Cuentan que Tim Cook se ha defendido bien en su comparecencia – voluntaria – ante un comité del senado de Estados Unidos. Ante las abrumadoras evidencias del informe previo sobre las prácticas tributarias de la compañía, ha salido del paso con una postura delicada de sostener: como no iba a negar que Apple aplica desde hace décadas un esquema que le ha permitido ahorrarse miles de millones en impuestos, lo atribuyó al éxito de sus productos en los mercados internacionales. De hecho, nadie le ha acusado de ilegalidad, pero será difícil convencer a la opinión pública de que es tan moral como legal
¿Opinión pública, he dicho? Personalmente, dudo mucho de que a los compradores de un iPhone les importe un pimiento dónde van a parar los tributos incluídos en el precio (preferirían que no hubiera impuestos o mejor, que los móviles cayeran del cielo). El esquema de ingeniería fiscal se puede simplificar así: los ingresos de Apple tienen básicamente dos destinos: California, por sus ventas en Estados Unidos, e Irlanda por lo que concierne a sus ventas en el resto del mundo. En EEUU paga rigurosamente lo que le corresponde (en principio, 35% de impuesto de sociedades, sin considerar desgravaciones), mientras en Irlanda es igualmente rigurosa, con la diferencia de que la isla celta es un limbo fiscal, en el que el coste tributario ha sido igual a cero entre 2009 y 2012, período en el que la sociedad instrumental Apple Operations International – tan instrumental que no tiene ni un empleado – facturó unos 30.000 millones de dólares. Dinero que permanece anclado fuera de Estados Unidos, para evitar el tributo obligado por su repatriación.
O sea que el asunto va mucho más allá del éxito de sus productos. Los críticos de Apple y de esta forma de proceder, tan común en las multinacionales, sostienen la necesidad de cambiar un sistema que les parece abusivo. Algunas multinacionales reclaman una moratoria que les permita repatriar activos sin pagar el tributo vigente, otras – entre ellas Apple – piden una reforma en profundidad; Tim Cook se ha mantenido impávido en que Apple paga hasta el último céntimo que le corresponde según la ley. La cuestión es ¿a qué ley atenerse?
En la práctica, Apple ha quedado atrapada – su ostentación no ayuda, por cierto – en medio de una batalla política entre dos corrientes doctrinarias. Una, formada por los republicanos ultraliberales y del Tea Party – que tratan de resarcirse en el Capitolio de la derrota de Romney – para quienes todo obedece a la voracidad fiscal del estado, que debería reducir drásticamente su déficit y su deuda recortando gastos (sociales, de preferencia) y rebajando impuestos. Esto – según ellos – permitiría crear muchos miles de empleos. La posición opuesta, en la que se alinean tanto demócratas como republicanos moderados, recuerda que cuando George W. Bush aplicó una suerte de amnistía fiscal con argumentos similares, actuó como incentivo para desplazar producción y empleos fuera de Estados Unidos. Esta discusión, como es evidente, tiene largo recorrido, y tendrá repercusiones en Europa.