Disculpen si hoy me extiendo, pero creo que el asunto lo justifica. Nunca antes, que yo recuerde, un movimiento del regulador de las telecomunicaciones en España había provocado tal encono entre los actores del sector. La antigua CMT y su sucesora, la CNMC, nos tenían acostumbrados a decisiones que podrían parecer rutinarias, cuya finalidad era corregir disfunciones del mercado o de la competencia: para eso están los reguladores. Es normal que a los regulados les gusten más o menos esas decisiones, según impacten sobre su negocio, pero es un juego que todos conocen. Telefónica, operador dominante o ´incumbente`, siempre ha tenido claro que muchas decisiones del regulador tendrían como resultado una pérdida de peso en el mercado, y sus competidores también han tenido claro que debían azuzar y explotar cada contradicción entre las actuaciones de Telefónica y la regulación.
Vale, voy al grano. La actual controversia sobre la regulación del mercado de banda ancha por fibra [los mercados 4 y 5 de banda ancha, en la nomenclatura oficial] ha introducido un clima de tensión que no recuerdo de antes. Mucho ha contribuido la inaudita moción del grupo parlamentario del PP instando a la CNMC a retractarse de la propuesta de regulación de esos mercados antes de que finalice, el próximo día 23, el plazo de alegaciones en la preceptiva consulta pública. Extraña actitud por parte de los mismos que concibieron y votaron la creación de la CNMC como órgano independiente.
Para los lectores no familiarizados con las peripecias de las telecos, resumo de qué se trata. El origen se encuentra en la transformación del mercado de banda ancha – móvil y fija, residencial y empresarial – desde que Telefónica lanzó sus servicios Movistar Fusión. Los dos competidores principales tuvieron que reaccionar: primero acordando desplegar una infraestructura de uso conjunto, y luego adquiriendo Ono y Jazztel para mejor competir con el ´incumbente`. De manera que Fusión no sólo ha significado una cuantiosa inversión por parte de Telefónica sino que ha acelerado las inversiones de sus rivales.
Pero esta nueva situación tiene que ser regulada. La CNMC ha planteado una propuesta que, entre otros aspectos, supone introducir una oferta mayorista de fibra (VULA) que Telefónica debería poner a disposición de aquellos operadores que quisieran usar su infraestructura pagando un precio regulado [la cuantía sería la clave, pero no ha llegado aún esa fase]. La propuesta excluye – es decir, liberaliza – nueve grandes municipios, entre ellos Madrid y Barcelona, en los que se entiende que hay suficiente competencia.
Cabe en lo posible que, para bajar la temperatura ambiente, en los próximos días la CNMC amplíe (a doce o más) el número de municipios en los que no se aplicaría la VULA, así como incorporar ajustes en ciertos puntos de la propuesta. Dependiendo de la magnitud de los ajustes, tal vez podría extenderse el periodo de consulta pública, con lo que una decisión final del consejo no llegaría hasta bien entrada la primavera. Ocurre que para entonces, la futura normativa se habría cruzado por el camino con otra decisión polémica, la concentración de la TV de pago en virtud de la compra de DTS (Digital +) por Telefónica, otro de los asuntos de confrontación entre los tres operadores.
Con el texto actual, las posiciones están claras. Vodafone y Orange manifiestan que el documento «es un paso en la buena dirección» aunque matizan que «es insuficiente en algunos aspectos». Por su parte, Telefónica no ha tomado posición pública, pero ha expresado su disgusto difundiendo a los medios documentos internos muy críticos con la CNMC. Incluso ha sugerido como inevitable – si se aprobara la propuesta tal cual – la necesidad de recortar sus planes de despliegue de fibra en 2015, de los 5,5 millones de hogares previstos a 3,6 millones, con lo que no alcanzaría a tiempo el objetivo de 15 millones de hogares que se había trazado.
No puedo extenderme aquí sobre un asunto tan complejo, pero sí adelantar tres impresiones personales: 1) el contencioso español acabará decidiéndose en Bruselas, no en Madrid; 2) ha habido un exceso de dramatización por ambos bloques y 3) Vodafone y Orange han tratado de mezclar en la misma batea otro asunto que, si bien está en la agenda de la CNMC, es de distinta naturaleza jurídica y económica, la compra de DTS por Telefónica.
Hasta hace poco, los mismos operadores que en España se enfrentan a cara de perro [yo también dramatizo, ya ven] iban a Bruselas con un punto de vista común: reclamar flexibilidad ante la consolidación entre operadores, que sería un incentivo para financiar las inversiones en redes de nueva generación. Ese frente se ha roto, aunque finalmente cualquier decisión que tome la CE estará fundamentada en el fomento de la inversión, criterio que en el ánimo de los reguladores ha desplazado al obsesivo argumento de protección del consumidor.
¿Qué se puede esperar de la CE? Depende, claro, de la resolución que le envíe la CNMC, pero en cualquier caso primará el contexto europeo, que a su vez quedará influido por el precedente español. Podría dar la razón a Telefónica en la tesis de que si se la obliga a compartir su infraestuctura de fibra, vería amenazada la rentabilidad de sus inversiones por lo que tendría que reducirlas o postergarlas. O, el otro extremo, podría dar la razón a los competidores, que se dicen convencidos de que el despliegue de múltiples infraestructuras carecería de justificación económica y, por tanto, aspiran a compartir la infraestructura del ´incumbente` allí donde no tengan la suya propia, y hacerlo en condiciones que les permitan prestar servicios competitivos y rentables. Queda mucho por escribir sobre el tema.