Uno de los medios mejor informadas de Washington, el semanario Politico, adelanta que Donald Trump tiene lista para firmar una orden ejecutiva presidencial que formalizaría la prohibición – hasta ahora de facto – de importar a Estados Unidos productos de Huawei, eventualmente extensible a otras empresas tecnológicas chinas. Seguiría así el consejo de una de las facciones que pujan por influir en sus decisiones: los partidarios de la proscripción de Huawei como escarmiento para que China se doblegue en la guerra económica (de momento, sólo arancelaria). Y desoiría el parecer de los ´blandos` que llevan el peso de las negociaciones durante la tregua pactada con Xi Jinping hasta el 1 de marzo.
Ren Zhenfeng
Politico advierte que el errático humor presidencial podría cambiar de la noche a la mañana. Supone que alguna influencia positiva podría tener la buena recepción bursátil de un tuit [cosas veredes, Sancho] en el que Trump insinuaba un nuevo encuentro con Xi. La mayoría de las empresas estadounidenses temen que el enfrentamiento con China avive una nueva recesión.
En todo caso, la prohibición tendría poco efecto sobre la presencia de Huawei en el mercado de Estados Unidos. Los cuatro operadores a escala nacional jamás se atreverían a desafiar una instrucción gubernamental que cuenta con apoyo amplio en el Congreso. Sólo algunos operadores de alcance local siguen usando equipos de este suministrador.
Pero tendría un alto impacto internacional. Se infiere que una de las consecuencias sería “politizar” el Mobile World Congress que se abrirá el 25 de febrero, forzando a gobiernos y operadores europeos a tomar partido. De hecho, la GSMA ha convocado para esa semana en Barcelona una cumbre de operadores con un punto único en la agenda: qué línea seguir en relación con Huawei.
Por tanto, se está al borde de provocar una distorsión en el advenimiento de la próxima generación de telefonía. La secuencia de acontecimientos no es propicia al optimismo ni favorece el calendario de despliegues de redes 5G, verdadero núcleo de los ataques a Huawei.
Tal vez la empresa no calculó la virulencia que iban a alcanzar las acusaciones en su contra. Inicialmente, el fundador de la compañía, Ren Zhenfeng, intentó serenar el ambiente recomendando a sus empleados que evitaran toda réplica intempestiva. Esa sigue siendo la actitud oficial, pero algunos directivos ya se atreven a recordar que, a diferencia de lo ocurrido con la NSA y Facebook, no se ha demostrado que Huawei espíe a los ciudadanos o haga uso abusivo de los datos de sus usuarios.
Estados Unidos está en campaña. Primer paso: persuadir a los gobiernos afines para que veten los equipos de Huawei en sus países. Lo ha conseguido con varios importantes: en agosto, Australia, en noviembre Nueva Zelanda, en diciembre, Japón legisló para excluir a Huawei de todo contrato con el gobierno y, por motivos previsibles Taiwán ha cerrado las puertas a Huawei.
El próximo paso es sembrar cizaña en Europa. El principal problema es que no se ha presentado la “pistola humeante” que incrimine a Huawei de participar en actividades de espionaje. O bien las pruebas no existen, o no pueden publicarse sin desvelar los procedimiento empleados para hallarlas.
Por consiguiente, los acusadores invierten la carga de la prueba: toca a la compañía demostrar que es inocente. En lugar de basarse en incidencias verificables, los gobiernos son invitados a tomar medidas basadas en una convicción política: el régimen chino aplica una concepción muy suya de la seguridad nacional que le permite controlar a las corporaciones a través de las estructuras del Partido Comunista. Y las empresas como Huawei están legalmente obligadas a servir al estado.
Otro discurso es que el respaldo gubernamental ha sido determinante para que las empresas chinas puedan rivalizar con las occidentales en ciertas áreas tecnológicas avanzadas. Criterio agravado, si cabe, porque muchas de esas tecnologías son de doble uso y, por tanto, involucran a la seguridad nacional.
Vistas desde China, estas objeciones serían pruebas tangibles de que la guerra ´comercial´ no es más que un componente de la política exterior estadounidense, que busca paralizar el desarrollo chino. Tal como están las cosas, es poco plausible pensar que Pekín se muestre más amistoso si ese gesto puede interpretarse como una concesión a la presión de Trump. Es igualmente improbable que Huawei contemple la posibilidad de frenar sus planes bajo amenaza.
A la administración Trump le falta poco para embarcar en su actitud a Canadá y Reino Unido, los otros dos miembros de la alianza de espionaje conocida como Five Eyes. El gobierno de Ottawa dice estar analizando las acusaciones, pero los operadores Telus y BCE sostienen que si se le obligara a cancelar contratos con Huawei, el coste sería de al menos 1.000 millones de dólares.
Reino Unido está en primer plano por varias razones. Todos los operadores británicos usan equipos de Huawei en sus redes 4G y prevén su participación en pruebas de acceso radio 5G, pero son menos categóricos en cuanto al core de sus redes. BT muestra una actitud dual: anuncia que sigue confiando en Huawei para sus pruebas de acceso 5G y a la vez promete sustituir el software que Huawei instaló en el core de la red 4G de EE, que adquirió en 2014.
Vodafone, con una larga historia de colaboración con Huawei, se ha pronunciado por boca de su CEO, Nick Read: “lo que echamos en falta es que alguien ponga sobre la mesa hechos reales, no sospechas”. Read ha sido el primer CEO del sector en avisar del impacto financiero que tendría un veto contra Huawei. Este operador ha empezado a ´pausar` – ojo: no reemplazar – el papel de los equipos de Huawei en su red core en varias de sus filiales, entre ellas la española. “Seguiremos usando radio de Huawei en 5G […] pero si llegáramos a la conclusión objetiva de que debemos excluir por completo a este suministrador, nos llevaría por lo menos dos años de trabajo y un considerable coste financiero”.
La pelota está ahora en el tejado europeo. La cuota de Huawei en Europa Occidental es del 35% [a escala global es del 28%] y Vincent Peng, que dirige las operaciones europeas de la compañía, defendía en entrevista con el Financial Times que “Europa occidental es el mercado más abierto y transparente en el que operamos; históricamente, siempre ha habido sintonía entre sus necesidades y nuestras capacidades”.
Entre todos los operadores europeos, Deutsche Telekom es, junto con Vodafone, el mayor cliente de Huawei. Construyó su red 4G con apoyo de esta, actualmente está probando sus equipos 5G y, más aún, la cloud pública del operador alemán ha sido desarrollada con tecnología de Huawei. Por consiguiente, desterrarla de sus redes y datacenter tendría un coste incalculable.
El gobierno de Angela Merkel, de tiempo atrás alarmado por las inversiones de capital chino en firmas alemanas de tecnología, resiste las presiones de Washington: según el semanario Der Spiegel, sus servicios de inteligencia no han hallado pruebas de que Huawei forme parte de un esquema de espionaje chino. Berlín apoya la idea de Deutsche Telekom de que la infraestructura de red sea verificada por un órgano independiente.
No es una idea descabellada. Al fin y al cabo, es lo que ocurre en Reino Unido, donde Huawei financia el HCSEC, cuya gestión comparte con el organismo nacional de ciberseguridad NSCC. Como consecuencia del último informe anual de supervisión, emitido en julio del año pasado, Huawei se ha comprometido a aportar 2.000 millones de libras en los próximos cinco años a los laboratorios del HCSEC. Tal vez inspire una salida airosa para los gobiernos y operadores europeos que no quieran actuar según el diktat de la Casa Blanca.