El mandato de Didier Lombard como presidente de France Télécom no expirará hasta 2011, cuando alcance el límite de edad estatutario. Como suele ocurrir, los vientos de la política soplan fuerte sobre una empresa en la que el Estado francés ejerce una tutela de facto gracias a su condición de primer accionista. Según informa la prensa francesa – y se regodea la británica, habituada a machacar con sorna todo lo francés – Lombard tenía un candidato in pectore para sucederle, con lo que se prometía un final de mandato tranquilo. Era demasiado suponer que Nicolas Sarkozy no tendría algo que decir al respecto. Pero el hiperactivo presidente de la República Francesa tenía otros planes.
Los consejeros del Elíseo han filtrado a la prensa el nombre del sucesor al frente de la compañía: será Stéphane Richard, funcionario de carrera – como Lombard, por cierto – y actual jefe de gabinete de la ministra de Economía. El episodio prolonga una discutible (pero no exclusiva) tradición de promoción desde la función pública a la empresa: sólo una vez llegó al timón de France Télécom alguien procedente del sector privado, Thierry Breton, pero tiempo después haría el camino inverso, llegando a ser ministro de Economía de Jacques Chirac. ¿Qué se ha hecho de Breton? Actualmente preside Atos Origin.
Hay ahora mismo otros movimientos de fondo. Se acerca la adjudicación de una cuarta licencia de telefonía móvil, con la que se quiere inyectar dosis de competencia a un mercado que se reparten tres empresas, la primera de las cuales es France Télécom/Orange, con el 44% de los abonados. Es el momento elegido por Lombard para sacar pecho, advirtiendo al gobierno que el nuevo competidor debería pagar por la licencia el mismo precio que pagaron los actuales operadores. En su defecto, el Estado debería reembolsar a estos la diferencia para nivelar el terreno de juego.
En 2001, France Télécom y el grupo Vivendi/SFR pagaron 4.950 millones de euros cada uno por sus licencias; tiempo después, se adjudicó una tercera a Bouygues – para entonces ya había estallado la burbuja – por 620 millones de euros, y a los adjudicatarios anteriores se les aplicó la correspondiente rebaja. Es el antecedente que se invoca ahora, cuando el precio de partida de la cuarta licencia se ha fijado en 240 millones.
Puede que todos jueguen de farol, pero Orange como SFR (con participación de Vodafone) dicen estar dispuestos a recurrir ante la Comisión Europea por lo que considerarían “una ayuda encubierta” que distorsionaría la competencia. Bouygues no ha dicho nada, pero ya se sabe que su propietario, el constructor Martin Bouygues, es amigo íntimo de Sarkozy. Si acaso la queja prosperara, el Estado francés podría ingresar con una mano 240 millones y desembolsar con la otra unos 1.000 millones. Lo más extraño en esta historia sería la pirueta de Lombard, puesto en la tesitura de denunciar nada menos que a su primer accionista.