, pero finalmente decidió retirar su oferta por las dos empresas, que ahora se encuentran frente a un destino incierto. Tal vez no sea esta la estación terminal de tan complicado trayecto.