Acabaré con mi comentario de ayer acerca del debate sobre la neutralidad de la red. A menos que se produzca una reversión de la sentencia judicial, los proveedores de banda ancha en Estados Unidos quedarían libres de llegar a acuerdos con los grandes proveedores de servicios de Internet – no hace falta redundar en la lista – para que estos paguen precios diferenciales por difundir sus contenidos a través de las redes de aquellos.
Unos dirán que así se discriminaría a los pequeños, que no tienen la escala ni los recursos para competir con (añádase aquí la lista de ayer) y de tal manera se bloquearía la innovación, palabra fetiche que se invoca en estos casos. Los del otro bando dirán que esas prácticas corresponden a una estricta lógica de mercado: que pague más quien más ancho de banda consuma para llegar a los consumidores, y así se podrá financiar la otra innovación, no menos necesaria, en la provisión de infraestructuras. Entre estas dos posiciones se moverá la discusión en Washington. ¿Llegará a Bruselas? Ya ha llegado, a la manera europea: el principio de neutralidad de red está incluído en una propuesta que la Comisión ha enviado a su Parlamento, que quizá no podría aprobarla a tiempo antes de las elecciones de mayo.
¿Cuál es la situación? La comisaria Neelie Kroes, teórica defensora de la neutralidad de red, escribía en su blog en setiembre: «no soy partidaria de intervenir en mercados competitivos sin antes estar segura de que es la única manera de ayudar tanto a los consumidores como a las compañías. Preferentemente a ambas partes». Encomiable propósito, que la ha llevado a pedir información a los reguladores nacionales.
Ya está en su poder, la suficiente información para afirmar que «al menos el 20%, y potencialmente la mitad de los usuarios europeos de banda ancha tienen contratos que autorizan a sus proveedores (ISP) a restringir servicios VoIP (Skype) o P2P. Uno de cada cinco operadores fijos en los estados de la Unión aplican restricciones al volumen de tráfico en horas punta [… ] Al mismo tiempo, «la mayoría, si no todos, los ISP ofrecen servicios de acceso fijo y móvil a Internet que no están sujetos a esas restricciones». Este sí que es un rasgo europeo: el consumo de banda ancha es más de móviles que de líneas fijas.
Recomiendo leer a la señora Kroes por su capacidad para decir una cosa y la contraria: «Poner un techo cuantitativo a los datos es preferible a una vaga cláusula de ´uso razonable` [palabra usada por la FCC en su norma anulada] que deja demasiado margen discrecional al ISP […] El usuario tiene derecho a saber si lo que se le ofrece es champán o vino espumoso».
En realidad, el debate en Europa se concentra más bien en una cuestión adyacente, que sigue sobre la mesa de la Comisión en esta última fase de un mandato calamitoso: cómo incentivar la inversión en infraestructuras de banda ancha, asegurando que los ISP puedan aplicar precios que cubran sus costes, incluídos los financieros, y a la vez no dar cancha a una competición «no razonable» por parte de otros actores que son más poderosos – compárese el valor bursátil de cualquier OTT con el de cualquier operador europeo – pero no se hacen cargo de la inversión. O eso dice la otra parte. Espero haber ayudado a entender un poco de qué va eso en apariencia tan deseable como es la neutralidad de las redes, y por qué nos afecta aunque parezca un asunto americano.