Cuentan que Margrethe Vestager adorna su despacho de Bruselas con una bien visible mano de cerámica con el dedo medio extendido [gesto que en España llamamos ´una peineta`] obsequio de los sindicatos de su país al dejar el ministerio de Economía de Dinamarca. Cuentan que Tim Cook, CEO de Apple, visitó en enero el despacho de Vestager, ahora comisaria europea a cargo de la cartera de Competencia, y salió muy contrariado por la inflexibilidad de su anfitriona. Cuentan también que en sus varios encuentros, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew no ha logrado que la comisaria cediera en su determinación. Se veía venir, pues.
Lo que se veía venir era que, después de dos años de acumular expedientes y enviar avisos para navegantes, Vestager propondría al fin una severa sanción a Google por (presuntamente) contravenir la legislación antitrust. Pero esa multa millonaria no ha venido todavía. De momento, es el turno de Apple a propósito de sus prácticas de ingeniería fiscal. Y no se trata de una multa sino de exigir a un país miembro que reclame el pago de una factura impagada. O sea:
1) Se reprocha a Apple haberse concertado con el gobierno de Irlanda en 1991 para recibir un tratamiento tributario preferencial, a cambio del compromiso de mantener una sede y unos 5.000 empleos en la isla. El acuerdo, objetado en su día por otros países miembros de la UE, fue enmendado en 2007, pero en lo sustancial la preferencia ha continuado.
2) Se pretende que el gobierno irlandés recupere 13.000 millones de euros en concepto de impuestos no tributados desde 2003, que la Comisión Europea califica como ayudas públicas, ilegales según sus normas. Anteriormente, se aplicó el mismo criterio para recuperar tributos no pagados por la italiana Fiat y la alemana Basf, entre otras.
Que las empresas estadounidenses tienen costumbre de montar estructuras destinadas a reducir su carga fiscal en Europa es de sobra conocido. Apple, dista de ser una excepción. En España, por ejemplo, el patrimonio de su filial Apple Marketing Iberia era en 2014 – según el Registro Mercantil – de 38,6 millones de euros, y el 90% de esa cifra consistía en créditos en favor de la sociedad irlandesa Apple Operations Europe (AOE). Según la misma fuente, los 20 millones declarados de beneficio tributaron impuestos de 2,9 millones de euros. La mayor parte de las ventas en España se facturan desde Irlanda, y el resto a través de la filial Apple Retail, que gestiona las tiendas de la marca en España, en teoría una comisionista de AOE.
La investigación de los servicios a las órdenes de Vestager concluye que Irlanda deberá exigir a Apple que pague lo que se ahorró gracias a un tratamiento selectivo que le da ventaja sobre otras sujetas a las reglas nacionales de los estados miembros, y por tanto constituye un agravio de Irlanda a sus socios.
Es seguro que el gobierno de Dublin recurrirá la orden de Bruselas, aduciendo que se trata de una intromisión que podría desestabilizar su economía, plagada de acuerdos similares. El tiro puede salir por cualquier parte: la declaración de Vestager contiene un párrafo que invita a otros países a verificar si su recaudación se ha visto mermada como efecto del acuerdo entre Irlanda y Apple: «pueden usar nuestros datos y pueden consultar nuestro razonamiento».
El subterfugio usado por Apple – y aceptado por los sucesivos gobiernos irlandeses, partidarios del dumping fiscal – consiste en que tanto AOE como Apple Sales International (ASI) atribuyen la mayor parte de sus ganancias a un artefacto de papel, bautizado como head office, que no tiene sede conocida ni empleados pero sirve para escamotear la factura tributaria. Sólo una fracción de esos beneficios son imponibles en Irlanda. En consecuencia – según los investigadores – en 2011 ASI ganó 16.000 millones de euros, sobre los que pagó 50 millones al fisco dublinés, una tasa efectiva del 0,05%. Por cada millón de beneficios, 500 euros de impuestos.
Bien sabemos que todo asunto tributario tiene su busilis. Las sociedades de Apple involucradas están legalmente registradas (incorporated) en Irlanda, pero no son residentes fiscales en el país. Una discusión sobre su estatus que invita a entrar en las arenas movedizas del derecho mercantil comparado.
Indirectamente, este caso actúa como recordatorio de que Apple mantiene fuera de Estados Unidos un tesoro estimado en algo más de 200.000 millones de dólares, que se niega a repatriar para evitarse la cuantiosa factura del gobierno federal. Una nota marginal del informe anual 2015 indicaba una tesorería exterior de 187.000 millones de dólares y estimaba que si tuviera que tributar por repatriarla, el coste fiscal se elevaría a unos 30.000 millones, correlativos a 91.500 millones de beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos. El CFO de Apple, Luca Maestri, advirtió en enero de que si las autoridades no relajan su política, podrían crearse situaciones enojosas con los países donde se encuentran esos fondos.
Veamos. La cifra de 13.000 millones de euros se ha calculado sobre los beneficios obtenidos durante diez años. Aunque el acuerdo irlandés se remonta a 1991, el plazo corre desde 2003 porque la primera advertencia de la CE a Irlanda (y a Apple como parte involucrada) se hizo en 2013, cuando el comisario a cargo de Competencia era Joaquín Almunia.
La reacción de Apple, perfectamente previsible, sostiene que la cuestión en juego no es cómo paga la compañía sus impuestos – «siempre conforme a la ley», por supuesto – sino qué gobierno recauda esos impuestos. Advierte que la decisión de Bruselas tendrá «un efecto profundo y dañino sobre las inversiones y la creación de empleos en Europa».
Esta postura de Apple, apoyada desde Washington, está siendo jaleada por los lobbies de la industria, que han conjurado el fantasma de un grave contencioso fiscal entre Estados Unidos y la UE. Según The Wall Street Journal, el departamento del Tesoro elaboró recientemente un white paper en el que se sugiere que las investigaciones europeas «podrían ser vistas como una cruzada contra las empresas estadounidenses», y así alentarían a los críticos de la globalización.
Ahí nos quedamos. Pero es probable que el próximo paso de la comisaria Vestager sea llevar a término otra investigación relativa a un privilegio fiscal. Según documentos que el IRS (la agencia tributaria de Estados Unidos) presentó en una demanda contra Amazon en Seattle, la empresa fundada por Jeff Bezos utilizó una de las numerosas sociedades de su laberinto, Amazon Europe Holdings, domiciliada en Luxemburgo, para dotarla de activos intangibles. ¿Con qué fin? Para convertirla en recaudadora de sus negocios en Europa: cada rama comercial de Amazon en la UE le paga un canon por el uso de esos activos, y los ingresos van directamente al enclave fiscal luxemburgués, donde tributan como máximo el 1%. Es resultado – según la demanda del IRS – de un pacto sellado en 2003 entre la compañía y el primer ministro de Luxemburgo. A la sazón, un tal Jean Claude Juncker.